Los problemas relacionados con el acceso al espectro radioeléctrico y el decreto sobre seguridad cibernética no son el único enfoque que el país debe considerar en materia de los atrasos para implementar la tecnología móvil de quinta generación (5G).
Andrés Oviedo, Gerente de Asuntos Regulatorios e Interconexión de la empresa Claro, resaltó que los aspectos vinculados con el espectro radioeléctrico son solo la mitad de los desafíos. «El acceso a las redes, la infraestructura es lo más relevante, y en este país tenemos un serio problema de escasa infraestructura, de postes con capacidad limitada, este es un tema que se debe resolver», manifestó.
Oviedo hizo sus declaraciones en la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, que lo convocó como parte del proceso de investigación sobre los atrasos en el desarrollo de la tecnología 5G en el país, y posibles costos y consecuencias por el decreto 441986-MSP-MICITT en esta coyuntura.
Este decreto estableció obligaciones para el desarrollo de 5G en Costa Rica, fijando como parámetro para ciberseguridad que las empresas que ofrezcan servicios deben provenir de países que se hayan adherido al convenio de Budapest. Esto deja por fuera las compañías de países como China, Brasil y Corea, por razones más vinculadas a la geopolítica (presiones de Estados Unidos para dejar por fuera competidores del mercado de telecomunicaciones) que técnicas.
Oviedo fue convocado como representante de Claro, empresa con 12 años de operar en Costa Rica y uno de los operadores interesados en ofrecer servicios de 5G. En ese sentido, el gerente indicó que cuentan con un permiso experimental que les permite ofrecer servicios de 5G desde abril de este año en 40 nodos, pero advirtió que expira este 31 de diciembre.
Como una empresa que es parte de América Móvil, Claro es integrante del operador más grande de América Latina, con operaciones en 25 países. En ese sentido, Oviedo indicó que el grupo tiene presencia en varios países que ya cuentan con despliegues de 5G, pero que el caso de Costa Rica, ha sido complicado, porque el proceso que arrancó desde el 2019 no se ha concretado.
Sin embargo, al ser consultado sobre si el Convenio de Budapest es utilizado como parámetro de seguridad en otros países, alegó que desconocía esta situación en particular.
Oviedo también especificó que el desarrollo de 5G no se trata de un asunto que beneficiará principalmente a los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones. «Generalmente , a partir de la evolución de las tecnologías 2G, 3G y 4G, muchos de estos beneficios se vieron en dispositivos y terminales, como descargas más rápidas de videos. Pero la tecnología 5G, si bien va a tener incidencia en los usuarios finales, su mayor enfoque y potencial será en el sector industrial, de ahí la importancia de que como país tomemos una decisión y tratemos de implementarla».
El gerente prefirió no realizar estimaciones del efecto de estos atrasos, pero insistió en que el país está perdiendo oportunidades, y que deben tomarse acciones para permitir su implementación.
Por su parte, los diputados de la comisión realizaron consultas que apuntan al pulso político en esta materia, con legisladores opositores cuestionando el fundamento del decreto del Gobierno de Rodrigo Chaves, y el oficialismo tratando de justificarlo. En ese sentido, el oficialista Daniel Vargas preguntó a Oviedo si el decreto era la única razón del atraso para la implementación de 5G, a lo que Oviedo respondió que era uno de varios factores, pero que había otros, e insistió en la necesidad de enfocarse en el punto de la infraestructura. Sin embargo, esas declaraciones no generaron repercusiones en la comisión.
