La gerente general de la Caja Costarricense del Seguro Social, Maria de los Ángeles Gutiérrez, pretende regresar a su cargo a la cabeza de la Dirección de proyección en Servicios de Salud, desde donde emitió el cuestionado informe que justificó un millonario contrato para cuatro cooperativas y una asociación .
La funcionaria, hoy imputada y separada de su cargo a causa justamente de una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sobre las aparentes irregularidades en ese proceso, ocupó dicho cargo meses atrás y aunque el departamento no tenía competencia en el área, emitió un “análisis técnico-cuantitativo” que apuntaba como mejor opción el contrato que benefició a Coopesalud, Coopesain, Coopesana, Coopesiba y Asemeco (Hospital Clínica Bíblica).
Gutiérrez fue desplazada del cargo por Marco David Fallas Rodríguez, quien ganó un concurso de recursos humanos para ocupar en propiedad la plaza correspondiente al cargo de director de sede de la mencionada dirección
No obstante, Gutiérez presentó una serie de recursos de apelación sobre las resoluciones y decisiones administrativas que llevaron al nombramiento de Fallas.
Los primeros dos recursos fueron resueltos dándole parcialmente la razón y finalmente, ayer 10 de octubre -según documentos que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados compartió con UNIVERSIDAD- el gerente Alexander Sánchez resolvió que existe un “error procesal” en el trámite de uno de los recursos de revocatoria persentados por Gutiérrez, lo que según él obliga a retrotraer el proceso de concurso por la mencionada plaza.
En respuesta a la resolución de Sánchez y con el fin de poder ejercer sus derechos de petición y respuesta, Fallas solicitó copia fiel de todo el expediente del concurso y pidió que hasta que se entregue el mismo se suspenda el plazo para la presentación de recursos y se suspenda todo acto administrativo hasta que se agote la vía administrativa de apelaciones sobre la resolucion.
Una vez que se tenga en firme el citado documento, deberán repetirse partes del proceso y la funcionaria podría regresar al puesto que ejercía cuando cometió los actos que ahora la han convertido en imputada ante un tribunal penal.
Cabe detallar que como parte de la investigación del caso, conocido como “barreador”, a Fiscalía ha detallado que se presume que quienes ocuparon cargos en la Junta Directiva de la institución cuando se tomaron las decisiones y otros altos funcionarios, actuaron en favor de las empresas y cooperativas para contratarles con sobreprecios incurriendo así en los aparentes delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Desde el 23 de setiembre la FAPTA ha encartado al menos a trece personas entre las que se encuentran la gerenta general; la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel y siete directivos más, que fueron detenidos y algunos, posteriormente, separados de sus cargos. No obstante, Gutiérrez fue nombrada como gerenta general de la entidad tras su detención y la de Esquivel, que la nombró.
