Familiares de Calixto Chaves, uno de los principales financistas del presidente Rodrigo Chaves, son los dueños de Logística de Granos, que es una accionista de la concesionaria de puerto Caldera, confirmó el gerente general de la Sociedad Portuaria de Caldera, Ricardo Ospina, ante los diputados de la comisión legislativa para Puntarenas.
Convocado para referirse a la situación de las terminales portuarias de Caldera, Ospina informó a los diputados que la Sociedad Portuaria de Caldera tiene dos accionistas costarricenses, personas jurídicas que tienen el 40% de las acciones; una compañía colombiana que tiene el 9% y un socio controlador chileno, el grupo Quiñenco, con un 51% de las acciones.
E diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó si el empresario Calixto Chaves o sus familiares tenían alguna participación en las empresas. Ospina indicó que Chaves no, pero su esposa Rosa Lydia del Socorro Zamora y sus hijos José Pablo Chaves y Mónica Chaves son los dueños de Logística de Granos, accionista de la concesionaria. Además, José Pablo Chaves es miembro de la Junta Directiva.
El diputado Nicolás resalto que Chaves es “un amigo personal y uno de los principales financistas del presidente Rodrigo Chaves”, mientras que el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, pidió referencias sobre posibles reuniones entre los representantes de la concesionaria y el presidente Rodrigo Chaves para ampliar la concesión.
La concesión empezó a funcionar en el 2006 y se extiende hasta el 2026, pero hay problemas con la infraestructura, al punto de que el mismo Ospina declaró que aunque no hay un colapso en las operaciones, si se presenta en las instalaciones.
Ospina también declaró que la concesionaria presentó alertas sobre el incremento que se presentaba en los volúmenes de carga desde el 2016, y que presentaron una propuesta para enfrentar la creciente demanda de espacios para atender las operaciones en el 2018, pero que fue desestimada. En lugar de ello, el Gobierno decidió realizar un plan maestro en el 2019 y posteriormente, apostar por una licitación internacional.
El debate se presenta en la posibilidad de alargar el contrato de concesión en tanto se realiza esa licitación, que Ospina aseguró, difícilmente estará antes del 2030. También negó que la Sociedad Portuaria haya sido la que impulsa la idea de extender la concesión y realizar “obras paliativas” por alrededor de $40 millones.
En este punto, el diputado Ariel Robles del Frente Amplio cuestionó si habían negociado con el gobierno estos temas, lo que Ospina negó. Aseguró que la propuesta de obras paliativas surgió de cámaras empresariales, y que se mencionó la posibilidad de que en lugar de aumentar tarifas o procurar inversión pública, se extendiera la concesión. “Se habla al aire de cinco años, de un costo de $40 millones, pero eso no lo hicimos nosotros”, dijo.
Sin embargo, ante consultas de Robles y Nicolás, reconoció que se realizaron reuniones con autoridades de las cámaras y con la presencia del ministro de Transportes Luis Amador en el Hotel Intercontinental, en las que se trataron los aspectos de las obras paliativos.
