Karla Vargas (nombre ficticio para guardar la confidencialidad de su identidad) tiene un salario de ¢750.000 y recibe una pensión de ¢375.000 porque su esposo falleció años atrás. Ella es el sostén de su hogar y no tiene que pagar impuesto sobre la Renta de sus ingresos, pues ninguno de los dos llegaba al mínimo vital establecido por la ley.
Adriana Méndez (también con nombre ficticio) tiene un trabajo de tiempo parcial en el cual recibe ¢625.000 y como no es suficiente para solventar sus gastos familiares, brinda asesorías de servicios contables, de los cuales presenta declaración de Renta todos los años, pero que no son tan significativos para pagar grandes sumas por el impuesto.
De aprobarse la propuesta del Gobierno de Rodrigo Chaves de englobar todos los ingresos de una persona física para el pago del impuesto sobre la Renta, en su estrategia “Hacienda en Acción”, es muy probable que sí se vean en la obligación de pagarle al fisco por sus ingresos. En ambos casos, fueron enfáticas en que el dinero que reciben apenas les alcanza para salir adelante con sus familias.
Esto coincide con el criterio de especialistas en Economía, diputados de partidos políticos como el Frente Amplio, Liberación Nacional y Liberal Progresista, entre otros, de que este cambio es un golpe directo a la clase media del país, que tiene posibilidades de obtener rentas adicionales por el ejercicio de servicios profesionales, ventas, alquileres o que reciben dividendos por algún tipo de inversión que tengan.
La semana pasada el gobierno presentó esta estrategia, amparada en cinco proyectos, que incluyeron la unificación de todos ingresos que reciba una persona física para calcular el pago del impuesto sobre la Renta con tramos que van del 10% al 30%, es decir, se suman salarios, pensiones, ingresos por actividades económicas, a la vez se impone un 15% de impuesto para quienes reciban rentas pasivas.
Asimismo, se gravaría a todas las empresas o personas jurídicas por igual con un 30% de Renta y se les cobraría a las personas físicas que estén domiciliadas en otros países y que reciban rentas de fuentes costarricenses, entre otros temas.
Los cambios para algunos…
De acuerdo con Leiner Vargas, economista y catedrático de la Universidad Nacional (UNA), en algunos rangos se incrementa sustantivamente la tasa efectiva del impuesto, lo cual genera un efecto de mayor cobro de impuestos, porque cambia la base impositiva.
“Vemos que esto afecta particularmente a las personas que tienen ingresos de forma independiente, que podrían tener actividades mixtas, como salario, consultorías, rentas, inversiones o actividades como alquileres, acciones de una cooperativa u otras. Yo diría que es un impuesto que cambia y afecta sustantivamente a la clase media que no cuenta con mecanismos de elusión fiscal, que sí tienen las grandes corporaciones y los grandes empresarios.”, detalló el especialista.
Por su parte, el economista Welmer Ramos indicó que este proyecto de Renta está calibrado para recaudar más impuestos en las personas físicas y en las micro y las pequeñas empresas, ambos van a soportar todo el peso de un aumento del monto de los tributos. “Mientras que se rebaja la carga a las personas jurídicas de tamaño grande, lo que concentrará más la distribución del ingreso”.
En las rentas de carácter personal sí va a tener un efecto negativo para los asalariados, porque alguien que tiene un trabajo dependiente remunerado y aparte otro tipo de ingreso probablemente va a aumentar la tarifa del impuesto.
Así lo consideró el economista y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Carlos Olivares, quien añadió que “siempre debemos preguntarnos cuál es el costo de un cambio en la política pública, y el costo parece que recae sobre las empresas de medianas para abajo y sobre las personas, cuando el mundo avanza en otra perspectiva, la reforma parece recaer sobre las clases medias”.
En este sentido, la propuesta inicial del gobierno planteaba que se establecía el ingreso mínimo vital en ₡10.104.000 (₡842.000 sumados por 12 meses), pese a que la tabla vigente para este 2023 establece un monto de ₡941.000, lo que les valió una lluvia de críticas por modificar la escala de salarios.
El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró el pasado 22 de mayo que el cálculo se debió a un error al realizar los escenarios y que habían utilizado la escala de salarios exentos del año pasado. Aunque la escala del año pasado partía de los ¢863.000 mensuales, por lo que la explicación sigue dejando dudas.
En todo caso, con esta rectificación se salvaron de pagar la renta un total de 50.000 personas ocupadas en el empleo principal (asalariados e independientes) quienes tuvieron ingresos mensuales que rondaron los ₡842.000 a ₡942.000 para el primer trimestre 2023, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
¿Ahorrar en asociaciones o cooperativas?
Ramos agregó que, en la actualidad, una persona física que recibe un salario, el excedente de una asociación solidarista y de una cooperativa de ahorros, o que posea un certificado de depósito a plazos, no tiene que llenar una declaración tributaria, pues los impuestos de esos ingresos se pagan en la fuente, la cual los retiene y los pasa al fisco.
En este sentido, el proyecto de ley contempla un tratamiento de impuestos mayores sobre los ingresos distintos del trabajo y le obligaría a la persona que los recibe a sumarlos todos y aplicar las deducciones de manera conjunta, mediante una declaración personal de ingresos ante el fisco.
Además, en la ley vigente los excedentes de las solidaristas y cooperativas empiezan en una base de cero, luego pagan 5%, 7%, 8% y 10% de forma proporcional al monto que recibe la persona física.
“El proyecto propone un solo porcentaje impositivo del 15%. Lo que evidentemente implica una tributación mayor por parte de las personas. Esto es, a todas luces, una complicación para cientos de miles de ciudadanos que tendrán que vérselas de manera trimestral con la tributación y enfrentar sanciones importantes si se atrasan en la declaración o cometen errores en su confección”, dijo Ramos.
Por su parte, el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, hizo la salvedad de que es necesario hacer un análisis exhaustivo de los tramos salariales gravables y determinar si las personas que entran en la categoría de Renta realmente corresponden a clase media, o si más bien se dirige hacia gente que tenga un nivel de clase media más alta.
“Hay que revisar lo que dicen los créditos fiscales (deducciones) que serán los que dicten finalmente el neto a pagar. Pero sí hay que tener claridad que con la aclaración sobre el mínimo vital ya queda por fuera el 85% de los asalariados del país, a menos que tengan otros ingresos”, concluyó Rodríguez.
