Las cogeneradores privados meten presión al Gobierno con visitas a Casa Presidencial para que se formule un proyecto que les autorice la exportación de energía a Centroamérica en momentos en que el ICE rechaza renovar cuatro contratos vencidos, pues no necesita comprar su energía durante todo el año, sino parcialmente.
La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, ha dicho que no renovará en las condiciones anteriores aquellos contratos que se vayan venciendo para compra de electricidad amparada en legislación vigente y en el hecho de que la demanda del país está cubierta.
Por eso, el director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), Mario Alvarado, responde ante consultas de UNIVERSIDAD que “debido a la angustiante situación de las plantas desconectadas, a nivel de Acope creemos importante seguir dándole la primera alternativa de compra al ICE, solicitando la recontratación de estas plantas”.
“En caso de que el ICE no pueda contratarlas, o solo pueda hacerlo parcialmente, es fundamental que se habiliten las posibilidades para utilizarla y evitar el cierre de las operaciones”, agregó.
Acope tocó las puertas de la oficina del ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier. Ambos confirmaron a UNIVERSIDAD que se han reunido para abordar el tema desde el año pasado (ver nota aparte).
El 2 de febrero el ministro de Comunicación, Agustín Castro, anunció que el Gobierno elabora un proyecto de ley para habilitar la exportación de energía de plantas privadas al mercado eléctrico regional y que la propuesta se dará a conocer en las próximas semanas.
Entre tanto, otra de las voces del sector privado, Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), manifestó que “no sería razonable que haya energía renovable que no se pueda aprovechar en el país o en la región; proponemos que los dejen trabajar” (…) “lo que ocupan es seguridad jurídica para que puedan desarrollar su trabajo, en favor del usuario final de la energía, a nivel local o regional”.
“Más que ayudar al sector de generación privada, el Gobierno lo que ha indicado es que presentará un proyecto de ley para que este gremio pueda exportar su electricidad, como cualquier otro bien o servicio del sector privado”.
La compra de energía está regulada por la Ley 7.200 de 1990 y sus reformas, que indican que el ICE no está obligado a comprar los excedentes que tenga el productor. Por eso no existe el deber de renovar o suscribir nuevos contratos con las plantas una vez que terminan los vigentes.
También establece que el ICE es el único comprador de la energía que producen los cogeneradores privados, tanto dentro como fuera del país y el único autorizado para exportar directamente al Mercado Eléctrico Regional (MER).
Según declaró Irene Cañas en una comparecencia en la Asamblea Legislativa en el 2018, en el 2013 el ICE destinó el 12% de sus recursos a comprar electricidad a generadores privados y en el 2018 esa cifra alcanzó un 34%.
ICE: La demanda está cubierta
Según declaraciones de la Gerencia de Electricidad del ICE a UNIVERSIDAD, “el principal motivo de la no renovación radica en que la demanda nacional de energía está cubierta”. A esto se suma que, debido a la pandemia, la demanda nacional anual cayó cerca de 3% en 2020 y es una afectación “que tendrá impacto en los próximos años”.
El ICE indicó que el país tiene la suficiente capacidad instalada para cubrir las necesidades de abastecimiento nacional al menos durante los próximos cinco años. Por ejemplo, para 2019 dicha capacidad sumó 3.537 megavatios con las cinco fuentes renovables y el respaldo térmico, y la demanda de ese año tuvo como máximo 1.737 megavatios.
Osvaldo Durán, sociólogo, académico del TEC y ecologista de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), tiene décadas de externar esta crítica.
“La electricidad privada, lo hemos dicho por más de 30 años, es absolutamente innecesaria para la sociedad costarricense y los datos que hemos dado se comprueban ahora mismo. Si yo mido la generación de electricidad el 8 de febrero del 2021 a las 7 p.m. la demanda máxima fue de 1.618 megavatios frente a una capacidad instalada de 3.617 megavatios. En este momento Costa Rica tiene un excedente relativo de 1.999 megavatios”, precisó Durán.
“ Irene Cañas tuvo la valentía y el coraje de hacer lo que desde hace mucho tiempo debió haberse hecho, que es no renovar los contratos de los generadores privados”, dijo Durán.
¿Una eventual reforma a la ley?
Según el ICE, la decisión de no renovar los contratos se tomó con base en un informe de la Contraloría (DFOE-AE-IF-00009-2019) que establece que la institución debe justificar las compras de energía a los generadores privados.
“Luego del estudio respectivo, el Instituto determinó la cantidad máxima de energía requerida y trató de llegar a acuerdos con las empresas, lo cual no fue posible antes del vencimiento de los contratos”, detalla el documento.
UNIVERSIDAD consultó al Ministerio de Ambiente (Minae), como ente rector del sector, si avala una eventual reforma al reglamento del capítulo 1 de la Ley 7.200 para hacer recontrataciones en términos flexibles. Mediante su oficina de prensa se respondió:
“Todo reglamento es susceptible de mejora como sucede con cualquier instrumento de política pública. Es importante indicar que este reglamento fue diseñado pensando únicamente en contratos de plantas nuevas, no en contratos de plantas ya existentes. Por tanto, es recomendable revisarlo para tener mayor seguridad jurídica. No obstante, la compra de energía está en función de las necesidades del SEN o las tarifas según la época del año y al momento de despacho”.
Para el Minae “es razonable el uso de bandas de precios, debido a que la energía tiene un valor diferente a lo largo del año y del día”.
“En algunas temporadas las fuentes de energía que se usan en el país producen exceso de oferta, por ejemplo, en la época lluviosa el precio tiende a bajar. Caso contrario sucede en la época seca, cuando no se tiene tanto recurso hídrico y la capacidad de las plantas para producir energía disminuye drásticamente, debido a que cerca del 70 % de la energía de este país depende de la cantidad de agua disponible”, detalló el Minae.
El ICE destinó el 12% de sus recursos a comprar electricidad a generadores privados en el 2013 y en el 2018 esa cifra alcanzó un 34%. (Foto: Irene Cañas).
Demanda y tarifas en mercado regional
Según detalló el ICE, la compra de energía que hace la institución en el Mercado Eléctrico Regional (MER) debe ser menor al costo de producción de la Planta Térmica Garabito (la planta de respaldo más económica del país). El costo de producción de esta planta promedio en 2020 fue de 14 centavos de dólar por kilovatio/hora.
En ese período, la energía eléctrica en el MER costó menos que a nivel nacional. Según datos del ICE, costó 7,56 centavos de dólar por kilovatio/hora; para hidroeléctrico privado 13 centavos de dólar y para eólico privado 6,7 centavos de dólar. En la época seca de 2020, la tarifa vigente en el país fue 16,79 centavos de dólar para hidroeléctricas y 9,32 centavos de dólar para eólicas.
Consultado acerca de si existe demanda en el mercado eléctrico regional, como para que las plantas eléctricas privadas del país puedan vender a otros países, Carlos Montenegro, de la CICR, respondió que “el mercado regional es muy competitivo y existe posibilidad de que la energía se coloque si tiene precios competitivos”.
“Los generadores privados nacionales han dicho, ante los medios, que tienen precios bajos, lo cual podría darles algunas posibilidades en ese mercado. Además existe capacidad, en la transmisión regional, de colocar más energía hacia el norte de Centroamérica, por los refuerzos logrados en el lado nicaragüense”, añadió Montenegro.
Acope insistió en que “las plantas actualmente desconectadas producen energía limpia y barata y que estas empresas privadas formales generan energía renovable y competitiva, contribuyen con empleo en las zonas rurales, con impuestos a la hacienda pública, con cargas sociales, desarrollo local, y disminuyen la huella de carbono desde hace varias décadas.
Sin embargo, Osvaldo Durán argumentó que la “energía hidroeléctrica no es energía limpia y los impactos negativos de la generación privada de la electricidad con decenas de proyectos durante décadas han sido nefastas y destructivas para los ecosistemas y las comunidades de Costa Rica”.
Ministro Garnier intercede en conflicto entre generadores privados y el ICE
“El Gobierno, a través del ICE y el Minae continúan analizando opciones legales que permitan a estas empresas exportar”, dijo el ministro André Garnier.
Tanto Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), como el ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, confirmaron a UNIVERSIDAD que han sostenido reuniones para atender las demandas del sector de empresas privadas generadoras de electricidad.
Alvarado confirmó que se habían reunido con Garnier y explicó lo que le habían solicitado.
“Así es. Como Acope nos reunimos con el Ministro André Garnier, en su función de enlace con el sector privado. Al igual que como lo expresamos en nuestra carta al Presidente, al ministro Garnier le hemos manifestado nuestra preocupación por el grave problema que atenta contra el desarrollo del sector privado de producción de energía renovable”.
“No ha habido ningún planteamiento desde mi despacho. Los planteamientos han provenido de Acope, en las reuniones ya indicadas con el ICE, Aresep, Minae y mi despacho”, André Garnier.
El directivo señaló que le solicitaron la recontratación de las cuatro empresas cuyos contratos vencieron en 2020 y no fueron renovados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“En caso de que el ICE no pueda contratarlas, o solo pueda hacerlo parcialmente, es fundamental que se habiliten las posibilidades para utilizar la energía eléctrica que pueden producir y evitar el cierre de las operaciones”, dijo Alvarado.
“Sin ser exclusivas, las alternativas son las siguientes: que las otras distribuidoras eléctricas puedan comprar la energía, que se habilite la opción para que las plantas puedan hacer autoconsumo de su energía en lugares distintos al de generación mediante el respectivo pago de peajes, que se habilite el autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos o producción de hidrógeno o actividad electro intensiva, y que si no se le puede sacar provecho a esa energía en Costa Rica, se habilite la opción de exportarla o que el ICE se convierta en intermediario de esa energía y genere ingresos adicionales para sí mismo”, añadió.
Alvarado indicó que le plantearon lo anterior para que, en conjunto con el sector institucional, traten de buscar soluciones a este problema. “Lo mismo le hemos comentado a las autoridades del Minae, el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Se le consultó qué propuso la Acope que se incluya en el proyecto de ley, a lo que respondió:
“En nuestra carta al Presidente hemos expresado una serie de aspectos que permitirían colocar energía de las plantas actualmente desconectadas. Sin embargo, y por respeto al Gobierno y al plazo que ellos han propuesto, no hemos indicado contenidos específicos de este proyecto de ley. En Acope estamos muy interesados en revisar y trabajar en el proyecto que presente el Gobierno sobre este tema”.
Por su parte, el ministro Garnier envió las siguientes respuestas por escrito a las consultas de este medio:
¿Cuál ha sido su participación en este caso?
—Como Ministro de Enlace con el Sector Privado, he participado en diferentes reuniones donde los representantes de Acope han hecho sus planteamientos a los representantes del ICE, Minae y Aresep”.
¿Se ha reunido con representantes de Acope para abordar este tema? Si es así, ¿qué le han planteado?
—Sí. Como Ministro de Enlace con el Sector Privado, he acompañado al ICE, Minae y Aresep en reuniones con Acope, donde han planteado sus peticiones, tales como la posibilidad de exportar, habilitar el autoconsumo, venta a otras distribuidoras, entre otras”.
¿Qué se ha planteado desde su despacho a las autoridades del ICE?
—No ha habido ningún planteamiento desde mi despacho. Los planteamientos han provenido de Acope en las reuniones ya indicadas con el ICE, Aresep, Minae y mi despacho”.
Según el ICE los cuatro contratos que no tuvieron continuidad se originaron en su mayoría en la década de 1990 y las inversiones de los productores han sido cubiertas. El ICE explicó que estos contratos ya fueron renovados en al menos una ocasión y que ahora no es posible justificar técnica ni financieramente una contratación en las mismas condiciones con el marco regulatorio vigente. ¿Cuál es su reacción sobre este argumento?
—Se debe procurar que los precios a los que compra el ICE, y regula Aresep, sean los más competitivos posibles, sin que respondan a ninguna estructura de costos individual, con el propósito de darle a los usuarios las mejores tarifas posibles, independientemente de quién sea el productor”.
¿Qué se considera que es viable incluir en el proyecto de ley al día de hoy?
—El Gobierno, a través del ICE y el Minae, continúa analizando opciones legales que permitan a estas empresas exportar”.
