Las empresas generadoras privadas de electricidad quieren que el proyecto de ley en el que trabaja el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) les permita vender energía eléctrica directamente a las distribuidoras en el territorio nacional; exportar la energía que el Grupo ICE no les compre; y que los productores eólicos y de biomasa puedan vender directo a las distribuidoras y cooperativas en el país.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD Salomón Lechtman, presidente de la Asociación Costarricense de Productores de Energía.
Sin embargo, el Grupo ICE declaró que ni la Administración Superior del ICE ni la Gerencia de Electricidad apoyan ningún proyecto de ley orientado a cambiar el modelo eléctrico nacional y sus reglas de mercado y señaló que el Minae aclaró públicamente que el proyecto de ley en el que trabajan “no tiene alcance para la venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional”.
El pasado 6 de mayo, un medio de comunicación nacional publicó declaraciones del presidente Carlos Alvarado, anunciando que el borrador de la propuesta para modificar la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, número 7.200, para que los generadores privados puedan vender su electricidad a la región o de forma directa estaría listo esa semana y que el viceministro de Energía Rolando Castro trabajaba en el borrador del proyecto de ley.
Sin embargo, esto aún no se ha materializado.
Lo solicitado por Acope
“Estamos enterados que el Minae está elaborando una propuesta que permitiría a los generadores privados exportar energía a través del ICE, como lo comentó el señor Presidente. Esto lleva más de tres meses de trabajo que no se ha concretado”, dijo Lechtman.
Según refirió Lechtman, “como Acope creemos en la necesidad de resolver la delicada situación del sector energético privado, que sigue operando bajo la amenaza de nuevos cierres de plantas, ya que el ICE no está renovando contratos”.
“La idea es buscar opciones que nos permitan seguir operando bajo alguna de las vías legales que hemos sugerido. Una reforma al Reglamento de la Ley 30.065, que permitiría a productores eólicos y de biomasa vender directo a las distribuidoras y cooperativas. La aprobación del expediente 21.606 para exportar la energía que el ICE no nos compre. Y la reforma a la Ley 8723 (Concesión de fuerza hidráulica para generación eléctrica) y Reforma al artículo 6 de la Ley 8345 (que habilite a las distribuidoras a comprar energía de los generadores privados). Con estas reformas se podría vender energía eléctrica a las distribuidoras directamente y ayudarles para ofrecer tarifas más competitivas a los clientes finales”, precisó.
“Desde Acope seguiremos de cerca los anuncios que eventualmente haga el Minae y esperamos que contribuyan a evitar nuevas desconexiones de plantas, las cuales traen pérdida de empleos (todos en zonas rurales donde las fuentes de trabajo son escasas) y menos recaudación fiscal para los municipios locales y el Gobierno Central”, agregó Lechtman.
Este medio consultó al Minae en qué etapa se encuentra la elaboración del proyecto de ley, solicitó detalles sobre el mismo y solicitó una entrevista con el viceministro de Energía Rolando Castro; sin embargo, no se obtuvo respuesta antes del cierre para esta publicación.
Sindicato cuestiona iniciativa
Por otra parte, la Asociación Sindical de Trabajadores de Telecomunicaciones, Electricidad y Afines (Anttea), informó que las autoridades del ICE enviaron un comunicado institucional afirmando lo siguientes:
“El Minae está valorando un proyecto de ley que podría permitir que los generadores privados con contratos vencidos y no renovados, puedan exportar sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional (MER), por su propia cuenta y riesgo. Tal y como aclaró ese ministerio, esta eventual iniciativa legislativa; no tiene alcance para la venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional”.
Anttea criticó que las autoridades del ICE están “alineadas” “con la iniciativa de ley desarrollada desde el Poder Ejecutivo, que promueve esfuerzos para que los generadores privados hagan su negocio en el MER o en el supuesto “Mercado Eléctrico Nacional” a costa de una millonaria pérdida de ingresos para el ICE”.
También señalaron que “hasta hoy no hemos atestiguado ni un solo pronunciamiento de parte de la Administración Superior del ICE en defensa del Modelo Eléctrico Solidario y de la competencia que la Ley le otorga al ICE tanto como responsable de satisfacer la demanda eléctrica nacional, como único agente de parte de Costa Rica en el Mercado Eléctrico Regional”.
Ante consulta de este medio, el Grupo ICE declaró que “ni la Administración Superior del ICE ni la Gerencia de Electricidad apoyan o preparan ningún proyecto de ley orientado a cambiar el modelo eléctrico nacional y sus reglas de mercado”.
“El Minae informó que está valorando un proyecto de ley que podría permitir que generadores privados, con contratos vencidos y no renovados, puedan exportar sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional (MER), por su propia cuenta y riesgo. Tal y como lo explicó ese Ministerio, mediante una aclaración pública, esta eventual iniciativa legislativa no tiene alcance para la venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional”, respondió la institución mediante su oficina de prensa.
“La Administración Superior del ICE reafirma su defensa y su compromiso con el actual modelo eléctrico nacional y con los intereses del Instituto, por ser una empresa pública solidaria e indispensable para el desarrollo del país”, agregaron.
Mientras, en su comunicado de prensa, Anttea afirmó que “la electricidad es un servicio público, no una simple mercancía”.
“Para ello mediante la Ley 449, el Estado delegó en el ICE, la responsabilidad de satisfacer la demanda nacional de este servicio público, y a través de leyes posteriores se ha permitido la participación de particulares sometidos a requisitos, regulaciones y restricciones con el objetivo de salvaguardar el interés público y esto trasciende cuando la electricidad que se produce en suelo costarricense sea comercializada fuera de las fronteras, es decir en el MER”.
Criticaron “el confuso discurso del MINAE”, “avalado por los mismos sectores empresariales que desde hace décadas hacen uso de su influencia en los círculos políticos para variar las reglas y los actores del modelo eléctrico solidario, impulsando acciones que beneficien el interés privado sobre el interés público que representa el beneficio a la mayoría del pueblo costarricense”.
