Los generadores privados de electricidad, las industrias, el Gobierno y los grandes consumidores de energía abogan por la aprobación del proyecto de ley que privatiza el servicio de electricidad, argumentando que necesitan precios más competitivos —tarifas más bajas— y que para eso se requiere la apertura de un mercado eléctrico millonario, que hoy administra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El ICE, como operador del sistema y del mercado, administra un mercado nacional eléctrico que representó ₡542.470.721.366,73 (aproximadamente $839,2 millones) en el 2022, según el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del ICE. Esto incluye transacciones por generación, importación, ventas mayoristas y cargo de peaje.
Pero el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) le quita la planificación del sector al ICE y la traslada al Ministerio de Ambiente (Minae). Además, crea un Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), como institución autónoma encargada de operar el sistema eléctrico y planificar los recursos de generación y transmisión de la energía —que actualmente realiza el ICE—.
La junta directiva del Ecosen tendrá siete miembros: el jerarca del Minae, el presidente del ICE, un representante de las distribuidoras y cooperativas de electrificación rural, uno de los generadores privados, uno del sector industrial y grandes consumidores de energía, uno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y uno de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
El proyecto ha encendido las alarmas de diversos sectores de la sociedad; pero en las últimas semanas el Gobierno acelera su avance en la Asamblea Legislativa.
La competitividad del ICE
La Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) mantiene su posición de que la reforma es necesaria para “aumentar la competitividad, reducir los precios y mejorar la transparencia”.
Mientras que la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce) sostiene que la reforma impulsará “precios competitivos de la electricidad” con mecanismos que garanticen que la generación eléctrica se adjudique a los proveedores que ofrezcan el kilovatio por hora más económico. Según declaraciones del presidente de Acograce, Julio Carmiol, a la revista Energía Estratégica en febrero, esto fomentará una competencia sana en el mercado energético y beneficiaría a todos los consumidores.
Sin embargo, datos del CENCE de 2022 —los más recientes disponibles— muestran que el ICE inyecta electricidad al mercado a 5,6 centavos de dólar por kilovatio hora; los generadores privados a 8,5 centavos de dólar, las cooperativas y distribuidoras a 10,2 centavos de dólar, y la importación a 12 centavos de dólar.
“Como usted verá, el ICE es muy competitivo en el mercado mayorista; pero la generación privada se vuelve más cara”, dijo el ingeniero eléctrico Jorge Blanco Roldán, especialista en sistemas de potencia, en sector energético y en regulación del sector eléctrico.
Blanco explicó que, como las tarifas que pagan por electricidad a los generadores privados son muy altas, “es muy apetecible para los generadores privados estar en un mercado mayorista y vender su energía en ese mercado abierto”.
Por otro lado, quienes apoyan el proyecto señalan que la industria requiere “tarifas de electricidad más competitivas” —más bajas—; pero los propios datos del ICE muestran que el Instituto les ofrece las tarifas más económicas de la región (Ver “Industrias aseguran que necesitan tarifas de electricidad aún más bajas que las del ICE, que son las más económicas de la región”).
Usuarios de empresas municipales y cooperativas
Uno de los cuestionamientos más importantes al proyecto tiene que ver con el aumento en las tarifas de electricidad para la mayoría de la población; es decir, usuarios de los sectores residencial, comercial y de servicios.
La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) advirtió que la reforma aumentará la factura eléctrica de la mayoría de usuarios de las empresas municipales de electricidad y cooperativas de electrificación rural.
¿Por qué? Porque el proyecto crea un mercado mayorista a donde podrán ir a comprar electricidad y a firmar contratos no sólo las distribuidoras, como es hoy en día, sino también los grandes consumidores, como las grandes empresas, que actualmente le compran al ICE y que ahora podrán firmar un contrato directo con una planta de generación privada.
De acuerdo con Rubén Zamora, asesor legal de la Cedet, eso tiene dos efectos: primero, esas empresas le dejan de comprar al ICE, y eso implica una disminución de los ingresos de la institución; y segundo, que el ICE pierde ingresos por compra de energía barata a generadores privados y los costos fijos que tiene se trasladarán al resto de clientes.
Rebajos tarifarios por el CVG
Otro punto que influirá en el precio de las tarifas tiene que ver con el Costo Variable de Generación (CVG), una metodología que reconoce los gastos del ICE en compra de combustible para encender las plantas térmicas y los gastos en importaciones de electricidad del Mercado Eléctrico Regional (MER), para atender la demanda nacional. A esto se le resta el monto de las exportaciones de electricidad y de esta forma se aplica el ajuste a las tarifas eléctricas.
Como expresa la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén: “En la segunda mitad del año, cuando llueve mucho y al ICE le sobra electricidad y la exporta, vemos que hay rebajos tarifarios normalmente porque esa exportación se convierte en un rebajo tarifario automático”.
Actualmente solo el ICE puede exportar electricidad al MER; pero el artículo 38 del texto habilita como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del MER a las empresas privadas de generación de electricidad.
“Si el que exporta es el privado, ese rebajo ya no va a ocurrir porque ya no se devuelve vía tarifa, sino que se convierte en lucro del generador privado, por lo tanto, va a haber un aumento neto anual porque las reducciones del segundo semestre no van a ocurrir”, señaló Guillén.
De igual forma, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás alega que el proyecto es parte de una lucha para “quebrar al ICE”, y que la institución es objeto de “una cacería de parte de un grupo que lo quiere destruir”.
Un tercer punto vinculado a las tarifas tiene que ver con las obligaciones que se imponen al ICE. El artículo 46 señala que el ICE puede firmar contratos de venta de energía excedente con las empresas distribuidoras, pero que “el resto de sus excedentes deben ser ofertados al Mercado Eléctrico Nacional”.
Zsuzsanna Campos Tomcsanyi, secretaria de actas del Sindicato de Profesionales del Grupo ICE (Siproceice), apuntó que “le están cerrando al ICE la posibilidad de vender afuera, tiene que vender dentro del mercado; como solo puede vender adentro y si no vende se desperdicia, no va a tener esos excedentes que le permitan bajar la tarifa”.
Además, como el servicio de comercialización ahora es privado, según el proyecto de ley, yo no veo que la Aresep pueda llegar y decirles a los generadores privados: ‘como ustedes vendieron sus excedentes afuera, ahora me bajan el precio’; la empresa puede dejarse eso como utilidades”, dijo Campos.
Argumentos de la CICR y Acope
Ante consulta de UNIVERSIDAD, Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), uno de los grupos que más impulsa el proyecto, expuso sus argumentos de cómo bajarán las tarifas.
Según Capón, un 60% de la tarifa eléctrica corresponde al sistema de generación. El proyecto plantea que todo nuevo proyecto de generación pase un filtro de competencia vía subastas. “Esto implica que toda inversión que se adhiera al sistema sea el más competitivo en términos de costo y, por ende, se logre bajar el precio medio de la generación, repercutiendo así en menores tarifas”, dijo. También mencionó que, si hay más oferta en proyectos de generación, “la probabilidad de tener precios bajos aumenta”.
Asimismo, afirmó que el operador de mercado (Ecosen) deberá realizar el despacho económico y que “la energía transada se colocará en el mercado iniciando con los kilovatios hora (KWh) más baratos a los más caros”. “En ese sentido, bajarían las tarifas para todos los usuarios finales, incluido el sector residencial”.
Mario Alvarado, director ejecutivo de Acope, ratificó que actualmente más del 80% de la generación se ha realizado sin pasar por procesos competitivos de selección, debido a la ausencia de un análisis de conveniencia y oportunidad de los proyectos eléctricos a nivel de planificación. Por eso, sostiene que como el proyecto abre la competencia en los segmentos de generación y comercialización, se lograrán tarifas eléctricas más bajas.
Pero, para Jorge Blanco, el proyecto de ley es “bastante nocivo para el país”. “¿Quién me asegura que con ese proyecto los precios de la energía van a bajar? Todos los que hablan a favor del proyecto hablan de las bondades del mercado, de las bondades de la competencia de un mercado mayorista abierto, pero nadie puede probar que las tarifas de electricidad van a bajar”, recalcó Blanco.
UNIVERSIDAD contactó a representantes de Acograce; pero no se obtuvo respuesta antes de la hora de cierre.
