Debido a la gestión realizada por la administración de Carlos Alvarado y por la Asamblea Legislativa, cuyo período terminará en mayo próximo, el gobierno de Rodrigo Chaves se beneficiará de un superávit fiscal primario de 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) —en vez de 1% del PIB originalmente estimado—, en el 2023, así como de una menor deuda pública.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD, Isaac Castro, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, quien, sin embargo, recordó que el mayor superávit logrado no afectará el cálculo de la regla fiscal, la cual el próximo año se ubicará en 2,56%.
El superávit primario alcanzado “no repercutirá (en el cálculo de la regla fiscal), pues como se recordará, el techo de crecimiento del gasto, conforme la legislación actual, consiste en calcular la tasa de crecimiento del PIB en los últimos cuatro años —2018-2021—, la cual resulta en una tasa de crecimiento promedio del PIB del 3,94%”, dijo Castro.
“Una vez determinado esto, se debe verificar la razón deuda a PIB que tiene el país al cierre del 2021, la cual es 68,34%. Con este dato se determina cuál de los incisos del artículo 11 del Título IV, de la Ley 9635 (correspondiente a la reforma fiscal), corresponde”, agregó.
“Para el 2023, aplica el inciso d) de dicho artículo, que señala que el techo de la tasa de crecimiento del gasto total no sobrepasará el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal, es decir, 3,94%*65%=2,56%”, añadió.
De hecho, el funcionario informó, el miércoles pasado, que “este techo (al gasto) fue comunicado a las diversas instituciones pertenecientes al Sector Público No Financiero, esta semana”.
Castro también confirmó que el superávit alcanzado se aplicará al pago de los intereses de la deuda pública.
“Efectivamente, en tanto es un superávit primario, dado el techo de crecimiento del gasto total, permitirá que dichos recursos sirvan para atender el servicio de la deuda, en concreto al pago de intereses. Esto implica que el Gobierno reduce sus necesidades de financiamiento”, respondió.
Consultado sobre si el buen resultado logrado cambia la proyección del crecimiento de la deuda pública, el viceministro respondió: “Sí, las nuevas proyecciones, basadas en los nuevos balances estimados para el mediano plazo, cambian la evolución de la deuda”.
Lo anterior puede observarse en el gráfico y en los cuadros.
Si, previamente al buen resultado logrado, el país esperaba alcanzar un superávit primario de solo 1% del PIB en el 2023, con las medidas aprobadas y aplicadas, el nuevo escenario incluye uno de 1,3%, lo cual se refleja en mejores balances financieros y menores montos de la deuda pública a lo largo de los próximos cinco años.
La deuda ya no sería de un 76% del PIB en el 2023, sino del 68,3% del PIB y, para el año 2026, su peso en las finanzas públicas ya no equivaldría al 71,9% del PIB sino al 65% del PIB para bajar al 63,4% del PIB en el 2027.
Estas son las cifras que, según el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran que el país “cumplió holgadamente” las metas técnicas acordadas en el marco del convenio ampliado, vigente desde el 1 de marzo del 2021, por el cual recibirá un total de US $1.778 millones en los próximos cinco años, en vez de los tres años originalmente pactados.
Cuatro días después de este reconocimiento, el 29 de marzo pasado, ese organismo internacional transfirió un segundo desembolso de US $284.474.398,93 millones como parte de la primera y la segunda revisión del cumplimiento de ese acuerdo, cuyo objetivo es equilibrar las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
Por su parte, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó, mediante un comunicado, que el dinero ingresó a la cuenta del Ministerio de Hacienda en ese banco.
La entidad también explicó que “el monto exacto de los desembolsos en dólares de los Estados Unidos depende del tipo de cambio en el día del desembolso, entre esa moneda y los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son una canasta de monedas en que se denominan los créditos del FMI)”.
En esa ocasión, el Directorio Ejecutivo del Fondo también acordó extender el acuerdo por cinco meses, hasta el 31 de julio de 2024 y realizó una reprogramación de las siguientes transferencias.
“El FMI elogió la respuesta proactiva de las autoridades costarricenses ante la pandemia y el buen desempeño de la economía. Además, reconoció que Costa Rica ha cumplido holgadamente con las metas cuantitativas acordadas y ha realizado importantes avances como parte de su programa, incluyendo la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, para garantizar la sostenibilidad fiscal, mejorar la equidad y la eficiencia de la administración pública y fortalecer las redes de protección social y el cumplimiento tributario”, dijo el BCCR.
El economista Ronulfo Jiménez opinó que el segundo desembolso realizado por el Fondo “mejora la confianza sobre la estabilidad financiera de la economía costarricense y refleja que el nuevo gobierno va entrar con una mejor situación fiscal en comparación a la que le tocó al presidente Carlos Alvarado”.
El lunes, durante su primera conferencia de prensa convocada como presidente electo, Rodrigo Chaves reiteró que piensa “ampliar” el convenio con el FMI, si bien no quiso revelar las implicaciones de esto hasta tomar posesión del cargo en mayo.
Únicamente reiteró que piensa modificar los alcances de la recién aprobada Ley Marco del Empleo Público y profundizar la dimensión de reformas estructurales de ese acuerdo.
Sin embargo, a finales de febrero, es decir, antes de la segunda ronda electoral, su entonces candidato a la vicepresidencia, Stephan Brunner —y anunciado el lunes por Chaves también como coordinador oficial del que será su equipo económico—, dijo que el gobierno entrante buscaría una reforma del empleo público aún más estricta, en la que no existan tantas “familias” de puestos.
“Se necesita una ley, pero esta, en particular, no soluciona los problemas, porque tiene demasiadas familias de puestos divididas por sectores, entonces, al final no resuelve”, dijo Brunner en esa ocasión.
“La preocupación principal es que, por ejemplo, los choferes de las distintas instituciones deberían tener salarios muy similares, lo que necesitamos es una unificación transversal de salarios, no por sector, porque, si no, seguimos igual, con la desigualdad”, agregó.
Además, dijo que la que ahora es una ley ya aprobada “introduce varias rigideces, como el ajuste por inflación” y el hecho de que “fija los valores relativos entre los diferentes puestos y eso ya no se puede cambiar. Estas relaciones, con el pasar del tiempo, van variando. Esas rigideces de pisos y techos no las queremos”, enfatizó.
El lunes, Chaves también reiteró su intención de buscar que el convenio con el FMI se concentre en reducir todavía más el gasto público en vez de incluir proyectos que implican aumentos de impuestos, como los que ya presentó la administración Alvarado para modificar el que existe para las casa de lujo; para reducir los beneficios fiscales y ajustar tarifas en rentas del capital; de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas; la reforma de la Ley General de Aduanas y sobre la renta global dual.
De hecho, la mejor situación de las finanzas públicas, que recibirá el gobierno de Chaves, puede favorecer la nueva negociación que dijo buscar con el organismo internacional.
El mandatario electo también dijo que piensa obtener mayores ingresos mediante un acento en mejorar la recaudación, aunque no explicó las medidas que piensa llevar a cabo, cuál sería su rendimiento ni en cuánto tiempo se alcanzaría este.
En febrero, el ahora vicepresidente electo Brunner afirmó que buscarían eliminar el proyecto del Poder Ejecutivo para aumentar el impuesto a las casas de lujo: “No vamos a aumentar impuestos. Vamos a sacar de la lista del acuerdo con el FMI todos estos proyectos”, añadió.
En cuanto al de Renta Global Dual dijo “estamos de acuerdo en el concepto fundamental de la ley, de unificar todas las rentas, eso está bien. Pero, aprovecharon para aumentar tasas y tramos y no estamos de acuerdo, por eso lo sacaríamos de la lista”.
Y agregó que “le vamos a poner a la reducción de gastos, no al aumento de impuestos. Vamos a ir frontalmente contra la evasión, porque vemos un gran potencial de aumentar ingresos sin más impuestos”.
En este sentido, dijo que eliminarían los destinos específicos y darían una “guerra frontal” contra el contrabando, por ejemplo, poniendo a funcionar adecuadamente los escáneres de contenedores, algo que también Chaves repitió en los debates hacia la segunda ronda electoral.
Brunner, por su parte, sin entrar en detalles sobre el modo ni el tiempo para hacerlo, estimó en febrero que, con las medidas anteriores, lograrían reducir el déficit fiscal a entre un 2% o un 2.5% del PIB.
“Esta sería la renegociación” (del convenio con el FMI), acotó entonces.
Brunner agregó que “lo primero es generar confianza en el sector empresarial con un acuerdo (distinto del actual) con el FMI, porque no vamos a entrar en una espiral descendente como ocurrió en 1980-1981”.
Y añadió: “Pensamos que la elección de Chaves es el primer paso para lograr confianza”.
En cuanto a las medidas puntuales que llevarían a cabo para reactivar la economía, en esa ocasión el vicepresidente electo mencionó tres: una “lucha frontal” contra la corrupción, una nueva ley de simplificación de trámites y una “lucha frontal” contra la informalidad.
Brunner afirmó que la corrupción “no es un fenómeno aislado, está en toda la economía, es una práctica cultural”.
Por lo tanto —agregó— “en los primeros tres meses, presentaremos un proyecto anti-corrupción para fomentar la denuncia. El que denuncie estará excluido de la denuncia penal y recibirá como recompensa un porcentaje de lo que se recupere o se evite robar”, dijo.
Además, “quienes saben, pero no denuncien, también tendrán una sanción” y —continuó— se protegerá legalmente al “funcionario que sea acusado por el sector privado por haber cumplido con la ley”.
En cuanto a la simplificación de trámites, en febrero dijo que propone “derogar la ley 8220 y ponerle dientes para revisar los trámites del Estado y ver si el trámite cumple lo que dice la ley”.
“Si se incumple, el jerarca institucional tendrá sanciones pecuniarias. O si es el funcionario, a este se castigará. Se llamará “Ley reguladora de trámites administrativos”, detalló.
Además, dijo que “ya no se pedirán documentos a los ciudadanos sino entre instituciones. Se va a acabar la mensajería gratis sustentada por los ciudadanos de este país”.
En cuanto a la “lucha frontal” contra la informalidad, Brunner dijo entonces que “la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que hacer una entrada más suave para los trabajadores informales”, de modo que los jóvenes en su primer año de trabajo no tengan que pagar cargas sociales.
Además “las cargas sociales tienen que estar en función del trabajo efectivo que haga la persona. Esto del ingreso mínimo que hay que declarar no funciona, porque hay muchos trabajos de tiempo parcial en distintos lugares, como el de las trabajadoras domésticas”.
El lunes, Chaves reiteró su oferta de campaña de eliminar, mediante su primer decreto, la fijación del precio del arroz y de liberalizar la importación de medicamentos.
Pero, al respecto, en febrero pasado su entonces candidato a la vicepresidencia dio más información. Brunner dijo que su partido “sí eliminará el control de precios del arroz en la primera semana de gobierno, lo mismo con las medicinas, con las tarifas y reglas del ICE, en los primeros cinco decretos”.
En cuanto al futuro de Recope, el hoy vicepresidente electo afirmó entonces que “tenemos que cambiar a las personas que están al frente por personas capaces y honestas. Sabemos que hay dos focos de corrupción en Recope, las funciones que tiene de almacenamiento y trasiego interno son redes, monopolios naturales, no tiene sentido eliminarlo, es un monopolio natural, hay que hacer que trabaje bien”.
Brunner también consideró que la regla fiscal “es imprescindible, por supuesto que la mantendremos”.
Además, afirmó que una renegociación con el FMI “no puede durar más que unas semanas”.
En su conferencia de prensa del lunes, Chaves también dijo que no apoya el proyecto, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, para reducir en 100 colones por litro el precio de la gasolina, con el fin de aliviar los altos costos para los usuarios que está causando la invasión rusa de Ucrania.
Chaves coincidió así con el ministro de Hacienda de la actual administración, Elian Villegas, en que la puesta en práctica de esta medida causaría un “hueco” de ₡250 mil millones en las finanzas públicas.