El Gobierno incumplió la ley que establece la aplicación de la regla fiscal al superar por un monto equivalente a 0,5% del PIB el gasto público permitido para este año, debido al decreto que firmó en junio el presidente Rodrigo Chaves para relajar las normas de austeridad, señaló la Contraloría General de la República (CGR).
“La reforma introducida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43589-H produce una ampliación de la autorización del gasto en el Gobierno”, dice el reporte del monitoreo que realiza la CGR. “Este fenómeno puede afectar la disciplina fiscal que pretende la Ley N.° 9635”, indica en el mismo texto.
Chaves anunció el decreto con la intención de flexibilizar la regla fiscal y dotar de recursos a entidades como la Cancillería y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al hacer que el límite de gasto se calcule sobre el monto presupuestado en el año previo y no el ejecutado (que suele ser menor).
Esto tuvo efectos mayores, pues “el Presupuesto Nacional y 28 instituciones del Sector Descentralizado superaron los parámetros de crecimiento de la regla fiscal en forma automática, al tomar en consideración para la verificación de este mecanismo los presupuestos iniciales de 2021 con respecto a los presupuestos aprobados al mes de julio de 2022”.
La entidad contralora puso el siguiente ejemplo: “el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ejecutó en 2021 únicamente el 73% de su presupuesto, lo cual se traduce en un límite de crecimiento máximo del gasto total de ¢39.296 millones; mientras que con la nueva metodología del Decreto, este límite se amplía hasta ¢53.452 millones”.
Con las reglas vigentes hasta el 02 de julio de 2022 (antes del decreto emitido por Chaves), el gasto corriente autorizado no excedía el límite máximo de la regla fiscal, pero con la modificación sí ocurrió ese incumplimiento.
Esto porque el Presupuesto de la República en curso presenta un aumento de 3,07% en gasto corriente y del 11,61% en el gasto total, “ambos por encima del límite del 1,96%”, advierte el reporte.
La regla fiscal es el instrumento que limita el crecimiento del gasto público cuando el endeudamiento público supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), como en este momento.
