Los garantes de la ética de la administración Alvarado, Margarita Bolaños y José Manuel Arroyo se pronunciaron sobre la Ley de Empleo Público y señalaron que violenta las autonomías de diversas instituciones públicas y consideraron que el abordaje es meramente «fiscalista», lo que violenta las promesas hechas por el presidente al electorado durante la campaña .
En un comunicado público, los garantes plantearon que las instituciones públicas como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades y las universidades tienen, constitucionalmente, distintos grados de autonomía que va puede ser administrativa (autogestión), política (capacidad de autogobierno) y la organizativa (referente a la auto-organización). Agregaron que en el caso de las universidades públicas incluye las tres modalidades de autonomía.
«Las cuestiones relacionadas con la definición de perfiles de los servidores, sus requisitos, las calificaciones de idoneidad, rendimiento y régimen disciplinario, así como escalas salariales deben considerarse como parte de la autonomía de que gozan estas instituciones», aseguraron y añadieron que es «muy riesgoso poner en manos de un ente controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo, la determinación última de estos aspectos en alguna instancia no especializada, sino que pueda, además, ser proclive a la manipulación».
Los garantes reconocieron que la discusión es de carácter ideológico-política y aseguraron respetar las distintas posiciones pero recalcaron que su análisis aborda la «arista ética» del debate, pues refiere a un incumplimiento moral del presidente Alvarado para con el electorado.
«Durante la campaña electoral pasada, el actual Presidente Alvarado Quesada fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como evidentemente lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral que respetara la complejidad y especificidad de un ámbito vital para la prestación de servicios públicos esenciales, en un régimen democrático de derecho -como evidentemente no lo está siendo-«, indicaron. .
