Por utilizar los servicios legales de un empresario autobusero en un trámite privado, la jefa del Área Técnica del Consejo de Transporte Público (CTP), Aura María Álvarez, está bajo investigación por presunto conflicto de intereses y falta al deber de probidad.
Álvarez figura en las pesquisas a cargo de la Procuraduría de la Ética Pública, tras recibir una denuncia por parte del diputado frenteamplista José María Villalta.
La denuncia toma como base un juicio agrario en Santa Cruz, que dio inicio en 2015 y lo promueve la funcionaria del CTP, con el fin de obtener un derecho de posesión.
Para ese trámite, Álvarez empleó los servicios del abogado Miguel Enrique Zamora, presidente y representante legal de la Cámara Provincial de Autobuseros (Caprobus).
La denuncia también señala que Álvarez autorizó a otro funcionario del CTP, de apellidos Quesada Alfaro, para “completar cualquier documento faltante” en ese mismo proceso.
El área técnica del CTP, liderado por Aura María Álvarez, se encarga de la inspección y control, administración de concesiones, conteos de pasajeros y estudios tarifarios, decisiones que inciden en las operaciones de las empresas autobuseras.
“A la luz de los hechos descritos estaríamos frente a una relación entre la señora funcionaria pública y el señor representante de la cámara de autobuseros, que genera dudas sobre la integralidad, transparencia e imparcialidad en el manejo de los asuntos de la competencia sustancial del CTP y, en consecuencia, de desprotección de los usuarios de transporte público, y pudiendo estar frente a faltas al deber de probidad y de conflicto de intereses”, se lee en la denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública.
Al respecto, Álvarez afirmó que se abstendría de dar declaraciones al respecto, mientras se desarrolla la investigación en sede administrativa.
Por su parte, la denuncia ante la Procuraduría se presentó el 14 de noviembre pasado y se encuentra en fase de investigación preliminar, según informó el departamento de prensa.
Manuel Vega, director ejecutivo del CTP indicó que se desestimaron las acusaciones contra Álvarez y Quesada, al considerar que no existe evidencia “respecto a que los criterios técnicos hubiesen afectado las decisiones en torno a lo actuado”.
Sobre el trámite, Zamora afirmó que nunca fue representante legal de la funcionaria del CTP, sino que solamente le autenticó una firma. “Mi papel fue solo autenticar el proceso, como notario.
Ese tipo de intervención no tiene ningún peso. No tiene ni conlleva la participación de dirección jurídica de nada. Ella se apoya más con colegas de Guanacaste. No tuve ni tengo presencia en ese caso”, dijo el presidente de Caprobus. De acuerdo con el abogado, el CTP ha incorporado elementos de control y seguridad para que las decisiones se puedan justificar con estudios técnicos y verificados. Para el diputado Villalta, existe una “triangulación” entre la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el CTP y los autobuseros. “El CTP en sus últimas decisiones ha venido ayudando a los autobuseros, especialmente en el cambio del esquema operativo.
Es el foco de corrupción más evidente en los últimos meses.
Hay un contubernio entre la Aresep y el CTP para aprobar alzas en las tarifas”, dijo Villalta.
Tanto el CTP como la Procuraduría investigan los pormenores del caso para determinar si existe un favorecimiento de parte de la funcionaria hacia el empresario autobusero.
