Hace 30 años, el sociólogo Julio Calzada, a través de su trabajo de calle con personas con problemas de adicción, cayó en cuenta de que las políticas “de corte moral, vinculadas al prohibicionismo, a la pedagogía del miedo”, no lograban ningún resultado práctico, pues “cada día veíamos más gente en la calle con problemas de drogas”.
Entre el 2011 y el 2015, Calzada fungió como secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay y coordinó la elaboración del proyecto de ley que reguló el mercado del cannabis o marihuana en ese país, el cual se aprobó en el 2013 y en julio recién pasado se inició el proceso de venta en farmacias.
Según el especialista, se buscó un enfoque basado en los derechos humanos, tras la reflexión de que el narcotráfico es un enorme negocio que puede alcanzar un 2% del producto interno bruto (PIB) mundial, y que “los grandes negocios no se pueden combatir con la prohibición”, entre otras razones porque “el funcionamiento de los mercados negros es un espejo del funcionamiento del capitalismo desregulado”.
La visita de Calzada sirvió para que participara en diversos foros en las universidades Nacional (UNA) y de Costa Rica (UCR), y fue organizada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (Aceid).
En Uruguay es posible producir y tener hasta seis plantas de cannabis para el consumo propio, o asociarse con 44 personas más en un club para sembrar y consumir, o inscribirse en el sistema de farmacias y acceder a la marihuana producida por empresas licenciadas por el Estado.
“Lo que nosotros apostamos y creemos -apuntó Calzada- es que en la medida en que podamos ir conquistando más porciones de mercado, vamos a poder desestructurar más las organizaciones criminales”.
Quienes se oponen a la regularización del consumo de marihuana pintan un escenario apocalíptico. ¿Cómo está la situación de Uruguay en términos del impacto social del uso de cannabis?
Vamos a tener datos consolidados a finales de 2018 o 2019, cuando veamos la evolución en el periodo de cinco años. No obstante, puedo decir que ese mensaje apocalíptico, que actores de la derecha más conservadora esgrimieron desde ciertos colectivos profesionales muy reactivos, no se cumplió. Usted puede visitar hoy Montevideo y no se da cuenta de que hay una ley que regula la marihuana, no hay zombis en las calles.
Otro sector planteaba que no iba a haber adhesión a este sistema. El proceso lleva tres años, en el 2014 iniciaron los clubes canábicos y los autocultivadores, porque reglamentamos esa parte de la ley. La primera cosecha grande fue en abril del 2015, demostró que hay una adhesión importante. Hay seis mil autocultivadores anotados en el registro, unos cuatro mil miembros de clubes de membresía canábica, y 14 mil inscritos para comprar en las farmacias la producción de carácter masivo.
Entre el 2011 y el 2013, cuando se discutía el proyecto de ley, la opinión púbica estaba en contra. ¿Cómo fue posible aprobar el proyecto, aun cuando el Frente Amplio contaba con los votos en el Congreso?
La opinión pública vota, esa es la verdadera opinión y cuando fueron a votar, el Frente Amplio volvió a ganar con mayoría parlamentaria. Obviamente no hay homogeneidad.
Cuando se quiere cogobernar con la opinión pública, se pueden cometer grandes errores, porque puede cambiar en poco periodo de tiempo la sensibilidad, la sensación por hechos anecdóticos.
Si usted va a votar una ley teniendo en cuenta la opinión pública al día siguiente de un asesinato múltiple, seguramente aprueba la pena de muerte. Gobernar de esa manera es gobernar por fuera de la política, la política es un proceso de construcción de consenso que permite hacer posible ciertos lineamientos o utopías.
Nos llevó año y medio de debate, pero nosotros teníamos esa visión de la política, que no es opinión pública sino la capacidad y la herramienta que tenemos los seres humanos para cambiar la realidad, no solamente para refrendarla.
Incluso la posición del presidente Vásquez no es tan convencida como la que tuvo en su momento el presidente Mujica.
Sin duda. Vásquez siempre fue muy respetuoso en el sentido de que no se puso en contra de la ley, pero dijo que lo importante es que las personas no tienen que consumir drogas, en lo cual también todos podemos estar de acuerdo. Es una decisión personal de quienes consumen o no.
Desde el punto de vista político, hay que discutir cuál es la mejor herramienta para la gobernanza de un fenómeno, que hasta que esta ley entró en vigor estaba en manos de las organizaciones criminales.
Esto siempre se ha mirado desde la perspectiva de poner en el centro a las sustancias, a cuánto más cantidad de sustancia usted interdicta, más efectiva es su política. ¿Por qué? Los consumidores no se mueven, si usted le quita al narcotráfico dos toneladas de marihuana, puede poner dos toneladas más en el mercado al otro día.
¿Entonces, quién gobierna la política de drogas? Los narcotraficantes: ponen el precio, ponen la calidad, la cantidad, hacen lo que quieren, introducen otras drogas en el mercado a partir del consumo de estas que son de menor riesgo y de más aceptabilidad por la población.
Desde el punto de vista teórico y de cómo pensamos el fenómeno, lo habíamos trabajado ya con organizaciones de la sociedad civil y otros organismos como un fenómeno complejo, no lineal, aquí no es que muerto el perro, muerta la rabia: usted agarra a un narcotraficante y saca a un jugador del mercado, hay otros cien que siguen jugando y otros cien que están en la cola para sustituir a ese jugador que usted sacó del mercado.
Este es un fenómeno que tiene que ver con la economía y con el deseo humano, que no se puede limitar ni ignorar.
Los bancos Santander y Scotiabank dijeron que no manejarían cuentas de las farmacias que dispensen cannabis. ¿En el plano internacional, qué consecuencias ha enfrentado Uruguay? ¿Cómo ha sido la experiencia de dar el paso solo, pues en el cono Sur ningún otro país tiene una ley similar?
Uruguay es el único país que tiene una política de este tipo hoy, después están los estados de Estados Unidos que tienen una política que no es igual a la nuestra, basada sobre todo en los mercados, la nuestra tiene una fuerte regulación del Estado.
Hay que hacer una distinción: una cosa son los bancos y otra los organismos internacionales. Uruguay cumple a rajatabla con los acuerdos de Naciones Unidas y los acuerdos internacionales de control de lavado de dinero, no tiene problemas con los organismos internacionales, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El problema es con los bancos que tienen corresponsalía en Nueva York, entonces hay que enfocarlo directamente con ellos, porque están sometidos por la Reserva Federal a cumplir ciertos requisitos para manejar el riesgo del lavado de dinero para financiamiento del terrorismo, son cuatro o cinco artículos de la Ley Patriótica del 2001 que dicen que los bancos tienen que tener especial atención con el dinero proveniente de la venta de armas, de la trata de personas, del juego y del dinero proveniente del tráfico de drogas.
Nosotros sostenemos que por encima de todas las convenciones están las que tratan materia de derechos humanos y que en función de eso teníamos que llevar adelante las políticas de drogas.
Resulta muy difícil en países como Costa Rica avanzar en esa dirección. Un proyecto de ley de legalización de cannabis medicinal ha generado polémica, sobre todo por algunos legisladores del fundamentalismo religioso. ¿Se dieron ese tipo de voces en Uruguay?
Es preocupante esa interrelación de la política y la religión, porque terminamos en estados confesionales. No podemos confundir lo que entiendo que es el deber ser desde el punto de vista moral; la ética y la política son otra cosa, es el bien común.
Eso es preocupante para la democracia en toda América Latina, es un problema muy serio lo de las bancadas religiosas en Brasil, que la política esté siendo colonizada por el pensamiento religioso. Podemos empezar por que no haya matrimonios entre personas del mismo sexo y terminar en políticas confesionales como las de los estados islámicos.
Pienso que en Occidente en general y en particular en América Latina tenemos que dar una fuerte reflexión sobre esos temas, cuál es el lugar de la democracia.