Encuesta CIEP-Semanario UNIVERSIDAD

Fuerte respaldo popular a potestad constructora del ICE

Sorpresivo apoyo al plan para que entidad desarrolle obras públicas ajenas a su área de responsabilidad, a pesar de la oposición de parte del empresariado.

La posibilidad de que el personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se ponga las botas para construir obras públicas ajenas al sector de electricidad y telecomunicaciones recibe un fuerte apoyo popular.

Siete de cada diez costarricenses apoyan la posible intervención del ICE en construcción de carreteras o puentes más allá de su área de responsabilidades, como está planteado inclusive en un proyecto de ley.

Un 72% dijo estar “de acuerdo” en que se le permita al ICE desarrollar obras estatales adicionales, mientras solo el 20% se opone y un 7% no manifestó una posición clara, según los resultados de la más reciente encuesta hecha por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas y el Semanario UNIVERSIDAD.

Esta es la primera vez que se consulta la opinión popular sobre este dilema que enfrenta la emblemática institución a cargo de la electricidad en Costa Rica, el cual podría tener considerables efectos económicos sobre el sector de la construcción en el país.

En esta disyuntiva, las autoridades del ICE se manifiestan a favor de colocar los recursos y la experiencia de la entidad al servicio de  uno de los sectores más deficitarios del país: el de la obra pública. Del otro lado, una parte de los empresarios privados se manifiestan en contra de esa posibilidad, con el argumento de que la institución hacía esos trabajos con un alto costo y eso podría impactar las tarifas eléctricas, lo cual ha sido claramente desmentido.

En la opinión pública, los criterios parecen inclinarse a favor de la institución, cuyo presidente Carlos Obregón dice saber que hay inquietud en empresarios privados por posibles perjuicios que estos tendrían si la entidad estatal entra a realizar obras que, de no ser así, se las adjudicarían a grandes firmas.

La pregunta se incluyó en la encuesta cuyas entrevistas se realizaron por teléfono durante el mes de agosto con una muestra de 798 personas, con un margen de error mínimo de 3,5 puntos porcentuales.

El grado de confianza de la encuesta, sin embargo, no deja dudas sobre el contundente respaldo a la idea de tener un “ICE constructor”, a pesar de los frecuentes cuestionamientos populares a la eficiencia de esa institución.

A la hora de la encuesta, la opinión popular parece inclinarse por consentir a la institución fundada en 1949 que en los últimos 20 años ha permanecido en el centro del debate político como símbolo del modelo de desarrollo que tuvo el país en la segunda mitad del siglo XX y el que debería tener en la actualidad.

El ICE aparece en el quinto lugar de la encuesta entre las instituciones mejor valoradas, superada por la UCR, universidades públicas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Es decir, es la mejor institución si acotamos la valoración a las prestatarias de servicios públicos.

De hecho, el suministro de energía eléctrica es el más apreciado y el tercero es la telefonía fija, ambas con una amplia cuota de responsabilidad sobre el ICE. Sus servicios de telefonía celular y de Internet reciben más cuestionamientos y aparecen en la mitad de la tabla de valoraciones, por debajo de la recolección de basura o la educación estatal.

Estas valoraciones, según las comparaciones con encuestas anteriores, se comportan de manera estable, por lo que es usual que la electricidad doméstica aparezca a la cabeza.

Apoyo de jóvenes

Aunque el respaldo a la posibilidad del ICE de construir obras públicas adicionales es superior en todos los segmentos de la población, el estudio a cargo del CIEP determinó que hay un mayor énfasis en los más jóvenes y en gente con estudios de secundaria o superiores.

Si se aplicara la pregunta solo a menores de 34 años, un 79,5% está “de acuerdo” y solo un 17% se opone. Este valor es de 75,2% entre los mayores de 34 y menores de 55, y de 62% entre quienes sobrepasan los 55 años.

Hay también un sesgo mayor entre los hombres, pues el 75% está “de acuerdo”, frente a un 70% entre las mujeres. La diferencia entre los que están “en desacuerdo” es muy poca entre ambos sexos, pero sí hay una brecha mayor entre quienes no saben o no responden.

Otro sesgo se presenta en la distinción según estudios cursados. Quienes solo tienen la primaria completan son los que menor respaldo dan a la posibilidad de que el ICE intervenga en obras ajenas, aunque igual supera al “en desacuerdo”. Es un 66% frente a un 19%.

Entre quienes tienen secundaria este pareo queda 76,3% a 17,5%, mientras si se considera solo los que tienen estudios superiores, el resultado es de 73% a 22,6%.

De igual manera, los habitantes del Área Metropolitana son los menos entusiastas con ver al ICE como concesionario del mismo Estado. El “de acuerdo” es de 70% y el rechazo es de un 22,8%. En el resto del Valle Central o fuera de este hay un mayor entusiasmo a la idea de ver obra pública construida por el Instituto.

Esto es lo que pretende el proyecto de ley número 19.792 presentado por el diputado Fabricio Alvarado y dictaminado por unanimidad en la comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, aunque enfrenta el rechazo de diputados como Otto Guevara y Mario Redondo, además de grupos organizados como la Cámara de Industrias, que tenía programado acudir este martes 6 de setiembre para argumentar su oposición.


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