Una falsedad del tamaño de un estadio fue lo que derramó sobre la ciudadanía Rodrigo Chaves, cuando durante la conferencia de prensa del miércoles responsabilizó a la Asamblea Legislativa por archivar un proyecto de ley que pretende regular, finalmente, los términos de la ejecución de la pena para personas privadas de libertad.
Al referirse a la decisión de un juez sobre una circular del Ministerio de Justicia respecto al Centro de Atención Institucional (CAI) Marcus Garvey, en Limón, Chaves se quejó del “desorden que tenemos en este país, en que el Ministro de Justicia es en teoría el responsable por dar cuentas sobre la administración penitenciaria de este país, pero los jueces de la administración de la pena hacen lo que les viene en su santa y regalada voluntad, siguen y ya favorecieron a los reos, convictos, criminales en la cárcel de Limón, contra los esfuerzos del Ministerio de Justicia”.
De seguido, reclamó que la Asamblea Legislativa “echó a la basura el proyecto de ley para acabar con este escándalo y cientos, sino que miles más”.
Minutos después insistió en que “los diputados son copartícipes por haber archivado esa ley”.
En este caso, la contradicción de dubitable intención de Chaves radica en que tan sólo un día antes él y su ministra de Presidencia Laura Fernández habían firmado el Decreto 44768-MP, mediante el que retiraron de la agenda legislativa varios proyectos de ley, entre ellos el No. 24.019 “Ley de Ejecución de la Pena y la medidas de seguridad curativas”.
Ese proyecto de ley fue presentado formalmente en noviembre del año pasado y fue parte del amplio esfuerzo que se hizo entre los tres poderes de la República para elaborar y consolidar una agenda de proyectos de ley ante el aumento de la criminalidad.
De hecho, lejos de lo afirmado por Chaves, menos de un año después de la presentación del proyecto la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ya logró un dictamen afirmativo unánime, el cual destaca que fue formulado “desde la Corte Suprema de Justicia, puntualmente su redacción estuvo a cargo de la Sala de Casación Penal; la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con gran apoyo de jueces de ejecución de la pena”.
Además, en la elaboración del texto sustitutivo “participó activamente el Ministerio de Justicia, con representación de la Dirección de Adaptación Social, diputaciones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y sus asesorías”.
Incluso, con el afán de perfeccionar la propuesta, “se tomó la decisión se presentar la iniciativa como un proyecto nuevo, en lugar de proponer un texto sustitutivo sobre el expediente legislativo N° 21.800, que se encontraba en la corriente, tomando en consideración la etapa procesal de dicho proyecto, aspecto que limitaba la inclusión necesaria de modificaciones y un adecuado espacio para la discusión de sus contenidos, que aún requerían de un importante análisis y concretar su definición”.
Es decir, el proyecto desconvocado por Chaves había sido producto de un ingente esfuerzo en que se habían involucrado autoridades de su propia administración.
La contradicción de Chaves en cuanto a la responsabilidad de “echar a la basura” el proyecto 24.019 es tanto más evidente si se toma en cuenta que hace una semana, durante el mismo espacio controlado, el mandatario se quejó -también- de que “no quieren pasar la ley de ejecución de la pena que nosotros presentamos”.
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Ley necesaria
Desde que se promulgó el Código Penal en 1970 se estableció que debía ir acompañado por una ley de ejecución de la pena, lo cual no se ha cumplido tras más de medio siglo.
Se trata de una legislación es necesaria para regular entre otras cosas los derechos y deberes de la población privada de libertad y que, tal como se explicó en Corte Plena cuando se estudió la propuesta en enero pasado, fija plazos de resolución a jueces de ejecución de la pena, regula procedimientos en la presentación de quejas, trámites de libertad condicional, cambios de modalidad penitenciaria, adecuación de penas o los procedimientos restaurativos.
Incluso el pasado 4 de octubre, poco antes de aprobar el texto sustitutivo de forma unánime, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico escuchó varios criterios expertos sobre la necesidad de la ley, entre ellos el de la abogada Jéssica Blanco Padilla, asesora del Ministerio de Justicia y Paz, quien detalló que “hemos tratado de incorporar todos los conocimientos que tenemos en la materia penitenciaria, hemos trabajado en conjunto con el Poder Judicial tratando de incorporar, por lo menos lo máximo posible, las experiencias que hemos tenido con respecto a los cambios legales que se han ejecutado durante años”.
Afirmó que “aún sentimos que todavía hay algunos puntos que tenemos que seguir trabajando”, sin embargo “creemos que (el proyecto) es el idóneo para salir adelante con la Ley de Ejecución Penal y medidas curativas”.
Se está a la espera de una reacción solicitada a la Corte Suprema de Justicia sobre este tema.
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Con un buen ambiente, al menos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuenta el proyecto de ley producto de trabajo conjunto de los tres poderes de la República.
