El Frente Ecologista de Cipreses (Ecocipreses) interpuso una nueva gestión por desobediencia contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no acatar las ordenes emitidas por la Sala Constitucional ante la contaminación de las fuentes de agua de las comunidades con clorotalonil.
Este 6 de mayo, los líderes comunitarios presentaron ante la Sala Constitucional una nueva gestión de desobediencia contra ambas instituciones pues “continúan sin aplicar el Reglamento vigente para la Calidad del Agua Potable”.
Cabe recordar que desde 2018, varias comunidades del norte de Cartago, enfrentan problemas con el agua de consumo humano, debido a la contaminación con metabolitos de clorotalonil; es decir, productos derivados de la molécula original de ese fungicida.
Dicho químico se usa en hortalizas, apio, culantro y cebolla, y aunque fue prohibido por el gobierno en 2023, vecinos afirman que sigue comerciándose y usándose. Eso sí, desde 2022, el Ministerio de Salud prohibió usar el agua de nueve nacientes para consumo humano y preparación de alimentos, y comenzó a brindar el servicio de agua por medio de Cisternas.
No obstante, a principios de este año se dio a conocer que Salud pretendía modificar el Reglamento de Agua Potable para incorporar valores máximos admisibles de distintos metabolitos en el agua potable.
En dicha modificación, explicó Ana María Montenegro, una de las vecinas afectadas, se pretendía pasar de un máximo admisible de 0,1 a 0,5 microgramos por litro a 60 e incluso 80 microgramos, lo que locales y especialistas consideran peligroso.
A razón de esa modificación, dijo Montenegro, se les retiró el servicio de agua potable por medio de cisternas y entonces, les ha tocado usar agua del tubo, poniendo sus vidas en riesgo, o bien, comprar agua embotellada.
Como les quitaron el servicio, eso dio pie a poner un primer recurso de desobediencia ante la Sala Constitucional, que emitió la resolución N.º 2025012770 el pasado viernes ordenando resolver efectivamente el problema de contaminación por clorotalonil en las nacientes de agua y, mientras tanto, continuar abasteciendo a la población mediante camiones cisterna.
Según Ecocipreses, las autoridades levantaron las medidas sanitarias sin basarse en los parámetros establecidos por el reglamento vigente, incumpliendo así los estándares jurídicos aplicables pues en la resolución citada los magistrados reiteraron “que los únicos valores legalmente válidos son los establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable”.
El ministerio, sin embargo, afirma que de las “75 fuentes analizadas, solo cuatro presentaron concentraciones de metabolitos de clorotalonil superiores al límite permitido. Esto significa que 71 fuentes cuentan con agua potable apta para el consumo humano”.
Para el frente ciudadano “las autoridades están utilizando valores máximos admisibles que superan hasta 800 veces el límite permitido por la normativa nacional vigente” pues usan como medida el nuevo reglamento “que aún no ha sido legalmente publicado ni aprobado”.
Por eso, consideran que si Salud y el AyA no garantizan el suministro de agua potable, están desobedeciendo una orden de cumplimiento inmediato. “Negarnos el acceso al agua limpia es un acto de irresponsabilidad que atenta contra la vida de nuestra comunidad”, afirmaron en un comunicado.
“Yo llamé ayer al Ministerio de Salud y me dijeron que no me podían dar razones sobre este asunto, llamé a la Asada y el administrador me dijo que tampoco tenía conocimiento porque el Ministerio de Salud no les ha hecho notificación de nada”, detalló Montenegro.
La expectativa, dijo Montenegro, es que la Sala condene a las instituciones y que los obliguen a brindar el servicio de agua pues “lo que están haciendo hasta este momento es un desacato a la ley”.
