Las seis diputaciones del Frente Amplio y los liberacionistas Sonia Mora y Francisco Nicolás fueron minoría esta tarde en el plenario, mientras se votaron mociones para consultar la última versión del proyecto de ley 21.550, conocido como el “Protocolo de Nagoya”, con los pueblos indígenas.
El plenario rechazó dos mociones para que el proyecto salga del plenario legislativo y regrese a la Comisión de Asuntos Internacionales, para realizar cambios. También se rechazaron tres mociones para que el proyecto recibiera opinión de la Mesa Nacional Indígena, las comunidades indígenas y, también, de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO).
En otras ocasiones, distintas organizaciones ambientales y de campesinos objetaron la iniciativa, pues facilita la comercialización de la biodiversidad, estableciendo patentes de propiedad intelectual a los genes y también a los conocimientos de pueblos indígenas.
El Frente Amplio insistió este jueves que, para agilizar el proyecto de ley en su tercera iteración, se omitieron las consultas a agrupaciones opuestas al proyecto.
La diputada Sofía Guillén recordó al plenario que el Protocolo de Nagoya fue rechazado anteriormente en la Asamblea Legislativa en dos ocasiones (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, debido a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En la legislatura pasada, el texto fue presentado por tercera ocasión para estudiarse dentro de la Comisión de Asuntos Internacionales.
Guillén y su compañera de bancada, Rocío Alfaro, acusaron a la Comisión del Gobierno anterior de realizar mal las consultas dirigidas a las organizaciones indígenas. Primero, porque las solicitudes se enviaron en español, sin traducción a las lenguas originarias de cada pueblo; segundo, porque además se les dió un plazo de 8 días hábiles.
La diputada Alfaro además insistió en que la Comisión envió las consultas a 20 Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs), entes de organización que han sido controversialmente disputadas por las mismas comunidades, pues no son organizaciones reconocidas por sus culturas.
UNIVERSIDAD reportó dicha consulta, a finales de febrero del 2021. Las cartas se enviaron el 10 de marzo de ese año. Pese a que el proyecto recibió cambios durante la presente administración, la mayoría de legisladores opina que enviar consultas significa obstruir la aprobación del Protocolo de Nagoya.
La diputada del Liberal Progresista, Kattia Cambronero, acusó que las solicitudes de consulta y mejora del proyecto “tienen secuestrado al plenario legislativo” y son un “capricho ideológico”.
Cambronero defendió que es un “proyecto que los mismos pueblos indígenas necesitan, porque les protege su biodiversidad”.
Tanto la frentemaplista Rocío Alfaro como la liberacionista Sonia Rojas hablaron de la obligatoriedad de la consulta, según lo obliga el artículo 169 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Por correr, vamos a perder la posibilidad de tener un convenio que persigue los objetivos que persigue. En octubre del 2022, el relator especial para pueblos indígenas de Naciones Unidas hizo un informe en el que habla precisamente de las instancias que deben ser consultadas, en cualquier proceso que implique la necesaria opinión de pueblos indígenas. Debe ser con instancias elegidas en sus propios territorios indígenas, con sus normas y mecanismos de representación”, aseguró la diputada Rocío Alfaro.
