La fracción del Frente Amplio consiguió suficientes apoyos para dictaminar positivamente un proyecto que permitirá castigar con prisión a personas que ocupan altos cargos de la función pública y participan de los “paraísos fiscales”.
Ahora, este proyecto pasará al plenario de la Asamblea Legislativa, tras el aval de la Comisión de Hacendarios. En este órgano únicamente recibió oposición de Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) y Pablo Sibaja de Nueva República (quien afirmó desconocer el proyecto de ley, antes de votar su dictamen).
El proyecto señala que “será sancionado con prisión de dos a cinco años de prisión” las personas con inversiones, cuentas bancarias, participaciones económicas o accionarias, estén en juntas directivas de “sociedades mercantiles u otras entidades de derecho privado” que realicen actividades en países con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Asimismo, el plan enumera los cargos para quienes aplicarán estas sanciones de prisión, los cuales son amplios para cada cargo de alta responsabilidad pública.
La lista va desde la Presidencia, la vicepresidencias, ministros y viceministros del Poder Ejecutivo; así como los altos mandos de la Contraloría General, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría, Regulador de servicios públicos, Fiscal General. Además quedan incluidos los diputados de la Asamblea Legislativa, los magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones; los cargos gerenciales y de dirección de todo el sector público, incluidos también los presidentes ejecutivos y los miembros de juntas directivas de “instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas y todo ente público estatal” y también de las “juntas directivas de Bancos Estatales”.
El proyecto de Ley contra la participación de los funcionarios públicos en paraísos fiscales (expediente 20.437) también incluye que la Dirección General de Tributación publique, cada setiembre, una lista de países “no cooperantes en materia tributaria”, es decir, paraísos fiscales.
La iniciativa se presentó dos gobiernos atrás, por los exdiputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marcela Guerrero y Marco Redondo, junto a la exdiputada frenteamplista Patricia Mora. Esta nueva normativa responde a las publicaciones periodísticas de los casos de “Panama Papers”, en los que la prensa nacional e internacional dieron a conocer cómo figuras populares y políticas se saltaron el cobro de impuestos mediante los servicios del bufete especializado en evasión fiscal Mossack Fonseca.
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El Frente Amplio también persiguió la aprobación de un segundo expediente que tiene que ver con la mejora en la información tributaria.
Se trata del proyecto de Ley para hacer transparentes las amnistías fiscales (21.188) que se presentó en el 2019, tras las condonaciones de deudas aprobadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Reforma fiscal). En ese periodo, el exdiputado José María Villalta presionó para publicar las listas de empresas y personas que se beneficiaron por las amnistías de impuestos y de intereses de esas morosidades tributarias.
A este momento, el proyecto de ley 21.188 ya no incluye la publicación de esa información, como si lo pedía cuando se presentó su texto.
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Empresas como Sky, Florida, Bticino, Veinsa, Durman Esquivel y sociedades familiares de allegados políticos se acogieron a este mecanismo, que redujo sanciones y eliminó intereses en el pago de deudas tributarias por tres meses.
No obstante, la redacción permitirá que “la Administración Tributaria correspondiente deberá publicar y mantener en su web por un plazo de al menos 9 meses, el o los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la condonación, incluyendo cédula y monto condonado”, para el caso de futuras amnistías.
“Uno es un proyecto importante en materia de combate a la corrupción (el de prohibición para que funcionarios tengan negocios en paraísos fiscales) y también para dar una señal positiva a la ciudadanía, en materia de cumplimiento de sus obligaciones por parte de personas que ocupan altos cargos en el sector público”, afirmó el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, en declaraciones a medios.
“(El segundo proyecto) es para que todas las listas de beneficiarios de amnistías, condonaciones tributarias, siempre se hagan públicas. En el pasado, el Ministerio de Hacienda se opuso a dar esta información y era necesario ir a la Sala Constitucional para que fuera pública”, detalló también Acuña.
