Se trata de una iniciativa encabezada por el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y elaborada por del jurista Wálter Antillón Montealegre.
La propuesta busca introducir un cambio en la forma en que se administra el poder judicial, mediante la creación de un Consejo Superior de la Judicatura que sustituiría totalmente el trabajo que hoy realizan la Corte Plena y al Consejo Superior del Poder Judicial.
En la actualidad los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son designados por la Asamblea Legislativa. El proyecto busca establecer un nuevo mecanismo para la elección de los jueces, alejándolo del poder político que existe en la Asamblea Legislativa y reubicándolo en esa figura del Consejo Superior de la Judicatura.
La composición de este Consejo sería de 17 miembros: tres litigantes propuestos por el Colegio de Abogados, tres catedráticos en Derecho propuestos por Consejo Nacional de Rectores (Conare) y 11 jueces nombrados mediante votaciones universales y secretas a lo interno del Poder Judicial, con base en una carrera de méritos.
Para que este proyecto se apruebe se requiere de una reforma constitucional.
El proyecto trata de eliminar los puestos de magistrados, por unos de jueces de casación. Todos serían jueces y las diferencias entre ellos dependerían de la diferencia en la naturaleza de las funciones que realizan.
“Actualmente tenemos una instancia compuesta por magistrados, que son los que ven el aspecto administrativo y judicial, y la idea es tratar de reformar esta posibilidad. Queremos un poder judicial que esté lo más descontaminado políticamente. Que haga justicia a la cultura de la legalidad”, expresó Alfonso Chacón, abogado, profesor universitario y asesor de la fracción del Frente Amplio.
Romper con el poder
El sistema actual de estructuración del órgano judicial encierra una gran cantidad de labores que, según los promotores del proyecto, impiden un enfoque en las esenciales.
Adriana Orocú, jueza y presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), comentó que dicho órgano es una instancia compuesta por magistrados, que son los que ven el aspecto administrativo y judicial, todo al mismo tiempo, lo cual genera una concentración de muchas labores que impiden una precisa garantía al acceso igualitario de los ciudadanos a la ley.
La jueza agregó que la concentración de poder y la forma de elección de magistrados, hace que sea un sistema de elección oscuro, que no tiene signos de transparencia y democracia.
Asimismo, Orocú asegura que las personas no tienen posibilidad de darle seguimiento efectivo al nombramiento de un magistrado.
Según Chacón, el Poder Judicial costarricense tiene una herencia napoleónica, con una adaptación que ha logrado sobrevivir en nuestro territorio, pero según los analistas; no debería repetirse ni aplicarse en otro lugar.
“Se trata de un Poder Judicial que quiere hacerlo todo: gobernarse a sí mismo, hacer una función jurisdiccional. Este tipo de elementos deben revertirse en función del régimen disfuncional”, explicó José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala Tercera y uno de los invitados al conversatorio.
Además, se discute que las sociedades democráticas deben regirse por la separación en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial con pesos y contrapesos y una serie de controles recíprocos en los que cada uno de estos sectores tiene competencias, pero de alguna manera también vínculos.
La implementación
En 1993 hubo una necesidad de modernizar y hacer una reforma para crear el Consejo Superior del Poder Judicial. Sin embargo, se insiste en la necesidad de buscar una serie de cambios, que eviten los descontentos y actos de corrupción por los que ha venido pasando en los últimos años.
José Manuel Arroyo señaló un descontento por seguir teniendo en funcionamiento una democracia con un poder tan anquilosado y anclado en el siglo XIX; por ello la propuesta que hace Wálter Antillón se hace urgente para adaptar la estructura de trabajo a la actualidad.
Para la implementación de esta reforma, el informe que presentó el Frente Amplio a la Asamblea Legislativa indica que debe armonizarse con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Servidor Judicial, así como otra legislación conexa (Ley Orgánica del Ministerio Público), para delimitar y establecer los márgenes de acción del nuevo Consejo Superior de la Judicatura.
La Reforma Constitucional fue presentada el 31 de julio por el Frente Amplio, bajo el expediente número 20.472. Para que se pueda acoger, se pide un mínimo de diez firmas, las cuales el proyecto ya consiguió.
Luego de ello, la Constitución establece un procedimiento que aplica cuando se presenta una reforma al plenario, se escoge a tres diputados para que emitan sus opiniones sobre la reforma y, una vez que la dictaminen, procede la publicación en La Gaceta.
“Es un proceso difícil, sabemos que estructuralmente estamos tocando sensibilidades muy profundas. Hasta el momento no se ha designado la comisión para la discusión del proyecto”, declaró Arroyo.
Por su parte, Adriana Orocú manifestó que la reforma durará en implementarse conforme la voluntad política que haya y la presión social que se ejerza sobre la iniciativa.
El marco de la discusión de esta propuesta, se dio el pasado martes 3 de octubre mediante un conversatorio realizado en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y contó con invitados como José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala III; Alfonso Chacón, asesor legislativo y profesor de derecho; José Miguel Corrales, exdiputado; y Adriana Orocú, jueza y presidenta de Acojud.
