Cinco de las seis fracciones de la Asamblea Legislativa manifestaron interés en integrar una comisión que investigue a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, ante una denuncia en su contra que ella misma envió al congreso y que se refiere al uso inadecuado de vehículos institucionales.
Sólo Pilar Cisneros, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), guardó silencio cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, preguntó cuáles fracciones están interesadas en integrar la comisión.
Crespo hizo llegar la denuncia acompañada de un breve oficio en el que revela la identidad de la persona denunciante y además añade como anexo una resolución de 2015 de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en que se exculpó de una acusación similar al Alcalde de Vásquez de Coronado.
Crespo ya anunció que no está interesada en mantenerse en el puesto, por lo que su gestión concluirá el próximo 12 de diciembre.
Denuncia
El texto de la denuncia que Crespo remitió a la Asamblea Legislativa esta dirigido a “Autoridades de la Defensoría de los Habitantes” y apunta que busca “evidenciar el mal uso” que se da a los vehículos placas BQT-936 y BHG-296, que de acuerdo a información registral aportada en el documento, pertenecen a la Defensoría de los Habitantes.
Tras citar la legislación y normativa considerada pertinente -como el Reglamento para la administración y prestación del servicio de transporte en la Defensoría de los Habitantes de la República-, la denuncia apunta que Crespo habría utilizado esos vehículos para acudir en horas laborales a un comercio tipo estética dedicado a cejas y pestañas y ubicado en Rohrmoser.
La denuncia incluso menciona movimientos extraños en el sitio y cuestiona si todas las actividades que allí se realizan son legales.
En lo que a Crespo concierne, el documento menciona una carpeta de Google Drive donde se recopiló información como videos y fotografías. En la denuncia propiamente dicha aparece una fotografía que aparentemente ubica a Crespo ante el local comercial y con el vehículo placa BQT-936 el pasado 25 de agosto.
También se aportan otras fotografías que muestran a ambos vehículos estacionados en zonas cercanas a la estética.
Tras una consulta hecha al Ministerio Público, desde esa instancia se informó que de acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Crespo figura como denunciada en las siguientes causas: expediente 22-000037-033-PE, por el presunto delito de incumplimiento de deberes; expediente 22-000210-1218-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias, y el expediente 22-000331-1218-PE, por el presunto delito de peculado.
En vista de que las tres causas se encuentran en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, “no es posible confirmar los hechos denunciados”, se indicó.
Malestar
Arias informó a las seis jefaturas de fracción que al tema se le asignó el número de expediente 23.462 y que, de acuerdo con el Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, lo que corresponde es conformar una comisión investigadora que contará con 15 días hábiles para presentar un informe al plenario. Esa norma además faculta a la Defensora para que comparezca ante el congreso para defender sus actuaciones.
Como se dijo, cuando Arias consultó cuáles fracciones están interesadas en participar en la comisión, sólo Pilar Cisneros, la jefa oficialista, guardó silencio.
Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) además de manifestar interés en participar, expresó preocupación pues desde el 28 de setiembre se recibió una denuncia contra la Defensora Adjunta por malversación de fondos. Arias le solicitó que le enviara una copia, pues no la conoce.
Por su parte, el jefe del Frente Amplio Jonathan Acuña, tras manifestar el interés de su fracción en participar, observó con gravedad que “la Defensora no remite únicamente el documento de la denuncia, sino que se permite trasladar una especie de manifestación en su defensa, que es totalmente inadecuada, que no corresponde en este momento”.
Se refirió con ello a la mencionada resolución de la Sala III y solicitó que se le comunique a Crespo que “en el proceso corresponderá que pueda realizar su debida defensa, pero no es adecuado que envía de una vez una resolución de la Sala y una especie de manifestación de su defensa en compañía de la denuncia que le fue dada conocer y que remite a la Asamblea Legislativa”.
Arias replicó que “estamos claros en eso”.
Desde el mismo partido, el diputado Antonio Ortega, quien ha dado seguimiento a temas de la Defensoría, expresó su preocupación porque “la señora Crespo Sancho ahora se escuda en el precedente de impunidad de un alcalde que utilizó el vehículo institucional para meterse a un motel con una acompañante, como justificante para no rendir cuentas por el uso de recursos públicos en la Defensoría”, también en referencia a la citada resolución de Sala III.
El diputado añadió que “por este tipo de abusos desvergonzados es que actualmente la Asamblea Legislativa en (la Comisión de) Gobierno y Administración impulsa una reforma (expediente 21015) para ponerle fin a esta fiesta que al igual que el alcalde ayer y la señora Crespo Sancho hoy, no conocen la distinción entre el interés público y sus agendas y gollerías personales”.
Ortega además felicitó a la persona que “denunció este mal manejo de recursos públicos” por su “valentía”.
“Las nuevas generaciones ya no tienen miedo de denunciar la politiquería que debe quedar en el pasado”, por ello consideró que la persona denunciante “hizo lo correcto y Costa Rica y la transparencia se lo agradecen”.
El abogado y exdiputado también del Frente Amplio José María Villalta, reconoció que “la experiencia no ha sido muy positiva con esas comisiones en la Asamblea como régimen disciplinario o como procedimiento administrativo para investigar denuncias contra la Defensora”.
Recordó que ya ha habido dos procedimientos hechos de esa forma y “la experiencia es que no es la instancia ideal, se hace porque es lo que ordena la ley de Defensoría, pero se termina politizando y hemos tenido procedimientos en que los diputados afines a la Defensora la defienden independientemente de los cuestionamientos, se da poco espacio para análisis reposado, habría que buscar otro mecanismo para sentar responsabilidades”.
Recordó con claridad en particular uno de ellos que llegó a plenario y se trató de “una cantidad grande de denuncias de funcionarios de la Defensoría por supuesto favorecimiento a Rodolfo Piza en el tema UPAD, movimientos internos con nombramientos, eliminación de instancias de participación, una lista larga”.
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Fracción intenta posicionar un informe de minoría y se enfrenta contra un plenario que defiende que Crespo no fue negligente ni incumplió la ley en la Defensoría de los Habitantes.
Villalta insistió en que el dado en la Asamblea Legislativa “no ha sido trámite adecuado, se politiza mucho”.
Respecto del hecho de que Crespo identificase a su denunciante , comentó que hay que ser cuidadosos con manejo de información sobre todo identidad de personas denunciantes cuando son hechos de corrupción y no promover que haya mayor impunidad si el manejo de denuncias se convierte en causa de escarnio o persecución contra alguien que actuó de buena fe. Eso provocará que nadie quiera denunciar”.
