Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), liderados por Eliécer Feinzaig, anunciaron este martes que intentarán convencer al resto de legisladores de enviar a examen de constitucionalidad el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para reformar las potestades de la Contraloría General de la República mediante un referendo.
La posibilidad de enviar el expediente a consulta en la Sala Constitucional antes de una eventual votación en la Asamblea Legislativa se justifica por la necesidad de tener certeza de que no haya roces con la Constitución Política, como han advertido distintos abogados.
«El referéndum es una herramienta democrática en la que creemos, que apoyamos, y que debe usarse con responsabilidad. Pero hay que estar seguros de que los artículos del proyecto a consultar están bien elaborados y no se van a caer luego», dice el comunicado de la bancada naranja.
La fracción del PLP advierte del peligro de ir a una consulta popular que costaría unos 3.500 millones de colones y sin saber si están bien planteados los artículos del proyecto, como se suele hacer con distintos proyectos de ley.
“Este es un acto de responsabilidad, de cuidado del tiempo y de los recursos de los contribuyentes. Lo responsable es consultarlo para ir a la segura”, añadió Feinzaig sobre una posibilidad que ya temía el presidente Rodrigo Chaves cuando dijo que diversas instancias quieren buscar «el pelo en la sopa».
Las dudas del PLP derivan de los señalamiento de diversos juristas sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional que obligaría a acudir a una reforma constitucional para poder reducir potestades de la CGR, lo cual hace que una ley sea insuficiente, sea aprobada por diputados o en un referendo.
La posibilidad de una revisión constitucional también podría ser planteada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien en esta semana tiene previsto entregar una resolución sobre eventuales consultas previas necesarias para la votación del expediente 24.364.
