Los recursos disponibles en el Fondo Nacional de Emergencias (FNE) son apenas un 29% de lo que había hace un año, cuando la pandemia llegó al país.
En marzo pasado, tras la declaratoria de emergencia nacional, este fondo, administrado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), contaba con ¢47.444,6 millones. Para agosto, y a pesar de las inyecciones de recursos por parte de otras instituciones, el disponible había caído en un 43%.
En la actualidad, el FNE cuenta con ¢137.000 millones pero solo están disponibles ¢13.560 millones, según informó la Comisión a este semanario. Este monto es el más bajo disponible desde marzo pasado y según estas autoridades “es insuficiente para la atención de las pérdidas según la evaluación de daños de las últimas emergencias”.
Del monto total, hay ¢116.000 millones que están comprometidos en proyectos de reconstrucción por la pandemia y ¢8.764 millones destinados a la operación ordinaria de la Comisión.
En entrevista con UNIVERSIDAD, el presidente de la institución, Alexánder Solís, confirmó que urge inyectar más recursos para ejecutar actividades necesarias en respuesta a recientes emergencias. El total de las acciones planteadas en el plan de atención de la pandemia (actualizado a agosto del 2020) ascendía a ¢336 millones, mientras que las requeridas tras el paso del huracán Eta, que recién se aprobaron la semana pasada, necesitan otros ¢128,9 millones.
La CNE detalló que durante la pandemia se han ejecutado en total ¢38,949.3 millones y han ingresado ¢47,178.8 millones al Fondo, provenientes mayormente de instituciones públicas. Se destacan los aportes del Ministerio de Salud con ¢10,542 millones, el INA con ¢6,500 millones, la UCR y Recope con ¢5.000 cada una y Judesur con ¢3.750 millones. Los aportes de la empresa privada ascienden a ¢716.8 millones.
Anomalías en trámites
Un informe emitido en diciembre por la Contraloría General de la República (DFOE-AE-IF-00011-2020) señaló diversas “debilidades” en los procesos de contratación que aplica la CNE y que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del Fondo de Emergencias.
Esta auditoría analizó 15 contrataciones realizadas entre marzo y agosto del 2020, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19, por un monto total ¢5.540,7 millones (cerca del 90% del gasto al momento). En al menos once de esos expedientes, la CGR señaló anomalías o debilidades que van desde la ausencia de documentación que permita verificar la entrega de lo adquirido y diferencias entre las solicitudes de pago y las facturas, hasta dificultades para determinar el nexo de causalidad entre el evento (la pandemia) y los bienes o servicios contratados.
“Se declaró emergencia nacional para acceder al régimen de excepción”, Alexánder Solís.
El jerarca de la Comisión aseguró que los señalamientos de la CGR “no corresponden” y que fueron refutados, pero que la entidad no le dio trámite a sus argumentos. “Por ejemplo, aquí no se aprueba ninguna contratación que no tenga nexo de causalidad, eso se analiza en la Junta Directiva y si no se puede comprobar el nexo, no se aprueba, así hemos rechazado muchas solicitudes”, dijo Solís, en una entrevista realizada el lunes 1 de marzo.
Además, señala el documento de la Contraloría, la CNE “no ha elaborado análisis prospectivos de ingresos y gastos que permitan dimensionar la sostenibilidad del FNE para hacer frente a la presente emergencia”. Este fallo, afirma el ente contralor, impide sustentar la solicitud de recursos a otras instituciones públicas, urgentes en el contexto actual (por ley, el FNE puede recibir dinero de instituciones públicas y privadas; también se pidió desglose de estos ingresos que continúan en trámite).
Al amparo de la declaratoria de emergencia nacional y del régimen de excepción que generó, las contrataciones analizadas se realizaron por mecanismos extraordinarios, que permiten “ciertos márgenes de agilidad y excepción de trámites”, según señala el plan de manejo de la emergencia de la CNE.
Emergencia dio acceso a régimen de excepción
El principal motivo para realizar la Declaratoria de Emergencia Nacional ante la pandemia fue poder acceder al régimen de excepción. Este mecanismo no solo permite aplicar restricciones al comercio o a la movilidad, sino que permite realizar compras y contrataciones por vías extraordinarias, con menos trámites y requisitos, reconoció el presidente de la CNE. “Se declaró emergencia nacional para acceder al régimen de excepción”, dijo Solís.
Por ejemplo, la “Ley para el Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito” (N°9843) promovida por el liberacionista Gustavo Viales, autorizó el traslado de ¢3.750 millones del superávit de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a la CNE, para que a través de sus mecanismos (más expeditos al amparo de la emergencia), pudieran ejecutarse proyectos en los cantones del sur de Puntarenas.
Hasta el momento, la CNE ha aprobado casi ¢1.800 millones en proyectos en Osa, Golfito, Coto Brus y Buenos Aires. Vehículos, insumos para la siembra, remodelaciones y materiales de construcción son algunos de los rubros en que se ha invertido el dinero.
El presidente de la CNE, Alexánder Solís, explicó que “podría sonar raro” que Judesur pasara dinero a la CNE con la condición de que reinvierta en la zona en la que la misma entidad opera, pero que la razón es, justamente, que es esa Comisión la que puede echar mano de los mecanismos excepcionales en el marco de la emergencia. El jerarca insistió en que todos los proyectos que se han ejecutado o autorizado están relacionados con la crisis sanitaria.
La declaratoria de la emergencia fue recomendada por la CNE al Poder Ejecutivo el 16 de marzo, basada en la detección de casos en territorio nacional y en la alerta sanitaria por “pandemia internacional” emitida por la Organización Mundial de la Salud días antes. Ese mismo día, cuando se registraban apenas 41 casos de COVID-19, se firmó el decreto, argumentando que permitía “tomar medidas presupuestarias y administrativas más ágilmente y dar continuidad a los servicios”.
Declaratoria requería riesgo demostrado
La flexibilización de trámites, sin embargo, resultó en anomalías como el otorgamiento de contrataciones a empresas que no tenían experiencia (ver nota: CNE contrató sociedad inexperta de socialcristiano y dos empresas veteranas de liberacionista) o bien, errores en los procedimientos, como los que ha señalado la CGR.
Según explicó el expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias a UNIVERSIDAD, Ivan Brenes, para realizar una declaratoria de “emergencia nacional” es necesario que existan daños cuantificables demostrados y no solamente datos relativos al riesgo o peligro inminente.
Consultado por este semanario, Alexánder Solís explicó que se realizó esta recomendación considerando el contexto de amenaza y riesgo latente, que “superaba la capacidad de respuesta instalada”, pero no mencionó daños cuantificados al momento de su emisión.
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo define “emergencia” como el “estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas”. Y establece que su declaratoria “permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden, para atender a las personas, los bienes y servicios”.
Brenes explicó que hay otras figuras que pueden utilizarse que permiten imponer restricciones y realizar cierres de ser necesarios, que son la emergencia sectorial sanitaria y la declaratoria de riesgo inminente.
La asesora legal de la CNE, Arianna Jiménez, sin embargo, consideró que solamente la declaratoria de emergencia nacional brindaba a la institución las potestades necesarias para atender la crisis.
El jerarca de la CNE detalló excepcionalidades aplicadas a compras específicas en el contexto de la emergencia, asegurando que “no hubo interés en favorecer a nadie” (ver nota: CNE sobre diarios COVID-19: ‘AED fue el único caso en el que aplicamos una excepción de ley’).
