El Fondo de Jubilaciones de los Empleados del Bando de Costa Rica solamente le paga a cada empleado lo que acumula a lo largo de los años y no genera cargos al presupuesto nacional, según su Junta Administradora.
Así lo explicó su presidente Rodolfo Sánchez, durante una comprecencia con la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Dicha comisión discute actualmente el proyecto de ley 21824, que derogaría este tipo de fondos y trasladaría sus recursos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que administran múltiples operadoras públicas y privadas.
El mencionado fondo, explicó Sánchez, se maneja de manera individualizada desde hace años, es decir, que a cada empleado que se pensiona se le paga solamente lo que ha acumulado a lo largo de sus años de participación. Actualmente, dijo, solamente tiene 24 pensiones en curso de pago y 8 que fueron heredadas del disuelto Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Así, este fondo al igual que el del Instituto Costarricense de Turismo no generan cargas al presupuesto nacional y “no tiene sentido” mezclarlos en un proyecto en que la mayoría de los fondos son sociales, es decir, que pagan las pensiones de un fondo común que alimenta toda la afiliación.
Por esa razón, dijo el especialista, no consideran que el proyecto sea pertinente y de aprobarse, solicitaron a las y los diputados que se tomen previsiones para no afectar ni a las personas afiliadas, ni el mercado de pensiones, que en su criterio, puede desestabilizarse al liquidarse al mismo tiempo cinco fondos.
Así, solicitaron que se permita que se liquiden los recursos acumulados a favor de las personas trabajadoras para no afectar sus proyectos de vida a futuro. “Si lo que se quiere es eliminar el aporte institucional, que ha sido el discurso que se ha mantenido, al menos permitanle a la gente rediseñar su proyecto de vida”, dijo.
Igualmente, pidieron dar un plazo a las juntas administradoras de entre 6 y 18 meses para liquidar los fondos por solicitud de los afiliados y así evitar problemas en el mercado pues habría una sobreoferta de títulos valores. “Permitan que se hagan las liquidaciones sin afectar a los afiliados ni al mercado, delegando la metodología a las juntas”, exhortó el jerarca.