El Poder Ejecutivo presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo del proyecto de ley Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19, sin embargo, requiere de modificaciones para evitar que se financian créditos malsanos en lugar de ayudar a reactivar la economía.
Así lo consideró el diputado oficialista Welmer Ramos y los economistas Fernando Rodríguez y Leiner Vargas, quienes coincidieron en que un sistema de este tipo debe estar muy bien definido desde el principio, ya que podría convertirse en un salvamento para el sector financiero nacional, al aceptar deudores que tengan niveles de riesgo muy elevados.
“A los costarricenses que venden en el mercado o que necesitan para financiar un taller, no les prestan. Sin embargo, pretenden prestar a los grandes empresarios, inversionistas y deudores de la banca pública y privada les prestarán sin tener capacidad de pago”, Leiner Vargas.
Para el legislador Ramos la estructura del proyecto es muy confusa, porque establece que el fiduciario del Fondo será el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es decir, quien deberá administrar y velar por el uso de los fondos, pero este es sustituido por un Consejo Rector que estará a cargo de la ejecución de los recursos, y en el caso de recurrir al aval para cobrar la garantía, se debe ir al Ministerio de Hacienda.
Dicho Consejo Rector tendrá a su cargo aprobar los porcentajes de pérdida esperados, las reglas para los potenciales usuarios del Fondo en términos de menores tasas de interés, condiciones de plazo o estructura de amortización, determinar comisiones por el uso de avales, definir el monto máximo de avales y garantías por cartera, así como cliente o grupo de interés económico.
“No queda claro cómo será posible administrar el aval de forma sostenible, pues hay que pagar una pérdida esperada, un costo operativo, habrá que hacer la devolución del crédito que otorgue el BCIE y no se garantiza que sean operaciones nuevas o que sólo cubra el faltante de garantías de préstamos viejos”, explicó el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Desde su perspectiva, el proyecto puede ser una herramienta para reactivar la economía, pero no establece el riesgo que asume cada una de las partes, y sobre todo, la forma en que el Estado evite un riesgo contingente muy grande.
A primera vista, sostiene Ramos, parece que el Fondo de Avales podría perder mucho. No se diferencia entre tamaños de empresas, ni hace exclusiones, por ejemplo, cuando se trate de grandes grupos económicos que tengan solidez en otras empresas, no deberían entrar a beneficiarse con este fondo.
“Al proyecto lo aprobaría con una serie de cambios que equilibren más los riesgos, que delimite quienes entran y quienes no; que se separen operaciones viejas con complemento de garantías y créditos nuevos, definir los montos que se van a avalar; porque así como está redactado defiende los intereses de la banca y lo que necesitamos es dinamizar la economía del empresariado, dar viabilidad a aquellos que les falta liquidez y que no se convierta en una socialización de pérdidas”, añadió el legislador.
Urge definir impacto social
Por su parte, el economista Fernando Rodríguez sostuvo que es necesario generar reactivación, al establecer límites para operaciones pequeñas, impulsar negocios que produzcan innovación como avales para compañías que trabajen en transformación energética o negocios verdes, de manera que sea un semillero de actividades de impacto y que en el sesgo no termine concentrando el aval de créditos muy riesgosos.
La idea es evitar que tienda a llegar a sectores con niveles de riesgo o capacidad de pago muy disminuidas y que sepan que van a entrar en problema. Podría resultar muy beneficioso otorgar los avales a proyectos con alto impacto productivo social, pero si no funciona el fondo deberá asumirlo.
“El problema con un sistema de estos es que puede crearse un riesgo moral, eso significa que se seleccionen operaciones de crédito o deudores que tengan altos niveles de riesgo; se les presta la plata y al no pagar, el gobierno tendría que asumir. La cartera hay que distribuirla para pequeñas y medianas empresas, y otra parte para grandes compañías y avalar las actividades que más necesitan recursos para producir empleo y con incidencia en las regiones del país”, añadió Rodríguez.
En contraste, el economista Leiner Vargas, criticó con mayor fuerza el proyecto presentado por el Ejecutivo y lo denomina una estrategia para sanear la cartera del sistema financiero y poner a los bancos públicos a prestar a personas que no tienen viabilidad económica.
Sostiene que mientras muchos hablan de despilfarro, el excesivo gasto público y que los trabajadores tienen que socarse la faja para ayudar al equilibrio de las finanzas públicas, el Ejecutivo presentó un proyecto, con el beneplácito de entidades como Sugef, Conassif y el Banco Central, para pasar las pérdidas del sistema financiero a manos públicas.
“El Fondo de Avales pone a los bancos a prestar a los proyectos que ya no son viables, y lo peor, violenta los procedimientos mínimos de control que tiene que tener las instancias para que se preste a quien no tiene capacidad de pagar. A los costarricenses que venden en el mercado o que necesitan para financiar un taller no les prestan. Sin embargo, pretenden prestar a los grandes empresarios, inversionistas y deudores de la banca pública y privada, les prestarán sin tener capacidad de pago”, concluyó Vargas.
“Los empresarios turísticos necesitamos un rescate financiero”
María José Núñez Chacón
Carlos (nombre ficticio para guardar la confidencialidad) trabaja en el sector turístico y mantuvo a su personal hasta mayo del 2020, esperando que la crisis pasara pronto, pero no fue así.
Durante meses ha tenido prácticamente cero ingresos, y en diciembre se vio obligado a vender su carro para pagar los impuestos, el marchamo de sus unidades de transporte de turistas, el canon de transporte público y honrar los aguinaldos de sus trabajadores, aunque la mayoría continúa con el contrato suspendido.
“Cuando el gobierno anunció que había inyectado plata a los bancos para ayudar al sector productivo, me acerqué a una entidad financiera a solicitar un crédito, sin embargo, lo primero que me pidieron fue mi flujo de caja, ¿pero cuál? Si tenemos 11 meses de no producir nada”, contó Horacio, otro empresario turístico (nombre ficticio para guardar la confidencialidad).
Esteban (también con nombre ficticio) compró en una agencia de autos una microbús de turismo en febrero de 2020, sin saber que en pocas semanas llegaría la pandemia, el costo total era de $55.000 y entregó una prima de $10.000.
Tuvo una prórroga por unos meses, pero al llegar septiembre se dio cuenta que era imposible pagar la cuenta, dado que no tenía ingresos, fue a la financiera para devolver la microbús -que estaba casi nueva con solo 125 kilómetros-, le hicieron el avalúo y le dijeron que le quedaba un saldo de $6.000, que debía pagar. ¡Hoy sus deudas son más grandes de lo que valía el vehículo que puso a responder!.
Historias como estas se repiten entre los pequeños y medianos empresarios turísticos, quienes han sido uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia. La mayoría de ellos han apalancado sus negocios a través de créditos en el sistema financiero nacional, pero durante todos estos meses no han recibido ninguna ganancia.
De acuerdo con Juan Carlos Salazar de Asotranstur el panorama es turbio para el sector turístico y están convencidos de que lo que se requiere son salvamentos financieros o condonar deudas.
“Quisiéramos que se ponga en marcha Banca para el Desarrollo para lograr salir de esta situación, al menos para los empresarios que hasta la llegada de la pandemia eran prósperos y honraban sus deudas. Ahora plantean un fondo de avales, donde se dice que serán favorecidas empresas que no están morosas, pero todos estamos morosos: hoteles, restaurantes, transportes”, detalló Salazar.
De hecho, recientemente representantes del sector turístico se reunieron con el presidente de Conassif, Alberto Dent, a quien le expusieron la situación que viven y la necesidad de buscar soluciones con el sistema financiero nacional. Sin mayores resultados, el representante de la entidad reguladora indicó que estaban abiertos a cualquier propuesta que hicieran los bancos, pero no ofrecieron ninguna solución.
“Desde abril estamos diciendo que es necesario una ley que obligue a las Juntas Directivas de bancos a ofrecer soluciones de emergencia en esta gran crisis. Estas entidades no han perdido nada, y solo han alargado los tiempos de las deudas con períodos de gracias. Las cuotas hay que pagarlas, y en muchos casos doble, es evidente que el turismo todavía no ha regresado”, comentó Tadeo Morales de la Arenal Cámara de Turismo.
Históricamente el turismo ha sido una de las principales actividades económicas del país, con una fuerte participación de zonas costeras y regionales, y que ha tenido un retroceso de 40,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).