El Fondo de garantías para inversionistas en títulos valores emitidos por bancos privados y cooperativos —que a 2019 se calculaba en unos $30 millones— y que es administrado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) no puede utilizarse para otro fin que no sea el que le dio su origen: proteger a personas que inviertan en dichas entidades como un mecanismo que les garantice no perder su dinero en caso de una quiebra.
Así lo confirmaron dos abogados que realizaron un análisis encargado por Banco UNO, Banco Improsa, Banco Promerica y el Banco Lafise en el año 2005 y del cual UNIVERSIDAD tiene copia.
El Fondo fue creado en 1985, con un origen similar al del Fondo de Garantía de Depósitos que, actualmente, custodia el Banco Central de Costa Rica, se consolidó con aportes obligatorios de los bancos que intermediaron una serie de créditos brindados por la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (AID).
El AID aportó el dinero, el cual se le encargó al Banco Central de Costa Rica (BCCR), con la condición de que este se lo prestara a los bancos privados y estatales. Para los bancos privados que estuviesen interesados en solicitar esas líneas de crédito —que eran muy accesibles— tenían que ceder el equivalente a cuatro puntos porcentuales del “spread” (del diferencial de tasas) que ellos tenían a la hora de colocar esos créditos con los consumidores, a fin de que se consolidara el fondo de garantías.
La idea era dar mayor seguridad financiera mediante la protección de los depositantes y ahorrantes, es decir, su objetivo final siempre fue contar con recursos en caso de la debacle de entidades financieras como las que sucedieron con Bancrédito, el Banco BICSA, Aldesa y, más recientemente, Coopeservidores.
El dinero recaudado —fijado por reglamento en un 4% de la tasa de interés que se cobró sobre los créditos— se planteó inicialmente que se depositaría en las arcas del Banco Central para que se administrara como parte de los recursos públicos del sistema financiero nacional, sin embargo, pronto fue trasladado a la ABC, asegurando que el BCCR no tenía capacidad de administrar el fondo.
“Luego de años de administrarlo se sintieron dueños del fondo, y pese a que se creó para los inversionistas en caso de quiebras, bancos privados y cooperativas, cuando planteamos un proyecto de ley que devolvía el dinero al Banco Central para aportar al entonces nuevo Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), la ABC se opuso”, detalló la exdiputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez.
Recientemente, con la intervención y determinación de la quiebra de Coopeservidores se reavivó el tema, pero se centró en si dicho fondo era público o privado, y si debería o no usarse para responder en casos de quiebras para que los inversionistas y ahorrantes no pierdan sus dineros.
¿Qué dice el análisis de los juristas?
La opinión jurídica firmada por los abogados Diego Baudrit Carrillo y Eduardo Sancho González (quien años después fue magistrado de la Sala Constitucional) fue remitida en noviembre de 2005 a los gerentes generales de Banco UNO, Improsa, Promerica y Lafise, y para su consolidación analizó una gran diversidad de antecedentes, entre ellos, una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República y el informe que emitió el órgano contralor, aduciendo que eran fondos privados.
Señalaron en dicha investigación que, de los dineros generados por el servicio de los préstamos a los usuarios finales, los cuatro puntos porcentuales no podían calificarse como utilidades que les pertenecieran a las entidades financieras, porque desde un inicio los bancos privados conocían que debía trasladar ese porcentaje al BCCR para la constitución del fondo.
Indicaron los expertos, que los recursos no pertenecían al BCCR, tampoco a los prestatarios, ni a los depositantes, y si bien eran de origen privado, el traslado de los dineros no constituía un beneficio para la ABC, puesto que el destino estaba claramente especificado en el reglamento, por lo que, al pasarse estos recursos a la ABC, no podía considerarse como una donación que podían usar a su conveniencia.
“El fondo se constituyó por orden del BCCR, que asignó los recursos a la ABC, a quien los bancos privados trasladaron en su oportunidad el 4%. Esos recursos únicamente puede destinarlos la Asociación Bancaria Costarricense a la constitución de un fondo de liquidez y garantía para los inversionistas en títulos valores emitidos por los bancos privados. Se creó un patrimonio de afectación”.
Añadieron los abogados en su análisis, como parte de sus conclusiones, que la ABC no puede utilizar esos bienes para fines distintos, ya que los desviaría del objetivo para el que se los traspasaron y sería responsable civilmente de los daños y perjuicios causados por esos actos.
“El fondo era para los inversionistas y ahorrantes”
De acuerdo con la exdiputada Patricia Pérez, desde siempre se ha sabido que los recursos de dicho fondo eran para funcionar como garantía de inversionistas o ahorrantes de cualquier banco privado o cooperativa que entre en quiebra, por ejemplo, hubiese servido para los afectados de Coopeservidores.
“Cuando fui diputada tratamos de que la ABC aportara el fondo como capital semilla al nuevo Fondo de Garantía, que actualmente administra el BCCR, y así lograr una mayor robustez, pero tuvimos una oposición férrea de la ABC. Llegaron a nuestras manos documentos que señalaban que dicho fondo se usaba para viajes y capacitaciones, y el entonces presidente de la Asociación, Gerardo Corrales, negó todo (comisión legislativa) dijo que era un fondo privado y que no tenían que darlo”, contó la exlegisladora.
UNIVERSIDAD solicitó entrevista a Corrales el 19 de agosto para conversar sobre el tema y la posición que tenía la ABC cuando él fue presidente de la organización, a lo que respondió que estaba en una cita y que nos devolvería la llamada, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
El proyecto inicial que planteaba el traslado de dicho fondo no se aprobó y terminó la legislatura del periodo 2010-2014. La siguiente Asamblea Legislativa (2014-2018) retomó el tema del Fondo de Garantía, pero, al aprobarse en Plenario, eliminaron la parte en que la ABC trasladaba los recursos del 4% del diferencial del crédito aportado por la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (AID).
Dineros que servirían en casos de quiebras
Cabe recordar que el pasado 13 de mayo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R. L. (Coopeservidores), pues su administración estaba poniendo en riesgo su “estabilidad y solvencia” y poco después determinó que era inviable y decidió dar por terminada la intervención para iniciar el proceso de resolución.
En julio se anunció que se aceptó una propuesta del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para comprar el 80% del “banco bueno” de la cooperativa, es decir, de los activos saludables, al tiempo que ese banco asume los depósitos y préstamos garantizados —en concreto, los depósitos e inversiones hasta por ₡6 millones— y un pequeño porcentaje de los no garantizados.
De manera tal que las personas que tienen inversiones y depósitos de menos ₡6 millones recuperarán la totalidad de su dinero, pero quienes tengan más de ₡6 millones perderán alrededor del 49,32% del total, de modo que las pérdidas serán asumidas en su totalidad por los afiliados, ahorrantes e inversionistas de la entidad, pues los millones que actualmente se acumulan en el Fondo de Garantía de Depósito no se tocarán.
Y no es el único caso. En 1994, luego de la intervención y quiebra del Banco Anglo, se impulsaron reformas al sistema que incluyeron la transformación de la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Pero fue suficiente, porque en los últimos 30 años se presentaron 14 intervenciones a entidades que estaban bajo supervisión, y en todas las pérdidas de quienes tenían ahorros e inversiones fueron arrasadoras y ningún fondo de garantía respondió por ellos.
Por ejemplo, en 1997, se dio la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Entidades Evangélicas R.L (Coopevan), en 1998 el Banco Federado fue intervenido por problemas de liquidez, luego de una corrida de fondos por la crisis en Coovivienda; y, ese mismo año, el brazo financiero del movimiento cooperativo, el Banco Cooperativo Costarricense (Bancoop), se vio intervenido por imposibilidad de alcanzar estimaciones adicionales por los préstamos otorgados.
Un año después, Coovivienda sufrió el mismo destino, al igual que Viviendacoop, y, para el año 2000, el Banco Solidario corrió la misma suerte, luego que la Sugef concluyera que el mejoramiento de su cartera no correspondía a la realidad. Y a los tres años, Bantec fue intervenido por su mala gestión y negocios riesgosos.
La racha siguió en el año 2004 con la intervención del Banco Elca, el cual fue declarado en quiebra en marzo del 2005, en un proceso que involucró a 800 acreedores que no vieron ningún beneficio del Fondo de Garantía.
Para el 2000, la Sugef intervino a Coopemex, afectando los ahorros de 88.000 mil personas; en 2015, le tocó el turno a Coopeaserrí y dos años después a Bancrédito.
En el año 2021, se conoció uno de los casos más impresionantes, en cuanto a personas afectadas y cantidad de dinero, al determinarse el incumplimiento en la política de inversión de sus fondos de inversiones y a la fecha, los afectados no han logrado recuperar ni un colón de sus dineros.
Y recientemente, el Conassif ordenó la intervención de la Financiera Desyfin S.A. por recomendación de la Sugef ante una serie de irregularidades que han llevado a una pérdida interanual de ₡4.000 millones al mes de junio de 2024.
Proyectos para trasladar Fondo de Garantía resultaron fallidos
Presentan denuncia por aparente peculado y malversación en administración de Fondo de Garantía
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción recibió la denuncia y le designó el número de causa 24-000308-1218-PE.
