Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordaron este miércoles, por unanimidad, llamar a comparecer a los representantes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) por el incumplimiento en un proyecto para llevar Internet de banda ancha a escuelas en comunidades alejadas de la zona Norte.
Los legisladores aprobaron dos mociones; una fue presentada por el liberacionista y presidente de la Comisión, Rolando González; y la otra por el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, en conjunto con otros legisladores.
La Comisión decidió que también se llame a comparecencia a jerarcas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel); la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep); el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); Ministerio de Educación Pública (MEP); la Contraloría General de la República (CGR) y a las empresas Claro y Telefónica, las cuales ganaron los contratos del proyecto.
Una investigación de UNIVERSIDAD, publicada el miércoles 29 de junio, reveló que 45% de los centros educativos que debían ser atendidos por las operadoras siguen desconectados. En muchos de estos centros, los alumnos dijeron desconocer qué es Internet y carecen de equipo de cómputo.
En total, el plan que arrancó en mayo del 2014 contemplaba dotar de conectividad a 485 centros educativos de los cantones: Los Chiles, Guatuso, Upala, San Carlos y Sarapiquí. Para esto, Fonatel destinó $14 millones y entregó el 50% del dinero a las empresas para arrancar el proyecto.
La empresa Telefónica recibió los contratos paras las zonas de Los Chiles y Guatuso, mientras que Claro asumió los otros tres cantones.
La investigación de UNIVERSIDAD detectó que Telefónica da el servicio al 90% de los centros que debía atender, aunque presentó retrasos y fallas.
No obstante, la firma Claro incumple la responsabilidad de dar el servicio en seis de cada diez centros.
La fecha en la que serán convocados los representantes de las instituciones y firmas todavía debe definirse.
La Comisión también la conforman Luis Vásquez (secretario), Julio Rojas (PLN), Víctor Morales Zapata y Laura Garro (Acción Ciudadana), Patricia Mora (Frente Amplio), Otto Guevara (Movimiento Libertario), Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana) y Fabricio Alvarado (Restauración Nacional).
La excusa
Al ser consultado por UNIVERSIDAD sobre el incumplimiento del proyecto, el director de Fonatel, Humberto Pineda, lo atribuyó a que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) “no da los permisos” para instalar infraestructura en 24 terrenos.
No obstante, el director de Setena, Marco Arroyo, explicó que las viabilidades ambientales solicitadas por Claro eran imposibles de otorgar, pues las solicitudes carecían del requisito indispensable de títulos de propiedad.
“No es que Setena no da los permisos porque no quiere, no, perdón, Setena no da el permiso porque no puede. Eso sería como decir: ‘voy a ir a solicitar permiso para pasar por un humedal y Setena no me da el permiso’. Setena no le da el permiso porque no puede, porque hay una regla que dice tal cosa, que fija tal condición”, indicó el jerarca.
Por su parte, la vocera de la empresa Claro, Carolina Sánchez, solo se refirió al tema por medio de un correo electrónico, en el que aseguró que la búsqueda de las propiedades en las que se necesita instalar la infraestructura se hace hasta que se gana el contrato.
Afirmó que la operadora “se encontró con que varias propiedades nombradas en el cartel están ubicadas en territorio de la franja fronteriza y/o en terrenos sin título de propiedad. Con el fin de poder documentar la situación y comprobar el obstáculo que esto representa, la operadora solicitó los permisos ante Setena”, argumentó Sánchez.
No obstante, desde la publicación del cartel, las firmas se enteran de las comunidades y centros educativos que deben ser atendidos.
Además, el director de Setena comentó que las operadoras pueden hacer la consulta sobre la viabilidad para un terreno previo a la adjudicación del concurso, pero, además, enfatizó en que ni siquiera hace falta la consulta porque los requisitos están publicados y son conocidos por los desarrolladores como las telefónicas que tramitan “cientos de permisos”.
