Antes de la pandemia de COVID-19 el país hacía esfuerzos por sanear las finanzas públicas recurriendo a medidas internas para controlar el gasto público —como la reforma fiscal— y a préstamos externos que evadieron el recurso de última instancia que representa el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el jueves 16 de abril, las autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunciaron que había concluido la discusión virtual preliminar de dos días con un equipo del Fondo, con el fin de solicitar que se otorgue al país una línea rápida de financiamiento por $508 millones para atender la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia.
Según expresó Kristalina Georgieva, directora Gerenta del FMI en su actualización del 20 de abril, la crisis causada por el virus SARS-COV-2 es “una nunca vista y por ello requiere de respuestas nunca vistas”.
Según el comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Hacienda y el BCCR, la tasa de interés del préstamo —de la línea “Instrumento de Financiamiento Rápido” del Fondo— será de 150 puntos base sobre la tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI —de 8 puntos base—, para una tasa total de 1,58% anual. El plazo del crédito es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de los 3¼ años del desembolso.
UNIVERSIDAD consultó al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien participó en la discusión, si el crédito estaba condicionado a que el país realizara alguna clase de ajuste estructural, pero Chaves respondió que “el único requisito del que se parte, con la misma premisa para dar financiamiento a cualquier país, es que la trayectoria de deuda sea sostenible en el mediano plazo, así lo ordenan los artículos constitutivos del FMI”.
En el caso de Costa Rica, esto significa que “la deuda no supere el 50% del PIB en el 2030” (ver la entrevista).
Así, Costa Rica se sumó a la lista de 103 países que, según informó Gregorieva, habían solicitado, hasta esa fecha, los préstamos rápidos de emergencia para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y cuyas peticiones sumaban ya unos $100 mil millones. Esto obliga al FMI a duplicar el monto de dinero normalmente disponible para emergencias.
Según la funcionaria, la mitad de estas solicitudes estará revisada por el organismo financiero multilateral para finales de mes.
“Este año, 170 países verán disminuir su ingreso per cápita debido a los efectos de la emergencia. El Fondo tiene potencial de poner hasta $1 billón —cuatro veces más que al inicio de la pasada Crisis Financiera Global—, al servicio de sus 189 países miembros”, informó.
Por su parte, el economista y expresidente del BCCR, Eduardo Lizano, recordó que el monto del préstamo que otorgaría el FMI “guarda relación con el aporte del país a los recursos del Fondo. Por eso el préstamo a Costa Rica será por $508 millones. El préstamo no es al Banco Central, sino al Gobierno, y por ello debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa”.
Lizano también consideró que, en vez de ponerle impuestos especiales a las compañías, la mejor opción para encarar la emergencia es la de “canalizar fondos a las empresas que se comprometan a mantener a sus trabajadores, así ellos no tendrán que solicitar ayuda al obierno ni tampoco buscar un nuevo empleo cuando termine la pandemia. Me inclino por darle prioridad a mantener el empleo”.
También consideró indispensable establecer un nuevo programa de estabilización macroeconómica “robusto” para los próximos tres años y potenciar la productividad para “crecer más y distribuir mejor”, aprovechando las oportunidades que produzca el “rebote” de la economía internacional.
“Sin estos tres elementos no será posible reactivar la economía del país ni mejorar el nivel de vida de la población”, opinó (ver la entrevista).
A su vez, Rudolf Lücke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, consideró que la gravedad de la situación lleva a considerar la toma de cuatro medidas drásticas: 1. Reducir el número de bancos estatales y enfocarlos a servir a la pequeña producción y emprendimientos y menos al consumo y al sector inmobiliario; 2. Dar inicio al megaproyecto de construir el Canal Seco Transoceánico en Costa Rica; 3. Reducir el flujo de dinero hacia los trabajadores del sector público, en vez de aumentar el endeudamiento; y 4. Que, en última instancia, el BCCR compre bonos especiales del Ministerio de Hacienda, como ocurrió con las Letras del Tesoro en el 2018.
“Es complejo plantear esto en tiempo de crisis, pero podría ser el empuje que necesita la economía para salir adelante”, dijo Lücke.
Sobre la última propuesta agregó que “la clave es que las necesidades de liquidez aumenten conforme la economía se recupera y no se generen presiones inflacionarias muy fuertes. Esperaría que el Central lo maneje bien, como lo ha venido haciendo para el control de la inflación”, concluyó.
Ministro de Hacienda sobre préstamo del FMI: “El único requisito es que la deuda no supere el 50% del PIB en el 2030”
María Flórez-Estrada Pimentel
¿Las condiciones que el FMI exige a cambio de sus préstamos de emergencia por la pandemia son iguales para todos los países?
—El único requisito, del que se parte con la misma premisa para dar financiamiento a cualquier país, es que la trayectoria de deuda sea sostenible en el mediano plazo, así lo ordenan los artículos constitutivos del FMI. Al certificar esto, el FMI negocia con cada uno las condiciones de política pública que garanticen dicha sostenibilidad. Los términos para el financiamiento varían entre países, pues cada cual tiene condiciones internas distintas. El Presidente de la República ha hecho un llamado al FMI para que el financiamiento que otorguen, en el marco de la crisis por la COVID-19, sea a cero interés y a plazos largos.
En el caso de Costa Rica ¿ya especificaron las áreas y metas a buscar?
—La condición principal es la anteriormente mencionada. Es decir, que la trayectoria de nuestra deuda sea sostenible en el mediano plazo, entendiendo que eso sea igual o menor al 50% del PIB al año 2030.
¿Cómo será el proceso para poner en efecto tal condicionalidad?
—Como país soberano y en el marco democrático, Costa Rica deberá adoptar medidas que, además de contribuir con la sostenibilidad fiscal, ameriten abrir una discusión amplia con la ciudadanía y con distintos sectores sociales y políticos del país.
¿Cuáles serán los destinos del préstamo solicitado al FMI?
—Es un préstamo de apoyo presupuestario de libre disponibilidad. Probablemente sea para financiar la atención de la emergencia y la sostenibilidad del Estado costarricense.
¿En cuánto estima el Gobierno que habrán crecido el déficit y la deuda pública una vez superada la pandemia? ¿El FMI le dio alguna estimación para el caso de Costa Rica?
—El equipo técnico del FMI, el BCCR y el Ministerio de Hacienda trabajan para hacer esas proyecciones, las cuales son particularmente difíciles por la incertidumbre que supone la situación. No sabemos ni cuánto durará ni cuál es la profundidad de la crisis por el coronavirus.
¿Están previendo que algunas de las medidas de emergencia tomadas para subsidiar a sectores productivos y a personas trabajadoras tengan que mantenerse por un tiempo más, una vez superada la pandemia?
—Una vez que acabe la pandemia habrá efectos que continuarán por impulso en la economía. Por eso es importante que el país sea solvente y tenga acceso a mercados internacionales que permitan financiar las medidas que sean necesarias.
Economista Eduardo Lizano. “Debe darse prioridad a mantener el empleo”
María Flórez-Estrada Pimentel
El Gobierno afirmó que evitaría solicitar recursos al FMI hasta donde le fuera posible con el fin de balancear las finanzas públicas. Ahora, con la crisis del COVID-19, tiene que recurrir también al FMI. En el pasado, el FMI condicionó sus préstamos a ajustes estructurales que fueron muy criticados por algunos sectores. ¿Estos préstamos de emergencia por la pandemia que está facilitando el FMI tendrán también condiciones estructurales o su naturaleza es distinta?
—El FMI tiene un programa especial para atender las situaciones de emergencia de los países miembros, como es el caso de la actual pandemia. Son préstamos de rápida aprobación. El monto del préstamo guarda relación con el aporte del país a los recursos del Fondo. Por eso el préstamo a Costa Rica será por $508 millones. El préstamo no es al Banco Central sino al Gobierno y por ello debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Este tipo de crédito no tiene condicionalidad (ajuste estructural). El destino es apoyo para el presupuesto nacional. Como el préstamo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa existe la posibilidad de que los diputados pongan condiciones al Poder Ejecutivo para darle el visto bueno.
Los distintos modelos de desarrollo que ha tenido el país han mantenido una importante estructura institucional que en estos momentos de emergencia sanitaria mundial demuestra una vez más su valor para potenciar los esfuerzos públicos y privados. ¿Qué podríamos aprender de todo esto?
—En el caso de los servicios de salud, el país decidió suministrarlos, principalmente, por el sector público y también por el sector privado, de menor importancia, pero importante al fin.
Los puntos a retener son que el sector público y el sector privado llenan necesidades esenciales de la población, ambos se complementan.
Las políticas públicas en el ámbito de la salud son responsabilidad de instancias públicas como la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, las municipalidades y los entes autónomos. En caso de emergencia, como es la situación actual, las actividades del sector privado deben aceptar las medidas tomadas por los entes públicos.
Este great lockdown (gran cierre) mundial, como lo ha llamado el FMI, ¿puede ser una oportunidad para que la economía costarricense “rebote” después de la pandemia hacia un desempeño mejor? ¿A cuáles factores les prestaría usted atención principal para dar un mayor impulso a la economía?
—La pandemia tiene consecuencias graves para el país: empobrecimiento (disminución del PIB), aumento del desempleo, empeoramiento de las finanzas públicas y mayor endeudamiento externo.
¿Qué hacer? Proceder de la siguiente manera: establecer un nuevo programa de estabilización macroeconómica robusto para los próximos tres años. Ejecutar un programa nacional para elevar la productividad del país —aumentar “el pastel”— y repartir mejor el ingreso nacional —repartir “el pastel”—. Crecer más y distribuir mejor es una tarea que debe proseguirse cuanto antes.
Aprovechar las oportunidades del “rebote” de la economía internacional. El desarrollo de Costa Rica depende mucho de la evolución económica mundial y de la expansión del comercio mundial.
Sin estos tres elementos no será posible reactivar la economía del país ni mejorar el nivel de vida de la población.
¿Qué opina de la reforma realizada a la ley del BCCR para que pueda actuar en el mercado secundario? ¿Debe ser una opción permanente o debe cerrarse o condicionarse una vez pasada esta emergencia?
—Esta medida excepcional debe tomarse solo en circunstancias excepcionales. Para que esto quede suficientemente claro es necesario modificar, en este sentido, la legislación recién aprobada.
¿Cree que es conveniente y viable que el quintil de mayores ingresos, los grandes contribuyentes y las empresas de zonas francas contribuyan por un tiempo limitado con un impuesto especial para ayudar al Estado a encarar la pandemia?
—Consideremos dos alternativas: i) Poner un impuesto temporal a las empresas con el propósito de usar la recaudación para ayudar temporalmente a los trabajadores cesados por quienes pagan el nuevo impuesto. Esto obliga a los trabajadores a buscar ayuda del Gobierno durante la pandemia y a encontrar un nuevo empleo cuando ella termine.
ii) Canalizar fondos a las empresas que se comprometan a mantener a sus trabajadores, así ellos no tendrán que solicitar ayuda al Gobierno ni tampoco que buscar un nuevo empleo cuando termine la pandemia.
Entre estas dos alternativas, me inclino por la segunda. Es decir, por darle prioridad a mantener el empleo.