Para poder cumplir con lo establecido en la legislación nacional a nivel de vigilancia, control, procesamiento y atención humanitaria a las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado en territorio nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería ( DGME) necesita más recurso humano, al tiempo que informaba que se redujo el paso de personas migrantes por el cambio de política migratoria hacia la población venezolana en Estados Unidos.
Así lo manifestó la directora de la entidad, Marlen Luna, en una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. La jerarca participó en una aduciencia que forma parte del expediente 23.363, que investiga la situación migratoria de personas venezolanas y otros países, en Costa Rica.
“Tenemos una legislación muy garantista y nosotros lo que necesitamos es más recurso humano. Eso es una realidad. Hace 8 o 10 años no crecemos en personas en la Dirección General de Migración y Extranjería. Necesitamos personal para atender personas, las tecnologías ayudan, pero es que esta es una atención persona a persona”, dijo Luna.
Durante su presentación la jerarca explicó cómo está distribuida la policía profesional de migración a nivel nacional y como opera, tanto respecto de la migración regular como irregular. Así mismo, explicó las zonas de mayor convergencia de migrantes y los puntos del país por los que se mueven.
En resumidas cuentas detalló cómo unos pocos cientos de oficiales de migración tienen a cargo no solamente el control y registro migratorio, sino también el acompañamiento de personas para su procesamiento en los casos requeridos -como quienes necesitan solicitar la condición de refugiados- o la atención humanitaria que se brinda a quienes lo necesiten, con el fin de hacer su tránsito más seguro y rápido.
Los flujos migratorios que venían del sur con miras a llegar a los países del norte, explicó Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración, han amainado en días recientes a partir de la modificación de las políticas migratorias de los Estados Unidos para las personas venezolanas.
Así, de contabilizar entre 2000 y 4000 ingresos diarios al territorio nacional durante octubre, se ha pasado a contabilizar solamente 400 en los últimos días.
Una de las problemáticas que enfrentan constantemente, explicó Luna, es que las personas que se encuentran en tránsito no confían en los oficiales porque están acostumbradas a recibir malos tratos por parte de policías.
“Costa Rica es el único país donde la policía les ayuda, donde la policía no los trata mal, ni los persigue, ni los agrede o los reprime, nosotros tenemos por parte de la policía profesional de migración abordajes humanitarios para este tipo de población pero el sentimiento de temor al uniforme los sigue invadiendo entonces nos cuesta muchísimo que acepten la ayuda”, dijo Luna.
Aún así, informó, la DGME cuenta con un albergue donde se provee hospedaje, alimentación y atención en salud para estas personas y también existe una gran red de apoyo por parte organizaciones no gubernamentales que apoyan a estas personas migrantes.
Eso sí, Luna considera que existe un “abuso” del sistema de refugio pues muchas personas que no pretenden quedarse en el país o que no necesariamente requieren este mecanismo de protección, se registran como solicitantes por temor a ser expulsados o retornados a sus países de origen.
Así, dijo, ahora que la mayor parte de las personas que ingresaron al país durante setiembre y octubre, ya continuaron su camino, quedan cientos de solicitantes por procesar, que hay que empezar por identificar si siguen en territorio nacional.
Toda la atención que se brinda a estas personas, aclaró Luna, no proviene del erario público y no representa un gasto para el país como algunos medios han querido hacer parecer. “En días pasados sale en la prensa que Costa Rica gasta una millonada en estas personas en atención a ese albergue. El albergue se financia con recursos que pagan los mismos migrantes, que provienen del Fondo Social, los costarricenses no están aportando recursos para esa atención y es muy importante que lo aclaremos”.
Costa Rica, aseguró la jerarca ante preguntas de los legisladores, tiene toda la intención de seguir facilitando el tránsito de las personas migrantes, de procesar los casos que correspondan y de brindar la atención humanitaria necesaria pero es necesario entender que los recursos son limitados y los países, tanto quienes los expulsan como quienes tienen más recursos, deben apoyar.
“No es justo que a Costa Rica le siga tocando todo el trabajo de atender a estas poblaciones porque otros países no se hacen responsables”, sentenció.
