La comisión legislativa que investigará la estafa por la que resultó condenado el Partido Acción Ciudadana (PAC) preparó una hoja de ruta que incluye llamar a comparecer a autoridades de la Fiscalía, del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El partido oficialista fue condenado en los tribunales por el uso contratos amañados para cobrar deuda pública en las contiendas electorales de 2010.
Diputados de varias fracciones ya firmaron una moción para recibir a las personas que tramitaron la causa penal a favor del Estado: los fiscales Alexander Valverde y Greysa Barrientos; así como el procurador penal Randall Aguirre.
Otra moción propone llamar a representantes del TSE “para que se refieran al financiamiento y los gastos de liquidación presentados por parte del PAC en las campañas 2002, 2006 y 2010 (las cuales se aprobaron para su estudio en la comisión)”, incluido el presidente de la autoridad electoral, Luis Antonio Sobrado.
Además, los diputados llamarán a Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, y a Héctor Fernández, director del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos.
Según los congresistas, la idea es revisar las irregularidades detectadas por el TSE y luego el proceso judicial que siguieron los fiscales y representantes del Estado en la denuncia contra los oficialistas.
Al respecto, el diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales —quien además presidirá este foro de investigación—, aseguró que la idea es revisar “los detalles que han salido a la luz pública y que no fueron consideradas en la sentencia”, como la posible implicación de jerarcas del partido en la confección de los contratos por los que se condenó a la agrupación.
“Por ejemplo, hablamos de que en esa sentencia de estafa no se consideró la apertura de procesos contra personas que solicitó en un principio el TSE pero que luego la Fiscalía descartó, como Margarita Bolaños (entonces presidenta del PAC). Es decir, hablamos sobre la posible participación de jerarcas del partido en la conformación y en la elaboración de los contratos y la posibilidad de que esos contratos fueran falsos, que la persona no tuviera conocimiento de ellos o que simplemente no hubiera hecho el trabajo que dijo que iba a donar al partido de forma voluntaria”, afirmó el verdiblanco.
Viales comentó que los congresistas del foro ya desarrollaron una metodología para la investigación —cuyo plazo inicial será de seis meses— que primero servirá para recolectar información, y que luego se enfocará en las audiencias y la redacción final del informe.
“Pensamos solicitar la información del caso al TSE, la propia sentencia al Poder Judicial y un análisis de la jurisprudencia electoral en aquel momento, algo que ya le pedimos a Servicios Técnicos, porque la legislación varió en el año 2009. Tenemos también una posible audiencia con los jerarcas del TSE y con la Fiscalía, específicamente con los fiscales que estuvieron a cargo de la representación del Estado en la denuncia contra el PAC, como parte de un panorama con el que esperamos cumplir en el plazo de seis meses que nos dio la moción”, subrayó.
La moción a la que se refiere Viales es la que permitió la conformación de la comisión para “investigar y rendir un informe” sobre las finanzas del PAC entre 2002 y 2010, “con base en los nuevos hechos y actores” relacionados con la causa penal por la que fue condenada esa agrupación, en diciembre de 2016.
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La comisión quedó integrada hasta este martes, con los diputados liberacionistas Gustavo Viales (presidente) y Silvia Hernéndez; el socialcristiano Pedro Muñoz (secretario), el republicano Dragos Dolanescu (quien promovió la investigación), la independiente Ivonne Acuña, el restauracionista Giovanni Gómez y la oficialista Catalina Montero, quien será la encargada de poner la cara por el PAC en el foro que revisará sus actuaciones.
Los diputados decidieron, además, que sesionarán los días lunes a partir de las 9:15 a.m., empezando por este 24 de julio, cuando revisarán las primeras mociones para aprobar el plan de trabajo ya discutido, según informó Gustavo Viales.
Esta comisión investigadora se aprobó justo después de que se dio a conocer que el actual diputado del PAC, Enique Sánchez, había firmado un contrato por servicios profesionales para la campaña de 2010, en el que se leía que era Licenciado en Periodismo pese a que no cotaba con ese título.
No obstante, ya antes también se había abierto otra investigación en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público (que ahora está en pausa), luego de que el medio digiltal elmundo.cr publicó declaraciones del fundador, tres veces excandidato y exdiputado exoficialista, Ottón Solís, en las que hablaba sobre la posibilidad de extraer dinero de la deuda pública a través de contratos con voluntarios, en una asamblea general de su partido que se desarrolló durante el año 2010.
De hecho, la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobó una moción para llamar a comparecer a Solís, la cual “está en pausa” y podría trasladarse a la nueva comisión, según comentó su presidente Viales.
“La intención que conversamos, preliminarmente, es que no se lleve a cabo en Ingreso y Gasto Público, sino que esa comparecencia se dé en esta comisión. Don Ottón Solís se ha puesto a las órdenes de las autoridades y esperamos en lo inmediato proceder, pero antes de eso esperamos recibir la información general para ya luego aterrizar en audiencias específicas, aunque sí lo consideramos. Hacemos esto porque tenemos la información que ha venido circulando, pero queremos el criterio del TSE, que todavía no se ha referido sobre ese tema”, afirmó.
Gustavo Viales, presidente de la comisión: “No es una investigación con fines electorales, igualmente el PAC no tiene arrastre en elecciones municipales”
Desde que se abrieron las primeras investigaciones legislativas, a inicios de junio, las autoridades del PAC aducen supuestos intereses políticos en abrir una investigación como esta de cara a las elecciones municipales del 2020. Al respecto, Gustavo Viales, presidente del foro, asegura que son apreciaciones que “no tienen sentido, pues igualmente el PAC ha demostrado no tener arrastre en elecciones municipales”.
Según el liberacionista, dudar de los intereses genuinos de investigar el tema —y de quizás aportar nuevos elementos para posibles investigaciones— “es desmeritar el trabajo que puede hacer la comisión, pues se trata de un tema que no se ha terminado y que incluso el mismo partido (el PAC) ha elevado a casación, por lo que puede decirse que sigue abierto”.
“Esto quiere decir que todavía se rehúsan a considerar esto como una estafa y que ellos mismos están llevando el proceso a un plazo posterior, incluso dentro del período de elecciones municipales. Yo no sé por qué demeritar así el trabajo de la comisión, yo creo que esto no tiene fines electorales ni busca ese efecto y es que, de todas maneras, el PAC no tiene arrastre en los temas municipales y eso es conocido por todos”, puntualizó.
Para Viales, las declaraciones de las autoridades del PAC solo intentan desviar la atención de un proceso que sigue su marcha, que aún despierta interés en la Fiscalía y que sigue su trámite en los estrados. “Yo no sé como el PAC puede alegar que es cosa juzgada cuando ellos mismos están solicitando la revisión de eso y la Fiscalía ha solicitado ampliar la investigación, pero además porque hay nuevos elementos que no se consideraron en el juicio, como las irregularidades en algunos de los contratos, donde algunas personas ni tenían los atestados o ni siquiera desarrollaron finalmente las actividades que supuestamente prometieron”.
La Comisión Política del PAC que esta investigación legislativa tendría “fines electorales” el 7 de junio pasado, un día después de que los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron la primera investigación contra el partido.
En aquel momento, además, estuvo presente la diputada Paola Vega, quien manifestó inconformidades con la posibilidad de empezar a cuestionar los procesos judiciales y afirmó que existían otras vías para realizar nuevas denuncias si los diputados así lo querían.
Tanto Vega, como la comisión política del PAC, habían lamentado que antes se hubiesen rechazado mociones para investigar otras campañas y otros partidos, como la supuesta estructura paralela de financiamiento que denunció el diputado y presidente de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, contra la candidatura de Fabricio Alvarado.
Para investigar ese y otros, casos, los oficialistas incluso intentaron ampliar el objetivo de la investigación abierta en su contra a “las conductas cuestionables de todos los partidos”; sin embargo, la intención resultó rechazada por el resto de las bancadas, con la excepción de José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Sobre ese rechazo, Viales aseguró que “hay una consideración política muy importante”, la cual achacó a que el PAC primero votó en contra la moción para que se le investigara pero luego quería cambiar su objetivo.
“El PAC ni siquiera votó la conformación de la comisión y luego quería ampliarla; es decir, ellos ni siquiera tenían la intención de que se investigara la actuación de su mismo partido y entonces no tenían la legitimidad para llegar a pedir una ampliación para que se investigaran nuevos partidos políticos”, afirmó.
Por último, sobre los cuestionamientos a otros partidos (algunos de ellos mucho más recientes y actuales), Viales subrayó que en su partido existe completa disposición a juzgar otros casos concretos, y que “no tendrían ninguna dificultad de que los asuntos se vean cuando se existan situaciones como denuncias del TSE, el impago de liquidaciones por irregularidades, o cualquier otro hecho que permita hacer cuantificaciones y objeciones en firme”.
“Por ahora hay una diferencia. A pesar de toda la información que ha salido a la luz pública, muy comprometedora, no podríamos nosotros tener un trato igualitario, porque en esta comisión vamos a llamar, por ejemplo, a la Fiscalía para que se refiera a este caso, y ellos pueden hacerlo con total libertad, pues se trata de un hecho actuado. Con otros partidos políticos que en este momento están en proceso de investigación no podrían referirse, porque es claro que se trata de temas que siguen en investigación”, apuntó.