El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realiza en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “allanamientos en cinco distintos departamentos administrativos de la Asamblea Legislativa, vinculados con la contratación por posibles pagos de servicios no entregados en su totalidad por el contratista”.
La información recibida detalla que se trata de la investigación de la causa judicial 22-000020-1218-PE, por “los presuntos delitos de pago irregular de contratos, tráfico de influencias y falsedad ideológica”.
La FAPTA investiga concretamente una “licitación de equipo tecnológico” adquirido por la Asamblea Legislativa por un monto de ¢225 millones, por lo que el allanamiento tiene como finalidad el registro y secuestro para obtener prueba documental y digital.
“Se investiga a funcionarios públicos ligados con los hechos investigados; no se procederá con detenciones por el momento. En virtud de que se trata de una investigación en fase preparatoria, de momento no es posible facilitar más información, conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal” concluye la información de la Fiscalía.
Por su parte Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, dijo que desde la Fiscalía se le informó que la investigación se centra en los departamentos de Financiero y Proveeduría, pero ese último “tiene varias dependencias, como el almacén, pero es parte de ella, podría ser que sea por ahí, no tengo conocimiento de más departamentos” allanados.
Sobre la transacción de los ¢225 millones, indicó que se trató de la compra de un recurso informático, “un intangible” para el control de activos. Explicó que anteriormente se usaba el sistema de un código de barras impreso en láminas metálicas que se adherían a los activos, como muebles o computadoras, pero “la Proveeduría consideró que el sistema ya era obsoleto y que le dificultaba mucho tener el control, porque son alrededor de 25 mil activos”.
Indicó entonces que Proveeduría determinó la existencia en el mercado de “un software moderno que facilita el control de activos. El resto del procedimiento lo llevan a cabo ellos, proponen la contratación, se presupuesta y la operatividad propiamente es directamente con ellos, no tengo conocimiento de detalles”.
Ayales relató que fue “un procedimiento largo, empieza hace unos tres años, es lento porque no es un asunto de llegar y comprar y tome y ponga, es un proceso de adaptación que duró por lo menos un año, donde hay un fiscalizador en todo contrato q es el que tiene que determinar si fue entregado a satisfacción, es parte me imagino de la investigación”.
Apuntó que esa compra de software se realizó por licitación por el monto y que se trató de una partida de presupuesto ordinario a partir de una “propuesta de Proveeduría con justificación valida, para que se proceda bajo la reglamentación y normativa existente”.
El funcionario añadió que se pagó ¢196 millones por el software, y que el recibido conforme tiene fecha del 12 de enero de 2022 por parte del departamento de Tecnologías de la Información de la Asamblea. Añadió que el dinero se pagó en tractos, “lo que se pagó aquí es lo que vale, eso es lo que se pagó”, acotó.
Por otra parte, el director de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, Sergio Ramírez, rechazó dar declaraciones porque la investigación está en curso.
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