Investigación y entrevistas a más de 200 testigos revela que simpatizantes rojiamarillos trabajaron de manera gratuita y que luego les hicieron firmar contratos.
Tras cuatro meses de juicio, entrevistar a más de 200 personas y recopilar 17 ampos de pruebas, el Ministerio Público y la Procuraduría concluyeron que los titulares de los 263 contratos por servicios especiales que el Partido Acción Ciudadana (PAC) cobró durante la campaña presidencial del 2010, habían trabajado de manera gratuita.
Por esta razón señalan que el extesorero del PAC, Maynor Sterling, y el empleado de esa agrupación, Manuel Antonio Bolaños, incurrieron en los delitos de estafa y falsedad ideológica contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El procurador penal, Randall Aguirre, alegó que luego de la investigación se puede concluir que las personas que firmaron los contratos no tenían intención de cobrar al partido sus servicios, pues los realizaban por su simpatía con esa divisa.
“Eran personas que nunca habían tenido intención de realizar un cobro al partido por el tiempo que dedicaban o por los gastos, porque lo hacían por mística, compromiso con el sistema electoral o por contribuir; así como lo hacen miles de costarricenses en todo el país para los procesos electorales”, dijo Aguirre.
A esto le agregó que esas personas firmaban los contratos luego de realizar sus labores de forma gratuita, pues el partido les presentaba la posibilidad de ayudarlo con sus firmas. Estos seguidores de la agrupación desconocían también que no era posible cobrar servicios gratuitos al TSE y firmaron los documentos pensando que sí se podía hacer.
Asimismo, la Procuraduría señaló que los contratos estaban firmados por las personas, respaldados por facturas que hacían constar el “recibido” de los montos, mientras que otro documento que respaldaba esa factura, evidenciaba que al titular se le había pagado el servicio con un bono serie B. Sin embargo, y pese a la formalidad, existía un problema que radicaba en el cobro por un servicio ad honorem.
“¿Cuál era el problema de la documentación que acredita esa realidad formal? Que en la realidad nadie pretendió un cobro, nadie tenía pretensión de cobrar y los servicios eran gratuitos. Entonces toda la documentación tuvo el propósito de engañar al TSE para que este aceptara eso como un gasto, lo aprobara y ordenara pagar”, mencionó el procurador.
Por su parte, el fiscal del Ministerio Público, Alexander Valverde, achacó las acciones que realizaron el extesorero y empleado del PAC durante la campaña presidencial del 2010, pues fueron ellos quienes les llevaron los documentos a los colaboradores del partido.
“Se logra acreditar que el partido bajo influencia y actuación de Mynor Sterling y Manuel Antonio Bolaños buscó a los partidarios para que firmaran la documentación y hacerle creer al TSE que eran servicios onerosos, cuando en realidad eran gratuitos”, alegó Valverde.
El Ministerio Público determinó también que existe un interés, por parte de los partidos políticos, por volcar la forma de liquidar la mayor cantidad de gastos y por eso es que algunas agrupaciones han incurrido en maniobras como inflar gastos ante el TSE.
Valverde señaló que tras el análisis de las pruebas se infiere que ambos imputados son responsables de su accionar y que es por esta razón que el Ministerio Público hace solicitud de penas carcelarias tanto para Sterling como para Bolaños.
“Analizamos las declaraciones de ellos y estas declaraciones no corresponden a la realidad jurídica, no coinciden con la prueba de la investigación, ni con la prueba testimonial que se recibió en juicio. En este caso se solicitó 8 años de prisión para don Mynor Sterling y 3 años para don Manuel Antonio
Bolaños”, señaló el fiscal.
Para este juicio, la Procuraduría demandó el pago de más de ₡800 millones por parte de la agrupación política. Esta cifra engloba el monto estafado, los intereses y los gastos del proceso penal.
A su vez, la entidad solicitó también a Acción Ciudadana la suma de ₡60 millones por concepto de daño social al Estado, pues a su juicio, estos delitos afectan el sistema democrático.
PAC se sacude
Tras las acusaciones de la Procuraduría y el Ministerio Público, la defensa del PAC concluyó que el sistema actual de financiamiento de partidos políticos genera desigualdades electorales que afectan una competencia democrática justa.
El defensor de Manuel Antonio Bolaños y el PAC, Ronny Guevara, adujo que lo que estas personas “estaban realizando era precisamente con la intención de suplir esas inequidades que son derivadas del mismo sistema”.
Guevara se mostró molesto por la cifra que solicitó pagar la Procuraduría pues piensa que el monto no es preciso y no equivale con la prueba presentada durante la investigación.
“Nosotros consideramos que esa suma no es precisa, no esta fundamentada y que no obedece a la realidad que se ha podido demostrar, porque cada uno de los 263 testigos que el procurador ofreció tenía que demostrar un hecho y cada uno de esos hechos sumaba el monto de 516 millones. Él prescindió de más de 100 testigos y por eso la suma ahora no puede ser más alta de lo que inicialmente se estaba pidiendo. Tiene que ser más baja de lo que se pidió al principio”, aseveró Guevara.
Por otra parte, el abogado de Maynor Sterling, Milton Castro, alegó que su defendido nunca tuvo contacto con ninguno de los titulares de las firmas y que quienes les hicieron firmar los contratos eran dirigentes cantonales.
“Demostramos que ninguno de los testigos que firmó los contratos dice que Maynor Sterling haya conversado con ellos en relación a esos contratos. Maynor no estaba fraguando ningún fraude y lo único que estaba haciendo era tramitando contratos de acuerdo con la línea del partido, que era contratar a dirigentes locales que estaban trabajando”, explicó Castro.
La acusación
En el año 2013, el Ministerio Público presentó una acusación contra Maynor Sterling, quien fungía como tesorero nacional del PAC y Manuel Antonio Bolaños, funcionario de planta.
Según la Fiscalía, ambos imputados idearon y ejecutaron un plan para estafar al TSE, el cual consistía en hacerle creer falsamente al ente electoral que Acción Ciudadana había incurrido en gastos por contratos de servicios especiales.
Según los fiscales del caso, Alexander Valverde y Greyssa Barrientos, durante la investigación efectuada por el Ministerio Público y el TSE se demostró que esos contratos por servicios especiales son falsos, ya que las personas que supuestamente habían brindado esos servicios especiales negaron haber cobrado algún monto por ellos.
Para ellos, esta situación hizo incurrir en error a la autoridad electoral, la cual aprobó una mayor cantidad de rubro por contribución estatal con base en esos contratos especiales.
El Tribunal presentará la parte dispositiva del caso el próximo 1 de diciembre. Se espera que la sentencia salga a la luz a mediados de enero.
Fiscalía señala a diputada del PAC
El Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal iniciar una investigación judicial contra la jefa de fracción del PAC, Laura Garro, pues considera que la diputada omitió información en su declaración como testigo.
En la etapa indagatoria, en el año 2013, la diputada confirmó a un oficial del OIJ haber firmado uno de los contratos y señaló recibirlo por parte del imputado Manuel Antonio Bolaños, empleado del PAC.
Sin embargo, durante su declaración este año, la legisladora rojiamarilla dijo no recordar quién fue la persona que le entregó los documentos, al tiempo que negó que ella hubiese entregado contratos a otros partidarios.
