La Fiscalía General y la Sala Tercera incumplieron un mandato legal y dejaron de lado a la Procuraduría General de la República (PGR) cuando desestimaron la causa en la que se investigaba si los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata incurrieron en tráfico de influencias para beneficiar al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Así lo confirmaron tanto la PGR como el Ministerio Público, ante una consulta de UNIVERSIDAD.
La razón por la que la Fiscalía debió darle parte a la PGR es porque, al ser un caso relacionado con delitos de la función pública, esta institución ocupa el papel de víctima pues representa los intereses del Estado.
La Fiscalía General indicó, el pasado 7 de noviembre, que “no encontró registro alguno” de que, en la causa 15-000022-033-PE, se le diera parte a la PGR antes de que el 14 de febrero de este año se solicitara a la Sala Tercera la desestimación.
El 20 de febrero, la Sala Tercera aprobó el cierre de la causa sin advertir que no se había notificado a la víctima. La resolución estuvo en manos del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla (quien fue instructor del caso), Doris Arias, Jesús Ramírez, Celso Gamboa y la suplente María Elena Gómez.
Desde el 13 de noviembre, UNIVERSIDAD preguntó a la Sala Tercera –a través de la oficina de prensa- sobre las razones por las que ignoró dar parte a la representación del Estado, pero todavía no ha habido respuesta.
De haber sido notificada de este proceso, la PGR hubiese podido, por ejemplo, oponerse a la solicitud de desestimación que elaboró la Fiscalía, si detectaba que esta era incongruente con una prueba de rastreos telefónicos elaborada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según confirmó el procurador general, Julio Jurado.
La Procuraduría también pudo apelar el fallo de la Sala Tercera, según establece el artículo 71 del Código Procesal Penal.
Además, la PGR pudo constituirse en querellante y actor civil, y así haber solicitado algunas gestiones de investigación o medidas cautelares.
“La Procuraduría puede pedirle al Ministerio Público que oriente la investigación en un sentido u otro, que gestione una prueba, sobre todo si se constituye en querellante. Como actor civil lo que hace es reclamar el daño social. Entonces lo que se hace es un escrito del daño social y se solicitan todas las actuaciones judiciales que están relacionadas con el daño social”, explicó Jurado.
Sin embargo, fue hasta el 8 de noviembre pasado (un día después de que UNIVERSIDAD consultara sobre el caso) que la Procuraduría recibió una notificación por parte de la Fiscalía General, junto con un legajo de la investigación, esto debido a que la causa fue reabierta.
El procurador general comentó que, previo a eso, se habían enterado del caso por la prensa, y se apersonaron de oficio. Dijo desconocer las razones de que ni la Fiscalía ni la Sala les hubiesen dado parte.
Jurado resaltó que se dio una mejora en la comunicación con el Ministerio Público desde el pasado 13 de octubre, cuando Emilia Navas fue nombrada fiscala general interina ante la suspensión de Jorge Chavarría (él renunció luego a u cargo).
Conforme avance la investigación, la PGR se constituirá en querellante y actor civil.
El procurador mencionó que la PGR no ha presentado ninguna acción legal por haber sido dejada de lado en la primera etapa de este expediente debido a que ya existen investigaciones sobre la forma en la que se tramitó el caso.
Además, explicó que a pesar de que el artículo 16 del Código Procesal Penal establece que la acción penal puede ser ejercida por la Procuraduría, en la práctica esto es imposible de cumplir.
“El papel de la PGR no está claro. No está claro en aspectos claves, por ejemplo: El Código Procesal Penal claramente dice que el Ministerio Público debe ser la dirección funcional del OIJ en la investigación, y no dice lo mismo de la PGR. Eso es un ejemplo”, expresó.
“No está claro si nosotros tenemos las mismas competencias y los mismos medios e instrumentos con que cuenta la Fiscalía. Y como eso no está claro es mejor no hacerlo, porque eso puede introducir un grado de incertidumbre que más bien entorpecer los procedimientos y crea un escenario donde puede haber reclamos”, añadió.
Prueba falseada
El 11 de octubre de este año, UNIVERSIDAD dio a conocer que la Fiscalía General ocultó pruebas al pedir el cierre de una investigación contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales.
Se trataba de un informe de rastreos telefónicos que elaboró el OIJ y que revelaba cientos de contactos entre los legisladores y el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, quien actualmente cumple prisión preventiva.
En la solicitud de desestimación, firmada el 30 de enero del 2017 por la entonces subjefa del Ministerio Público, Berenice Smith Bonilla, se indicó que el informe del OIJ no mostraba contactos de los diputados con el empresario.
