La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público investiga el contrato adjudicado por Radiográfica Costarricense (Racsa) a la empresa Datasys Group S.A. para implementar las redes empresariales de la tecnología 5G por un presupuesto que inicialmente era de $3 millones; pero cuyas órdenes de pedido aumentaron a poco más de $25 millones sin cumplirse siquiera un año.
Las contrataciones realizadas por Racsa empezaron a ponerse bajo la lupa después de que el 12 de diciembre de 2023 un grupo de 17 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio enviaron una relación de hechos al fiscal general Carlo Díaz y a la contralora general de la República Marta Acosta. Allí expusieron que entre el 1 de diciembre de 2022 y el 2 de noviembre de 2023, diversas instituciones públicas contrataron a Racsa mediante “licitaciones por excepción”, “sin concurso y adjudicadas a dedo”, “que ascienden a sumas millonarias provenientes de fondos públicos”.
Posteriormente, el 28 de junio de 2024, el diputado liberacionista Francisco Nicolás envió otra relación de hechos sobre el contrato de 5G, donde cuestiona que el presupuesto estimado era de $3.000.000 y que, si bien es cierto se trata de una entrega según demanda, “llama poderosamente la atención que posterior a la firma del contrato se le entrega al consorcio dos órdenes de pedido” por una suma que supera los $25.800.000; es decir, “supera ocho veces lo presupuestado”.
El Ministerio Público abrió una investigación por posibles contrataciones irregulares en Racsa, entre ellas la adjudicación de 5G. La denuncia se recibió el 10 de enero del 2024 y se tramita bajo la causa 23-035050-0042-PE. La Contraloría General de la República (CGR) también investiga esta contratación desde noviembre de 2024.
Racsa primero
Cabe recordar que, en el año 2023, el Grupo ICE anunció que su subsidiaria Racsa sacaría una licitación para adquirir los equipos y construir la infraestructura que le permitiera desarrollar redes de acceso fijo inalámbricas para brindar servicio de 5G, usando las frecuencias que Racsa tiene en las bandas de 3.500 MHz.
En abril se conoció que las empresas de telecomunicaciones Claro, Liberty y GBM interpusieron recursos contra el cartel de licitación, los cuales fueron rechazados por Racsa porque solo eran “reflexiones subjetivas sobre el concurso en específico”, según señaló la empresa en ese momento, minimizándolos. Las empresas One Way y Geintec también interpusieron recursos que fueron declarados parcialmente con lugar, en relación con el tratamiento de los Estados Financieros Auditados, se indicó escuetamente.
Finalmente, el 25 de julio de 2024, Racsa lanzó al mercado los servicios 5G de acceso inalámbrico fijo en redes empresariales (privadas) para pymes, empresas e instituciones públicas en zonas urbanas y rurales.
Sin embargo, en el proceso surgieron cuestionamientos que no salieron a la luz en ese momento.
Oferentes “precalificados”
En la denuncia planteada por Nicolás se señala que Racsa utilizó un “procedimiento especial con precalificación de oferentes”, lo cual fue cuestionado por el Consorcio GBM en su recurso de objeción. También se alega que el pliego de condiciones contenía una “cláusula arbitraria, ilegal e inconstitucional”, que decía que, considerando “aspectos como seguridad de la información, políticas internas, compatibilidad tecnológica, estrategias de desarrollo, antecedentes de contratación” (…) Racsa “se reserva el derecho a invitar únicamente a aquellos oferentes precalificados que cuenten con la aprobación expresa y manifiesta de su cliente final”.
Nicolás expuso a la Fiscalía que se presentaron cuatro recursos al acto de adjudicación y todos fueron rechazados, “pero el que más sorprende por el nivel de procacidad es el rechazo del recurso de revocatoria presentado por el oferente One Way”.
“El análisis financiero del consorcio adjudicado fue favorable cuando, en realidad, los resultados de los estados financieros de la empresa Datasys Group S.A. claramente indican que dicha empresa no alcanza la puntuación mínima establecida de admisibilidad”, declaró Nicolás.
“Negocios y negociazos”
El legislador calificó el caso como una “bochornosa situación de negocios y negociazos entre Racsa y Datasys”.
“Estos saltos cuánticos que hacen las contrataciones de Datasys con Racsa en Sicop de salir cobrando $3 millones y terminar cobrando más de $25 millones lo único que indican es una pestilencia del gran negocio que está armando desde hace rato este grupo Datasys con Racsa, lo cual yo públicamente lo he dicho varias veces, tanto en comisiones, como en el Plenario Legislativo”, dijo Nicolás.
“Siempre he tenido la sospecha de que el pleito que se tiene el Gobierno con el tema de 5G no es un tema geopolítico, ni siquiera un tema entre Estados Unidos y China; lo que estamos es ante un negocio que alguien en el Gobierno con mucho poder quiere montar con esta empresa en particular”, añadió el diputado.
Según comprobó este medio en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el 17 de abril de 2023, Racsa saca a concurso la contratación de “Aprovisionamiento e implementación de redes 5G”. Allí se detalla que el presupuesto total estimado es de $3 millones (₡1.62.560.000), según el expediente 2023XE-000003-0000800001.
El 8 de agosto de 2023, se realizó el contrato con Datasys Group S.A. / Vinet Technology Advisor S.A. por $2.775.052 y un monto estimado anual de $3.000.000. Pero ese mismo año, el 9 de noviembre de 2023 se realizó una orden de pedido por $4.713.508, mientras que el 28 de noviembre de 2023 se hizo otra orden de pedido por $21.124.703.
UNIVERSIDAD consultó a Racsa sobre el caso y la empresa afirmó que “al tratarse de una contratación cuya modalidad es según demanda, se realizó una estimación de consumo inicial para el primer año de $3 millones, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico”. Con respecto a la investigación que realiza la Fiscalía sólo comentó que por respeto al proceso y a las autoridades competentes, Racsa no puede emitir criterios o comentarios sobre este tema”.
Por otra parte, Irene Rojas, directora regional de mercadeo de Datasys Group, aseguró que “Datasys, como líder de la industria, se rige por estrictos parámetros de cumplimiento a nivel mundial, por lo que nuestras actuaciones con apego a la legalidad y transparencia en todos nuestros procesos son consustanciales al compromiso firme con la ética, moral e integridad y apego al debido proceso”.
“El contrato adjudicado por Racsa, como todos los proyectos adjudicados a Datasys Group, nace de un procedimiento de plena competencia, con amplia participación de oferentes, con estricto apego al bloque de legalidad vigente y en cumplimiento riguroso de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, bajo el modelo: de compra Bajo de Demanda”, añadió Rojas.
“Ratificamos nuestro orgullo, por ser la primera empresa centroamericana en implementar una red 5G stand alone para el grupo ICE de la mano de Nokia, líder en redes móviles y con una amplia trayectoria mundial”, destacó.
El consorcio Datasys Group – OSC Telecom Services es una de las empresas que también participa en la licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para construir infraestructura para redes 5G, la cual se encuentra suspendida por proceso judicial.
