La Fiscalía General ordenó este lunes a la Fiscalía de Heredia que inicie una causa penal a los médicos y funcionarios de la morgue judicial que se niegan a reanudar la realización de autopsias por encontrarse en huelga.
Así lo confirmó la oficina de prensa de esa institución, la cual detalló que los delitos que se investigan son desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.
La pesquisa se realiza luego de que algunos funcionarios desacataron las directrices tanto de la Sala Constitucional como la del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la jefatura del Departamento de Medicina Forense, los cuales ordenaron que se continúan realizando las autopsias y se entreguen los cuerpos a los familiares.
El caso se tramita bajo el expediente 17-001956-0369-PE y, según indicó la Fiscalía, de momento no tiene imputados identificados pues, precisamente, la investigación determinará quiénes desobedecieron la orden constitucional.
De acuerdo con el director del OIJ, Wálter Espinoza, entre quienes se niegan a retomar sus labores en la morgue hay al menos un patólogo, funcionarios que se dedican a recolectar las evidencias, a hacer fotografías, a proveer materiales o a la limpieza.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, indicó que se mantiene en coordinación con el jerarca del OIJ para buscar una solución con el fin de “establecer un mecanismo que evite acentuar aún más el sufrimiento de las familias afectadas con la no prestación del servicio de los patólogos”.
Las opciones que se consideran son: realizar las autopsias en centros hospitalarios del país, contratar médicos o lograr que el personal de medicina legal del Poder Judicial preste atención al interés de las víctimas dolientes y realice las autopsias.
Hasta la tarde de este lunes, en la morgue judicial se encontraban 35 cadáveres.
Se solicitó a los gremios del Poder Judicial una respuesta de por qué han incumplido el fallo que la Sala Constitucional notificó el viernes al director del OIJ, pero de momento no se ha tenido respuesta.
Exigencia
La huelga fue declarada el pasado 19 de julio por los representantes de la Asociación de Jueces, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, el Sindicato de Jueces y Juezas, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, la Asociación Nacional de Profesionales y el sindicato de la Defensa Pública.
Estos reprochan que la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa rechazara retomar el proyecto de ley que reforma el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y que había sido redactado por los gremios. En su lugar, en la corriente legislativa se mantiene un plan propuesto por Supen.
Los gremios están en desacuerdo con el plan de la Supen porque aumenta la edad de retiro a 65 años, el tiempo de labor a 35 años y la asignación sería del 72% del promedio salarial de los últimos 30 años. Consideran que esas condiciones serían “ruinosas” para los trabajadores.
Además, alegan que el proyecto de la Supen carga al presupuesto nacional ¢1 billón por las pensiones ya otorgadas.
Según los representantes sindicales, el plan de ley que ellos habían planteado ya había sido discutido con las todas las fracciones legislativas hace un año. Su propuesta incluye una jubilación a los 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
Además, el cálculo de la pensión sería el promedio de los mejores 12 salarios de los últimos 24 recibidos con un tope de 10 salarios base más bajos pagados en la administración pública.
