La Fiscalía General abrió una causa penal contra el fiscal general, Jorge Chavarría –quien está suspendido del cargo- para investigar el ocultamiento de pruebas que implicaban a diputados en el caso conocido como “cementazo”.
Así lo confirmó en entrevista con UNIVERSIDAD la fiscala general en ejercicio, Emilia Navas, quien fue designada por la Corte Plena luego de que Chavarría fuese separado durante tres meses del cargo.
La suspensión de Chavarría obedece a que además afronta una investigación disciplinaria por los mismos hechos.
De acuerdo con Navas, la pesquisa contra Chavarría se tramita en el mismo expediente en que se investiga al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, por sus vínculos con el empresario importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
La causa penal se inició el pasado 17 de octubre, luego de que la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) presentara una denuncia contra Chavarría y Gamboa, sustentada en informaciones periodísticas.
El Ministerio Público ya había informado que a Gamboa se le indaga por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
En el caso de Chavarría, “la calificación (de posibles delitos) no la hemos hecho en este momento. Nada más tenemos hechos en particular, que son los relacionados con su conducta frente a los casos de investigación que presuntamente no atendió correctamente”, comunicó Navas.
UNIVERSIDAD publicó el pasado 11 de octubre que la Fiscalía General alteró los resultados de prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al pedir el cierre de la causa en la que se investigaba a los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por un supuesto tráfico de influencias para beneficiar al empresario Bolaños.
En las solicitudes de desestimación que se presentaron en febrero y marzo de este año –tanto en la causa contra los legisladores como en el expediente en que se investigaba a Bolaños y al exdiputado Wálter Céspedes-, la Fiscalía adujo que el análisis de registros telefónicos no mostraba relación entre ellos.
No obstante, el informe elaborado por el OIJ revelaba cientos de comunicaciones de los diputados con el importador de cemento.
Chavarría lo atribuyó a un “error” en la interpretación de la prueba y lo atribuyó al fiscal Ricky González, quien lo asistía en las pesquisas.
En la comparecencia ante la Comisión Especial que investiga las condiciones en que se dio la importación de cemento chino, el fiscal González sostuvo que Chavarría siempre tuvo acceso al estudio de contactos telefónicos realizados por el OIJ.
En esa misma comisión, la técnica de la Fiscalía, Jacqueline Pérez, relató que en cierto momento, cuando el fiscal González le pidió una información sobre el caso del cemento, junto a él se encontraba en la oficina Justo Pastor López, quien es letrado del magistrado Gamboa.
Viaje en avión
En el caso del magistrado Celso Gamboa, la Fiscalía investiga un viaje de 37 horas que él y el empresario Bolaños hicieron a Panamá en octubre del año pasado.
El medio digital CRHoy dio a conocer que los tiquetes aéreos de ese viaje se pagaron con la misma tarjeta de crédito.
Además, Gamboa es investigado por haber acompañado a Bolaños a gestiones en la Fiscalía.
