La Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Ambiental y el OIJ confirmaron este martes el desarrollo de 26 allanamientos en distintos puntos del país para recoger pruebas de presunta complicidad de intereses económicos para el otorgamiento de permisos de construcción en límites del Refugio Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur.
El caso relacionado a los cuestionamientos que fueron calificados como “escándalo falso” por el presidente Rodrigo Chaves, ameritó que agentes judiciales se desplegaran en 11 casas y oficinas públicas en San José, Limón, Santo Domingo de Heredia y Curridabat, informaron el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La investigación persigue probar o descartar los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica, aunque el mandatario hace un mes descalificó los cuestionamientos originados en sectores ecologistas, diciendo que fueron sólo «23 árboles».
“Se presume que eso se logró tras un acuerdo entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones”, informó el Ministerio Público en referencia a la Municipalidad de Talamanca, el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). De ahí tomaron documentos y aparatos con información.
“Posibles actos de corrupción respecto al plan regulador del cantón de Talamanca por beneficios a intereses privados, de acuerdo con la línea investigativa”, justificó el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien dijo que ese plan fue “laxo” y reportó también la captura de un hombre de apellido Domínguez.
Esos señalados arreglos entre actores privados y públicos pudieron haber violado leyes nacionales y acuerdos internacionales sobre humedales, pues se sospecha de daños sobre el entorno natural en zonas protegidas en linderos al Refugio Mixto de Gandoca-Manzanillo, ubicado en el cantón Talamanca. La casa del alcalde, Rugeli Morales, también fue allanada.
El OIJ añadió que la hipótesis señala hacia presuntas ilegalidades con la tramitación y aprobación de dicho Plan Regulador por parte de la Municipalidad de Talamanca. “Al parecer se pretendió beneficiar los intereses privados para la explotación turística urbanística y comercial en zonas restringidas. Esto implicó eliminar humedales, tala ilegal de árboles, cambios de uso de suelo e invasión a zona marítimo terrestre y territorios indígenas, indica el comunicado judicial.
UNIVERSIDAD reveló que con base en un análisis de mapas se evidencia que el Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, impulsado por la administración Chaves-Robles, permitirá el desarrollo turístico y la construcción de estacionamientos en zonas donde se identificaron humedales, de acuerdo con un estudio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de 2021.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, defendió una directriz que emitió el año pasado y que ordenó al Sinac no volver a utilizar el informe “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de 2021, que registraba poco más de 165 hectáreas de humedales en la franja entre Manzanillo y Cahuita, argumentando que no es un documento oficial y que no está certificado.
El expediente correspondiente a estas diligencias es el 23-000250-1218-PE, aunque también este semanario divulgó que hay otro caso, número 24-000041-0033-PE, que está a cargo del fiscal general, Carlo Díaz, debido a que aparece como investigado el propio presidente Chaves y su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, por aparente tráfico de influencias.
Cuando UNIVERSIDAD le preguntó al fiscal general cuál es el presunto delito investigado en esta causa, replicó: “los mismos, o sea, es la misma situación, solo que se relaciona en este caso contra un miembro de supremos poderes, por ley yo tengo que manejarlo”.
Este caso corresponde a fiestas en que ambos acudieron junto al empresario Allan Pacheco Dent, que tiene intereses empresariales en alrededores de Gandoca Manzanillo y que aparece como investigado en el expediente judicial por el que se hicieron hoy los 26 allanamientos.
Pacheco Dent, quien registra al menos siete visitas a la Casa Presidencial en el gobierno actual, incluso estuvo detenido unos días junto a otras cuatro personas después de primeros allanamientos del 16 de julio.
