El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Héctor Chaves León, enfrenta investigaciones por parte del Instituto Nacional de Seguros y, también, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por posible uso inadecuado de recursos públicos y tráfico de influencias.
El funcionario, que ya antes ha sido sancionado, está siendo investigado por la auditoría interna de Bomberos por una serie de hechos que parecen estar ligados a casos de corrupción en la función pública, dentro de los cuales se destaca la supuesta transferencia de fondos públicos a la Fundación Bomberos por Siempre (Fubosi), que Chaves presidía hasta mayo pasado.
Así lo informó la oficina de prensa del INS, que compartió con UNIVERSIDAD una nota enviada por la presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Araya, al gerente general de la empresa pública y a su director jurídico, en la que ordenó que impulsar los procesos penales que el Ministerio Público se encuentra investigando.
Al mismo tiempo, pidió investigar las transferencias de fondos del INS a Fubosi, suspender el proyecto de elaboración de la carroza del instituto para el Festival de la Luz 2022 y realizar un informe sobre el asunto, pues aparentemente mediaron recursos cuestionados.
“En la institución debemos contar con transparencia radical, que permita aclarar la verdad de los hechos y garantizar si efectivamente existió un caso de corrupción”, puntualizó la jerarca en su misiva.
Denuncia anónima nutre investigaciones
La FAPTA confirmó a UNIVERSIDAD que el señor Chaves León registra tres causas en su contra (expedientes 21-000185-1218-PE, 21-000011-1218-PE y 21-000182-1218-PE) uno por el presunto delito de peculado y dos por supuesto tráfico de influencias.
Una denuncia anónima que fue presentada en noviembre del 2020 a la Presidencia Ejecutiva, entonces ocupada por Róger Arias, habría sido lo que dio inicio a las investigaciones.
Según informó a este Semanario una fuente a lo interno del Cuerpo de Bomberos que prefirió no ser identificada, tras la entrega del expediente (que detalla movimientos, pagos, viajes, estadías cuestionables y que incluye hasta copias de facturas, fotografías y videos), se abrió a lo interno del Consejo Directivo una investigación, que en enero se remitió a la recién nombrada auditora interina, Silvia Céspedes.
En mayo, cuando se designó un nuevo auditor (Allan Mosquera) se le delegó la tarea. “Entonces comenzó la coordinación con la Contraloría General de la República y el OIJ y se emitieron los informes, pero para entonces ya no teníamos el mismo presidente ejecutivo y ahí se vararon las acciones”, dijo la fuente, protegida para evitar represalias.
Cabe destacar que Róger Arias renunció a la presidencia del INS en junio del 2021, después de vacunarse contra la COVID-19 en una jornada que era exclusiva para bomberos, aunque siempre sostuvo que la decisión de que él y otros directores se vacunaran anticipadamente fue de Héctor Chaves, quien también ha sido cuestionado por el hecho. En su lugar, asumió Juan Gabriel Pérez, quien se mantuvo en el cargo hasta el más reciente cambio de administración.
Según informó el INS, en la actualidad, la auditoría interna de Bomberos gestiona seis investigaciones, de las cuales tres ya fueron concluidas en la vía administrativa.
Los tres procesos aún pendientes son por posible uso irregular de fondos públicos en beneficio de familiar (uso de vehículos, pago de póliza), posible uso irregular de fondos públicos en beneficio propio (uso de vehículos) y posible tráfico de influencias en el nombramiento de personal de Bomberos.
De momento no es posible saber si alguna de estas investigaciones ya concluidas o pendientes tienen relación con las causas abiertas en Fiscalía, pues las mismas aún están en investigación y son, por tanto, confidenciales. A la vez, el INS no ha detallado si ha remitido alguno de sus informes a las autoridades judiciales.
Viajes, compras de esculturas y movimientos cuestionados
De las investigaciones ya concluídas, la más antigua versa sobre el uso de $865 de fondos públicos para trasladar a una funcionaria en helicóptero para una diligencia personal, no laboral. Este expediente no investiga a Chaves, sino a cuatro funcionarios a su cargo.
El mismo concluye que hay faltas por parte de dos funcionarios, a quienes se les amonestó por escrito y que no hay prueba suficiente para responsabilizar a los otros dos, por lo que se archiva el proceso.
La denuncia anónima, que nutre los procesos, sugiere una relación de índole personal de la funcionaria que hizo uso del viaje aéreo (de apellido Méndez) con el cuestionado director y detalla, con fotografías y videos, múltiples ocasiones en que se podrían haber hecho uso de fondos y recursos públicos para facilitar encuentros no relacionados con las funciones de ambos, aunque esto no ha sido determinado por autoridad alguna.
El segundo informe es sobre el uso de ₡10 millones de la caja chica de Bomberos para el diseño y conceptualización de dos esculturas que luego se colocaron en Estaciones Metropolitanas de Bomberos.
Este documento concluye responsabilidades de tres funcionarios, que hicieron una contratación al margen de la ley, sin usar las vías correctas y echando mano de un mecanismo de pago “que no tiene viabilidad legal” y les sanciona con días sin goce de salario.
En el caso de Chaves, se le sancionó con cinco días, que el funcionario notificó a la Jefa de la Unidad de Talento Humano, tomaría justamente el martes y miércoles de la pasada Semana Santa y los tres días hábiles siguientes a la misma, extendiendo así dicho período de descanso.
El último de los expedientes analiza la relación entre la Fundación Bomberos por Siempre y Bomberos de Costa Rica, así como el manejo de fondos y patrocinios.
El documento cuestiona que Chaves ocupara por años a la vez el cargo de director de Bomberos y presidente de la mencionada fundación, mientras que el encargado de mercadeo de la entidad pública también figuraba como director ejecutivo en el brazo privado.
El informe también concluye que Fubosi usaba infraestructura y tecnología pública y que ha recibido fondos por patrocinio a través de la marca Bomberos, sobre los que no se tienen controles por parte de la institución. Estos aportes incluyen contribuciones de empresas públicas como el mismo INS, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El informe fue dado a conocer a lo interno el pasado 22 de marzo y dos meses después, el pasado 25 de mayo, Héctor Chaves renunció a la presidencia de la Fundación.
Sobre el asunto, la presidenta ejecutiva, Mónica Araya, dijo la noche del martes 21 de junio que mientras se aclara la participación de la Fundación Bomberos por Siempre en los hechos que se encuentran en investigación penal, instruyó a lo interno del INS que se suspenda cualquier tipo de relación que exista con dicha organización.
“Mi compromiso es permanente en la lucha contra la corrupción, mismo que se extiende a todas las empresas del Grupo INS”, concluyó.
