La Fiscalía General decomisó los celulares de los diputados Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (independiente tras separarse del PAC), así como el del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, a quienes se les investiga por aparentemente cometer el delito de tráfico de influencias para beneficiar al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Así lo detalló la oficina de prensa del Ministerio Público poco antes de las 7 p.m. de este miércoles, casi 11 horas después de que iniciaran los allanamientos en las oficinas de los legisladores (en la Asamblea Legislativa), en el Ministerio de Hacienda y en las casas de los tres investigados, ubicadas en Escazú y Heredia.
Según el reporte, a las 5:50 p.m. un equipo de siete fiscales, liderados por la fiscala general, Emilia Navas, así como agentes de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya habían inspeccionado todas las oficinas y se encontraban allanando la casa de Guevara, en Escazú.
La Fiscalía informó de que también decomisó documentos y computadoras. Además, registró el carro en el que viajaba el diputado Guevara, “el cual se encontraba parqueado -y bajo resguardo- en una calle de ese cantón josefino”, y el del viceministro Rodríguez, el cual se encontraba en el Ministerio de Hacienda.
“Los carros no fueron objeto de decomiso, únicamente de registro, para localizar pruebas”, especificó el Ministerio Público.
Todas las evidencias recolectadas serán analizadas por el OIJ.
La Fiscalía también realizaría durante la noche el registro de las dos viviendas localizadas en Heredia.
Los allanamientos de este miércoles se realizan con autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debido a que entre los investigados hay miembros de los supremos poderes.
En todo el operativo participan unos 70 agentes judiciales, detalló el OIJ.
¿Por qué debe estar la fiscala general?
Durante todo el día, la fiscala general, Emilia Navas, ha estado presente en los registros que se han realizado.
Esto se debe a que la Ley Orgánica del Ministerio Público ordena a quien ocupe la jefatura del Ministerio Público “Practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar lo que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales seguidos contra miembros de los Supremos Poderes y funcionarios equiparados”.
Además, el Código Procesal Penal establece un procedimiento especial para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes.
El artículo 394 de esa normativa indica que, en esos casos, la fiscala general “practicará la investigación inicial”.
Posteriormente, según el mismo Código, la Fiscalía debe entregar un informe a la Corte Suprema de Justicia, la cual debe decidir si la causa se desestima o si, por el contrario, debe seguir y por lo tanto se debe trasladar a la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Constitución Política, tiene la potestad de levantar el fuero de inmunidad que cobija a estos funcionarios.
Si la Asamblea determina que el proceso continúe, debe remitir el caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que determine si interpone medidas cautelares y realice el juzgamiento.
