La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri) consultará a Rumanía si mantiene o no su interés en la extradición de la exministra de Turismo de ese país, Elena Udrea y de la exfiscal de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (Diicot) de Rumanía, Alina Bica, quienes se encuentran detenidas en nuestro país.
La Fiscalía confirmó que realizará esa gestión luego de que, este jueves, trascendió en medios de comunicación rumanos que el Tribunal Superior de Casación y Justicia de Rumanía suspendió la ejecución de las sentencias que se habían dictado contra las dos expolíticas hasta que se resuelva por el fondo la apelación y se decida si se deben hacer nuevos juicios.
Ellas habían presentado apelaciones a sus condenas con el argumento de que, el 7 de noviembre pasado, el Tribunal Constitucional de Rumanía dictó una resolución con respecto a la forma en que se conformaba el Tribunal Superior de Casación y Justicia.
El Tribunal Constitucional determinó que, desde el 2014, el Tribunal Superior de Casación se conformó de manera ilegal porque la ley rumana exige que se realice un sorteo, pero solo cuatro de los cinco jueces se designaban de esa manera. Este es el tribunal que se encarga de las causas contra miembros de los supremos poderes en ese país.
Ese fallo constitucional permitió a la defensa de Udrea y Bica presentar apelaciones en sus casos porque estos habían sido resueltos por los jueces conformados de manera ilegal. Sus apelaciones fueron declaradas con lugar este jueves por lo que se suspendieron sus condenas.
No obstante, ahora la justicia rumana debe establecer si se realizarán nuevos juicios contra Bica y Udrea.
A pesar de esto, las autoridades costarricenses todavía no han recibido ninguna comunicación por parte de Rumanía sobre si se mantiene o no la solicitud de extradición, por lo que ambas rumanas permanecen en prisión preventiva, informó la Oatri.
Udrea y Bica fueron detenidas en nuestro país el pasado 3 de octubre a solicitud de Rumanía. A Udrea se le buscaba para que cumpliera una pena de seis años de prisión por los delitos de soborno y abuso de poder. Mientras que a Bica se había sentenciado a cuatro años por corrupción.
Ambas mujeres solicitaron en Costa Rica la condición de refugiadas, la cual se otorga a extranjeros que se vieron obligados a abandonar sus países porque su vida, libertad o seguridad están en peligro.
Semanas atrás, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio -conformada por los ministros de Trabajo, Seguridad y Relaciones Exteriores- acordó rechazar la solicitud de las dos mujeres.
No obstante, hace un par de semanas, al conocer una apelación, el Tribunal Administrativo Migratorio resolvió anular el primer fallo porque encontró que no se valoró correctamente toda la prueba presentada.
Por ello, el TAM ordenó a la Comisión volver a conocer el caso.
Colaboración especial de Attila Biro, RISE Project.
