Personas pertenecientes al pueblo cabécar ocuparon el primer lugar como “ofendidas” en las denuncias que ingresaron la Fiscalía Adjunta de Pueblos Indígenas (FAI) el año pasado, con 410. Sin embargo, al cierre del año fueron las denuncias de personas pertenecientes al pueblo bribri las que más se acumularon, con un circulante (o pendiente) de 222 casos.
Ello refleja, entre otras cosas, la intensidad de acciones violentas con que durante 2023 grupos organizados obedientes al empresariado usurpador de tierras indígenas actuaron en territorios como China Kichá (cabécar) o Salitre (bribri), ambos del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, que también aloja entre otros al territorio Brörán de Térraba.
En total, durante 2023 ingresaron 1.355 casos a la FAI en que personas indígenas figuraron como ofendidas, y se finalizaron 1.543, con lo cual el año cerró con un circulante de 633.
Según se explicó este viernes en un acto de rendición de cuentas del Ministerio Público, el fenómeno criminal dentro de las poblaciones indígenas es reflejo de dos principales problemas sociales, la disputa por territorios ancestrales y la violencia de género y de tipo sexual.
“Estas manifestaciones generan conductas delictivas como usurpaciones, homicidios, tentativas
de homicidios, agresiones con arma, amenazas, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, entre otros”, se lee en un informe divulgado.
La FAI actualmente está conformada por la fiscala adjunta Rocío De la O Díaz, quien además asume por recargo, pues también encabeza la Fiscalía Adjunta de Niñez y Adolescencia. A ella se suma un Fiscal Coordinador, tres personas Fiscales Auxiliares, dos personas técnicas judiciales y una persona coordinadora judicial. Una de esas plazas de fiscal auxiliar destacada precisamente en la Fiscalía de Buenos Aires.
Ello por cuanto desde 2016 la Fiscalía General consideró necesaria esa medida “con el fin de mejorar la atención a la población indígena usuaria y realizar un trámite expedito y exclusivo a los procesos penales que tengan relación con los conflictos que se originan a consecuencia de la recuperación de tierras, en los territorios indígenas de Salitre y Térraba, propiamente de los pueblos
indígenas Bribri y Teribe, respectivamente”.
El año pasado además la Fiscalía General reforzó con una plaza de técnico judicial asignada a la Fiscalía de Buenos Aries.
Durante el acto de rendición de cuentas la fiscala adjunta De la O atendió a UNIVERSIDAD y se refirió al delicado tema de cómo ganar credibilidad y dar confianza a poblaciones indígenas que sienten que la institucionalidad les ha dado la espalda, pues además de la impunidad en los casos de asesinato de Sergio Rojas en Salitre y Jehry Rivera en Térraba, durante años ha habido quejas sobre el comportamiento de fiscales y jueces precisamente en Buenos Aires.
La Fiscala Adjunta en primer lugar la preocupación por “regionalizar la Fiscalía Especializada” y subrayó que desde abril de este año se fortaleció la Fiscalía de Buenos Aires (FAI Buenos Aires), pues “consideramos que una Fiscal Especializada no era suficiente y no daba a basto, por eso es que ahora hay dos fiscalas con su personal subalterno”.
“Nosotros como jefatura, tanto el Fiscal Coordinador como mi persona, nos involucramos en mesas de trabajo para revisar los casos, para estudiarlos y para emitir los criterios técnicos y las recomendaciones que como Fiscalía especializada creemos que se deben aplicar”, añadió.
También destacó que “informamos a la población indígena cuándo es que tiene que acudir a otras vías, porque no todo se soluciona en sede penal. Tenemos una ley a la cual tenemos que someternos, si una conducta no encuadra en un delito, tiene que acudir la persona indígena a la vía correspondiente, ya sea vía agraria o a la vía administrativa, por medio de que el gobierno haga esa recuperación de tierras, máxime que en esa zona es donde está aplicada la medida cautelar 321-12 (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.
Así, De la O Díaz resumió que “hay dos formas para ganar credibilidad”; en primer lugar, “asumir los casos que sí nos corresponde por competencia y si no nos corresponden de forma oportuna, ágil y en el momento, explicarle a la población”.
La otra forma es “que somos puertas abiertas, teléfonos abiertos, líneas abiertas. Ellos saben y también lo hemos trabajado con doña Damaris (Vargas), la Magistrada, quien nos ha comunicado de un caso X en horario inhábil y nosotros hacemos las coordinaciones correspondientes; mesas de trabajo con el OIJ, procurar acusar los casos más rápido”.
Respecto a los casos de Rojas y Rivera, apuntó que “si bien es cierto esos dos homicidios se tramitaron por la Fiscalía de Crimen Organizado, la FAI también ha estado como parte de la asesoría por la especialidad en esos casos”.
Sobre el asesinato de Sergio Rojas, apuntó que “hay un testimonio de piezas que está con archivo fiscal, eso significa que de momento no hay pruebas suficientes, pero que se puede reabrir si aparece un testigo, si aparece una prueba que nos permite reabrir el caso”.
Con el relación al caso de Jehry Rivera, recordó que el nuevo juicio iniciará ahora en agosto, en Pérez Zeledón. “Va el fiscal de Juicio de Fiscalía Indígena con el fiscal de Crimen Organizado a atender este asunto, es decir trabajando de la mano con la Fiscal Especializada”
De la O hizo un llamado vehemente a la población “a que nos ayuden”, pues “no podemos avanzar con los casos si no tenemos la colaboración de la ciudadanía y en casos indígenas ocupamos mucho de la versión de la población, de que se acerquen, de que confíen, de que nos cuenten, pero que nos acompañen hasta la etapa de juicio, porque nosotros no podemos pedir una condena si no tenemos pruebas y el juez no va a condenar si no le llevamos las pruebas; entonces no es simplemente poner la denuncia y me desentiendo del proceso, es poner la denuncia y continuar”.
Recordó que en casos en que una víctima se sienta en riesgo por denunciar, “para eso está la Oficina de Protección, ellos valoran el riesgo, inmediatamente pedimos el servicio y de esa manera podemos llegar hasta el juicio y poder acreditar los hechos”.
La Fiscala Adjunta insistió en destacar el compromiso con la población originaria y subrayó que “con el recurso que contamos estamos haciendo todo para efectos de poder atender los casos de manera oportuna y de forma correcta”.
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