El Ministerio Público (MP) argumentó que con la condenatoria a tres años de cárcel para el exdiputado y abogado Otto Guevara “se demuestra la culpabilidad” del delito por falsedad en la declaraciones juradas que se presentaron ante la Contraloría General de la República en su periodo como parlamentario entre el 2014 y 2018. También se inhabilitó por seis años para ocupar cargos públicos por los próximos seis años, al ahora aspirante por una curul por el partido Unión Liberal, lo cual deja en duda su camino hacia la Asamblea Legislativa.
“La Unidad Especializada de la Fiscalía General demostró la culpabilidad de un exdiputado, acusado de cuatro delitos de falsedad en la declaración jurada. De esta manera, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública”, indica el comunicado emitido por la Fiscalía, que añade que se solicitó “la semana pasada la misma pena de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta”
El MP argumenta que según ” la acusación de la Unidad Especializada, los ilícitos se configuraron debido a que el acusado omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa ubicada en el extranjero”. A la empresa a la que hace alusión la Fiscalía la ubican en Hong Kong e Islas Vírgenes.
Por tanto, sostiene la Fiscalía que Guevara cuando asumió como diputado en mayo de 2014 “estaba obligado a presentar una declaración jurada de la totalidad de su patrimonio al comienzo de sus funciones, así como una declaración anual ante la Contraloría General de la República, de conformidad con los términos establecidos en los numerales 21.36 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito…”
“Se determinó que en las cuatro declaraciones presentadas cada mes de mayo por el imputado ante la CGR, no se declaró la existencia de la empresa, con lo que se habría suministrado información falsa”, detalla el comunicado.
No obstante, las pruebas recogidas determinaron que, en cuatro declaraciones presentadas en cada mes de mayo por el imputado ante la CGR, no se declaró la existencia de la citada empresa, por lo cual se habría suministrado la información falsa.
La declaración jurada de bienes es obligatoria para funcionarios públicos y para cargos de personas con puestos de elección popular como diputado o también regidores o alcaldes, que podrían ser sancionados de sus puestos sin goce de salario o dieta y hasta separados del cargo público, sin responsabilidad patronal hasta la cancelación de la credencial.
