Dos funcionarios del Juzgado Contencioso Administrativo, del II Circuito Judicial de San José, de apellidos Molina Vargas y Cruz Tenorio, un procurador apellidado Lara Flores, y dos abogados particulares, Rojas Pochet y Hernández González, fueron detenidos esta mañana durante una serie de allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las causas investigadas se relacionan con la comisión de aparentes actos de corrupción en el trámite de expedientes de expropiación, en el Juzgado Contencioso Administrativo.
“Aparte de las cinco viviendas, también se están allanando las oficinas de los sospechosos, en el Juzgado, en la Procuraduría General de la República y en el Bufete Facio Abogados, en Escazú. En esos sitios, las autoridades judiciales pretenden obtener prueba documental y electrónica relevante, para incorporar al expediente en investigación, 18-000165-1218-
El Ministerio Público señaló los aparentes delitos de divulgación de secretos y cohecho propio. Según el artículo 203 del Código Penal “será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revele sin justa causa”.
Sobre el cohecho propio, el artículo 340 del mismo código establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones”.
“Los allanamientos, con previa orden jurisdiccional, se mantienen en desarrollo. La Fiscalía informó que en el transcurso del día se tomará la declaración indagatoria a las personas detenidas”, cierra el comunicado.