El fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental del Ministerio Público Alejandro Alpízar Arrones afirmó que hay organizaciones criminales que se están dedicando a la tala ilegal debido a que los delitos ambientales no califican como crimen organizado y a las bajas penas impuestas a quienes cometen este tipo de delitos.
Alpízar se refirió al tema esta mañana en el programa radiofónico Frecuencia MP, del Ministerio Público.
“Hay organizaciones criminales que ya se están dedicando a este tipo de actividades, pues tienen un bajísimo riesgo, en cuanto a que si son detectados y procesados. Las penas para delitos ambientales en este país no pasan en su mayoría de tres años de prisión, por lo que se podría aplicar el beneficio de ejecución condicional de la pena”, explicó.
Asimismo, para el trámite bajo la modalidad de crimen organizado, ninguno de ellos es un delito grave y el delito grave es un requisito para que se declare un caso como crimen organizado y se tramite bajo ese procedimiento”, agregó.
El Fiscal resaltó que la legislación del país se encuentra rezagada y es importante una reforma a la legislación ambiental. También se requiere reformar la legislación en cuanto a los procesos restaurativos, para que no quede ninguna duda de la obligación de restaurar ecosistemas que han sido dañados.
“Los bienes ambientales son un gran objetivo para las organizaciones criminales”, recalcó.
Con respecto a la importancia de las medidas cautelares, Alpízar señaló que desde el Ministerio Público siempre se persigue la restitución. “Si nosotros no perseguimos la restitución, de nada sirve perseguir personas y encarcelarlas; el bosque necesita ser restaurado, las áreas de protección necesitan ser liberadas y todos los demás ecosistemas necesitan ser recuperados al estado anterior al que estaban antes de la comisión del delito”.
Expansión urbana y de monocultivos impulsa tala ilegal
Entre las causas de la tala ilegal en el país están, en primer lugar, que la madera en sí es un bien perseguido debido a maderas que son muy cotizadas en el mercado; en segundo lugar, la expansión de la frontera agrícola por la gran presión por eliminar bosques para la expansión de monocultivos; y la expansión urbana, para eliminar bosques para construir condominios, urbanizaciones, hoteles, campos de golf o amenidades turísticas, declaró el funcionario.
Dependiendo de a donde apunta la actividad criminal, en el caso de las maderas preciosas, se está talando mucho el cocobolo, debido a que existe “todo un mercado clandestino hacia mercados asiáticos” y el almendro amarillo, según Alpízar.
“Todo el recurso está amenazado porque para la expansión de la frontera agrícola o urbanística, es indistinto cuál es la especie, porque muchas veces los bosques son arrasados y el producto ni es utilizado, sino que entierran los árboles para que se descompongan en el suelo y que las autoridades no determinen que eso era un bosque”, denunció.
Los delitos se dan a lo largo y ancho de todo el país, indicó. En la Zona Norte se está dando mucha tala de almendro y destrucción de los bosques para monocultivos; en Guanacaste se persigue mucho el cocobolo; y en la zona de Los Santos, hay zonas que eran bosques y ahora están convertidas en cafetales.
Entre los principales impactos en los ecosistemas, Alpízar mencionó la disminución y pérdida de servicios ambientales que brinda el bosque, como pérdida de captación y fijación del CO2, que acelera el cambio climático; pérdida de la capacidad de retención del suelo, lo que genera deslizamientos e inundaciones y se reduce la capacidad de los mantos acuíferos de retener agua en cantidad y calidad; y la pérdida de hábitats y su consecuente afectación al turismo costarricense.
“Los turistas extranjeros quieren venir a ver tucanes, pumas, vida silvestre que habita en el bosque y si eliminamos el bosque eliminamos esa vida silvestre y nuestro principal atractivo, cambiándolo por un hotel, un campo de golf, que eso lo tiene todo el mundo; pero no la biodiversidad que tiene Costa Rica. A nivel internacional estamos mancillando nuestra propia imagen”, expresó el fiscal.
El fiscal también reconoció que muchos casos no logran avanzar por la falta de colaboración de testigos, ya que hay miedo y muchas de estas personas están siendo amenazadas.
“No llegamos a conocer quién es el autor, determinar si actuó bajo dolo o no, o conocer la amplitud total de la organización criminal (…). Los delitos ambientales ocurren generalmente en lugares muy alejados, donde el tránsito de personas es muy esporádico, no hay cámaras por lo que si la única persona testigo del evento no nos colabora, nunca vamos a poder determinar quién es el autor. Necesitamos que los testigos denuncien, que declaren en juicio, que participen, dado que los bienes ambientales les pertenecen; ellos deben dar el paso en defender lo que les pertenece”, insistió Alpízar.
Las personas pueden denunciar este y otros delitos ambientales ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a través del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (Sitada).
