Fiscalía allana casa de Celso Gamboa tras denuncias de diputados

El exmagistrado ahora es investigado por, aparentemente, haber pedido a congresistas que se ausentaran el día de su destitución.

La Fiscalía General de la República allanó desde 6:00 a.m. de este martes la casa del exmagistrado Celso Gamboa en Tres Ríos (La Unión, Cartago), como parte de las investigaciones aparentemente haber solicitado a diputados que se ausentaran el día en que se votaba su destitución.

Así lo confirmó el Poder Judicial, entidad que atribuyó la diligencia a una causa penal abierta la semana anterior por presunto tráfico de influencias, cuya prueba debe se decomisa en este momento.

Las comunicaciones fueron denunciadas públicamente por loscongresistas Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes hicieron públicas las solicitudes justo antes de disponerse a la votación, con un débil quórum de 41 legisladores en el Plenario Legislativo.

Redondo denunció una llamada en la que Gamboa le solicitó “enfermarse” para evitar que el quórum alcanzara los 42 diputados, asumiendo el apoyo de al menos cuatro congrsistas; mientras que Guerrero hizo lo propio, con mensajes en los que la instaba a evitarle su “baja deshonrosa del puesto”.

Así mismo, le habló a la legisladora sobre una supuesta oferta de trabajo en Google, versión luego desmentida por la transnacional a este medio, a través de su gerente para la región.

Finalmente, la votación se resolvió con 39 votos a favor, dos abstenciones y 16 diputados ausentes, por lo que los votos de Redondo y Guerrero finalmente sí fueron decisivos, con un mínimo de 38 requeridos.

Gamboa fue despedido con base en un procedimiento disciplinario contra el juez por sus conexiones con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños; un trámite que fue reforzado en el Congreso, donde una comisión también recomendó revocar su nombramiento.

Contra el exmagistrado también corren varias otras causas disciplinarias y judiciales, por sus presuntos nexos con el caso del cemento chino, por un supuesto tráfico de influencias en favor del alcalde josefino Johnny Araya y por sus comportamientos durante una misión oficial en una terminal aérea mexicana.

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