La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ahora imputada en el caso ‘Barrenador’, Marta Esquivel, insertó hechos “falsos” en un acta de la Junta Directiva de la institución, previo a la adjudicación de 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación el pasado 6 de julio.
Así lo señaló la Fiscalía en la orden de allanamiento incluida en el expediente 24-000267-1218-PE, en el cual se evidencian distintas acciones realizadas por Esquivel y otras siete personas más, quienes el pasado lunes 23 de septiembre fueron detenidas y ahora figuran como imputadas, luego de ejercer “control” sobre una millonaria licitación.
“La encartada Marta Esquivel hizo insertar hechos falsos y contrarios a la ley a dicha acta de junta, toda vez que, teniendo pleno conocimiento de que los precios ofertados en cada una de las 10 partidas son excesivos señaló ‘me parece que ahí deberíamos incorporar que le da razonabilidad a los precios ofertados, porque en ninguna parte señalamos que después de estos análisis se considera razonable los precios’”, se lee en la orden de allanamiento.
Esta sugerencia que no tuvo ninguna oposición en la Junta Directiva fue incluida en el acta de la sesión ordinaria 9.464, del 6 de julio, luego de que la también imputada y ahora gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, expusiera al máximo órgano un análisis cuantitativo para la gestión de áreas de salud contratadas a terceros y recomendara adjudicar esta licitación a cuatro cooperativas y una asociación.
Posterior a esta recomendación y a la sugerencia de Esquivel, tanto ella como los directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez, Jorge Araya, Zeirith Rojas y Jorge Porras adjudicaron el contrato.
“En detrimento del interés público, votaron a favor para el acto final de adjudicación de la Licitación 2023LY-000002-0001101142”, indicó la Fiscalía, sobre este contrato que presenta un incremento del 33% mensual respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.
La Fiscalía indicó también que a finales de mayo del 2023 Esquivel realizó observaciones a mano sobre el borrador del nuevo cartel de licitación “para que fueran revisadas por el equipo intergerencial encargado de su elaboración”.
Este nuevo cartel de licitación fue elaborado luego de que una comisión de cooperativas en la Junta Directiva conformada por los entonces directivos María Isabel Camareno, Juan Ignacio Monge y Roberto Quirós recomendara anular la anterior y realizar una nueva versión. Esto fue acuerpado por Esquivel y avalado por el resto de los directivos.
Actualmente los ocho imputados se encuentran a la espera de que un juez dicte las medidas cautelares en su contra. Contra ellos, la Fiscalía solicitó impedimento de salida, firmar ante la Fiscalía cada mes, no interceder en el proceso de licitación (que aún no ha finalizado) y no contactar a testigos ni amenazarlos.
A esto se suma la suspensión en el cargo por seis meses contra la presidenta ejecutiva, la gerente general, y los tres miembros activos de la Junta Directiva, de apellidos Rojas, Gómez y Camareno.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a estas ocho personas por los supuestos delitos de Tráfico de Influencias e Influencia sobre la Hacienda Pública, según confirmó el Ministerio Público.
El Ministerio Público presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Todo esto a pesar de que de previo se había determinado que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran “excesivas”, lo que significaba un incremento anual de más de ₡12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales suponen también que los directivos sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
