La fiscala general, Emilia Navas, instó a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial a aprobar una prórroga para nueve plazas especiales de peritos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de poder avanzar con las investigaciones del caso del cemento chino y otros expedientes.
Navas lanzó la solicitud durante una conferencia de prensa, este martes, en la cual se unió a los reproches que hizo el director del OIJ, Wálter Epinoza luego de que, el pasado 3 de agosto, el Consejo Superior condicionó la ampliación de permisos para seis puestos de auditores y tres informáticos a que el OIJ informe “el motivo por el cual los permisos que fueron concedidos primeramente para atender el caso del cemento chino, se están utilizando en las investigaciones de otros casos a saber: ‘Infocoop’ y ‘Yanber’”.
Los permisos se vencieron desde el 8 de agosto anterior, por lo que Espinoza presentó un recurso de reconsideración que será conocido en la sesión del órgano administrativo, el próximo jueves.
“No es posible que debamos atender asuntos graves, complejos, con un personal tan reducido. No se justifica la no prorroga de esas plazas y, si no se prorrogan, las investigaciones de corrupción y el resto de casos que están dependiendo de la apertura y el análisis de prueba relacionada con medios tecnológicos se van a ver afectados”, señaló la fiscala.
La jefa del Ministerio Público se refirió con especial atención al magistrado Fernando Cruz, quien desde el 1º de agosto es presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior.
“Habiendo sido el presidente de la Corte uno de los magistrados que más insistió en que los casos de corrupción fueran abordados, atendidos, diligenciados y resueltos con celeridad, creo que no puedo esperar otra cosa de él que, el próximo jueves, cuando el Consejo Superior atienda la solicitud de reconsideración del OIJ, resuelva a favor prorrogando las plazas”, dijo Navas.
La fiscala enfatizó en que ya hay afectación en el avance de las investigaciones porque los peritos dejaron de trabajar desde que se vencieron sus nombramientos.
Además, resaltó que no solo se retardan las pesquisas de los casos más conocidos mediáticamente, sino investigaciones de todo tipo de delitos en los cuales se requiere realizar análisis de evidencia digital.
“En la actualidad, con el numero de expedientes que se tramitan por casos de corrupción en todas las fiscalías del país, con la complejidad de esos casos y propiamente el del cemento chino, ni siquiera con esas plazas (especiales) son suficientes (recursos), pero si nos quitan esas, la respuesta del Ministerio Público y del OIJ no va a ser la esperada por el país. Por eso es que es importante que el Consejo Superior y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tomen conciencia de que la única forma de que podamos atender esos casos con rapidez es con esas plazas”, expresó la funcionaria.
Permisos con condición
Ante las críticas de los últimos días, el Consejo Superior salió a advertir que no negó por completo los permisos, sino que condicionó las prórrogas a que se detalle su uso y se detalle el avance de las pesquisas, a pesar de que este órgano es del ámbito administrativo y no tiene funciones en el proceso penal.
En el recurso de reconsideración enviado por Espinoza al Consejo, se solicitó extender las autorizaciones hasta el 31 de diciembre de este año.
En el caso de los funcionarios para la sección de Delitos Informáticos, el jerarca policial justificó su petición en que el “proyecto está enfocado al abordaje de la problemática en la atención de aperturas de indicios digitales y tramitación de casos que ingresan a la sección, y no enfocada solo a la tramitación de casos como el del Cemento Chino, Infocoop y Yanber”.
Espinoza mencionó las nuevas modalidades de delincuencia, como el cibercrimen, y señaló el incremento exponencial en la cantidad de casos ingresados a la sección.
Con respecto al personal de la sección de Delitos Económicos, el director del OIJ resaltó que se emplearon para las causas del cemento chino e Infocoop, y que estas dos sí se habían definido en la autorización que dio el Consejo Superior desde el 9 de noviembre del 2017. Espinoza destacó que ninguna se empleó para el caso Yanber.
El informe de Espinoza además brindó un detalle de los logros alcanzados en las investigaciones, por ejemplo, los análisis de trazabilidad del dinero de las cuentas de Juan Carlos Bolaños, en el caso del cemento chino, y el análisis del 70% de documentación decomisada en el expediente de Infocoop.
Los cronogramas de trabajo añadidos incluyen tareas por realizar hasta febrero del próximo año.
