En sus tres años y medio de gestión, la Fiscala General Emilia Navas ha tenido que inhibirse de conocer ocho expedientes; pero no solo en casos en que su esposo, el abogado Francisco José Campos Aguilar, figura como uno de los abogados defensores de los imputados, precisó hoy en conferencia de prensa.
Tanto Navas como el futuro fiscal subrogante Warner Molina Ruiz, se inhibieron de conocer el caso llamado “Cochinilla”, de supuesta corrupción en las concesiones de conservación vial.
La Fiscala detalló esta mañana que son ocho expedientes en los que ha tenido que inhibirse de conocer, seis de ellos relacionados con su esposo.
Dos expedientes se tramitan en la Fiscalía de San Joaquín de Flores y están relacionados con Importadora Monge; uno se tramita en la Fiscalía Adjunta de Alajuela por estafa; y otro es el caso de la Ruta 27, donde su esposo es uno de los abogados defensores de todas las personas investigadas. También están el caso conocido como Aldesa, donde su esposo es abogado del presidente del grupo, Javier Chaves; y por último, está el caso conocido como Soresco, donde lleva la defensa de uno de los imputados.
Los dos casos no relacionados con su esposo son: Una causa en la que se investiga a una persona familiar de una fiscal adjunta de su equipo de trabajo; y otra en que está denunciado un primo hermano suyo.
Ante los cuestionamientos de lo que representan estas inhibitorias para su función, Navas respondió:
“Yo soy la jerarca del Ministerio Público, giro directrices y muchos fiscales y fiscalas adjuntas se encargan de los casos y las denuncias que se tramitan en cada uno de ellos. Si bien es cierto yo soy la jerarca, puedo dar fe que el Ministerio Público, que está compuesto por casi 1.600 personas, está compuesto por fiscales y fiscalas en su gran mayoría de trayectoria. Y la Fiscalía de Probidad tiene al frente dos fiscales adjuntos, Glenn Calvo Céspedes (1) y Carlos Meléndez Sequeira (2) y un conjunto de fiscales y fiscalas de muchísima experiencia, trayectoria y compromiso, independencia y valentía”.
“El hecho de que la Fiscala General se separe de alguna causa no significa que el caso se va a caer o va a trabajarse mal. Y eso ha pasado en otros casos y está pasando en esto. Independientemente de que me haya tenido que inhibir de ciertos casos, como este que se conoce como “Cochinilla”, lo importante es la decisión de mi persona que, después de muchos años de cuestionamientos, situaciones difíciles y crisis que vivió el Ministerio Público, me puse al frente de la institución en 2017”.
“Lo que originó que yo esté al frente de la institución fueron cuestionamientos en la probidad de las personas que tomaban decisiones en el Ministerio Público. Mi tarea ha sido blindar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Eso fue lo primero que yo hice. Dije que esta Fiscalía, que está liderada por una persona honesta, valiente y proba, iba a tener independencia, para que no fuera objeto de ningún tipo de presión económica, ni interna, ni política. La blindé y dije que iba a trabajar con independencia de la misma Fiscala General. Mi discurso de transparencia y de probidad ha sido acompañada de acciones consecuentes”.
El esposo de Navas es Francisco José Campos Aguilar. Según relató la Fiscala, contrajeron matrimonio en diciembre de 1984, siendo ambos estudiantes de derecho. “Por una diferencia que tuvimos, nos divorciamos en el 2010; pero cuando la diferencia se resolvió decidimos seguir juntos. En el Registro Público aparecemos ambos como divorciados pero nueve meses después de ese problema que tuvimos, volvimos a estar juntos mis hijos, Francisco y yo. Técnicamente aparecemos como divorciados pero sigue siendo mi esposo”, aclaró ante las preguntas de la prensa.
El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las empresas constructoras H. Solís, MECO y Cacisa, como parte de un operativo para investigar a un presunto grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi. El caso continúa en investigación bajo el expediente 19-000025-1218-PE.
