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Fiscal responde a acusaciones del Presidente y la Inspección Judicial abre investigación sobre supuesto conflicto de interés

“No tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, enfatizó la Fiscal Criss González Ugalde.

La fiscal que solicitó la desestimación del caso por supuesta evasión fiscal que sigue el Gobierno contra el empresario Leonel Baruch Golberg señaló que la Fiscalía donde labora estaba obligada a trabajar en vacaciones; que nunca trabajó de manera directa con Baruch; y que como los hechos investigados en Costa Rica no estaban sancionados en Panamá, esto impedía continuar la investigación de la denuncia.

El día de ayer el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó que la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos, Criss González Ugalde, fue subalterna de Baruch cuando éste fue ministro de Hacienda y denunció un posible conflicto de interés.

El pasado 19 de enero, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó la denuncia contra el empresario Leonel Baruch, dueño del medio CRHoy, y su banco BCT y subsididarias en Panamá por un presunto fraude fiscal del banco BCT por al menos ¢11 mil millones, que habría ocurrido entre 2008 y 2015.

Según precisó la Fiscal, en un comunicado enviado por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público, la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda relataba una denuncia anónima, “advirtiendo, por parte del Ministerio, que los hechos, desde su perspectiva, se encontraban prescritos a nivel administrativo y que se realizaba la remisión de la denuncia como noticia criminis” (revelación de que se ha cometido un hecho que presuntamente es un delito)

Tuvo que trabajar en vacaciones

De acuerdo con el mandatario, la Fiscal “se fue el día feriado a pedir la desestimación, cuando la Fiscalía y el juez estaban de vacaciones”.

Según el comunicado, González indicó que el Consejo Superior del Poder Judicial ordenó que la Fiscalía donde ella labora debía estar abierta durante el período de cierre colectivo, del 26 de diciembre al 6 de enero, y que la Unidad Administrativa del Ministerio Público determinó que ella específicamente debía trabajar del 2 al 6 de enero.

También explicó que parte del plan de trabajo agendado para esos días fue redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, entre los que estaba el expediente del caso en cuestión.

El problema de la prueba de Panamá

Asimismo, la Fiscal indicó que después de analizar los elementos de prueba que aportó el Ministerio de Hacienda en la denuncia, se solicitó permiso a la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para realizar una pericia contable (prueba para determinar hechos económicos o financieros). El OIJ señaló que para eso se requería tramitar “una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.

Sin embargo, al consultar a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, ésta le informó que consultó a su homóloga en Panamá y que ésta comunicó que los delitos de defraudación fiscal fueron tipificados recién en 2019 y que, antes de eso, eran competencia de la esfera administrativa y no penal. Eso significaba que los hechos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá.

“Estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, argumentó González.

El supuesto conflicto de interés

El Presidente también afirmó que la Fiscal fue subalterna directa de Leonel Baruch en el Ministerio de Hacienda del 1 de enero de 1999 al 3 de agosto del 2002 y que debió debió inhibirse de ver este caso.

González, por su parte, ratificó que trabajó en Hacienda a partir de enero de 1999 en la Dirección Jurídica y que su jefa directa era la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. Añadió que en enero del año 2000, solicitó un permiso sin goce de salario en esa institución hasta el 2001 para estudiar una maestría con una beca.

“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, enfatizó.

Sin embargo, hoy el Poder Judicial anunció que la Inspección Judicial abrió una investigación disciplinaria “para investigar los hechos citados por el Presidente de la República sobre el Ministerio Público” y añadió que es “sobre el presunto conflicto de interés expuesto ayer en esa conferencia de prensa como se indica”.

Ante consulta de si se investigaba a la Fiscal citada, respondieron que “la investigación es preliminar, no es posible indicar que se investiga a este momento a una persona servidora judicial en específico”. También se aclaró que la Inspección Judicial únicamente investiga a personas servidoras y funcionarias del Poder Judicial y que no tiene competencia en la investigación de carácter penal.

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