Un fiscal de Goicoechea, de apellidos Rojas Hernández, es investigado porque supuestamente habría recibido un carro como dádiva para afectar a una imputada en una causa por el delito de lavado de activos, en la que el querellante es un señor de apellidos Muñoz Nanne.
Este caso fue presentado ante el Ministerio Público por la mujer que afronta la causa de administración fraudulenta. Una funcionaria del área de Investigación del Banco de Costa Rica (BCR), de apellido Alfaro, quien consideró que las actuaciones del fiscal se vieron influenciadas por esa dádiva.
De acuerdo con los hechos detallados en la denuncia, en noviembre del 2012, un empleado del comercio Muñoz & Nanne, de apellido Gómez, le solicitó al Registro Nacional la inscripción de un automóvil marca Hyundai, modelo GS, año 2007, valorado en unos ¢4 millones.
Dos años más tarde, este empleado le vendió ese vehículo a una hija de Muñoz, del mismo apellido, y quien en ese entonces tenía 18 años.
En enero del año pasado, esa joven le donó el carro a un tercero, un hombre de apellido Brenes, de 68 años, con quien no tiene parentesco.
A su vez, solo 31 días más tarde, el 10 de marzo, y “sin razón aparente”, Brenes donó el carro a una mujer de apellido Gamboa, de 62 años, quien es la suegra del fiscal Rojas.
Esas dos entregas gratuitas del automóvil constan en las escrituras del notario público Gonzalo Eduardo Rodríguez Castro.
La queja de Alfaro detalla que ese mismo 10 de marzo, en la causa por administración fraudulenta, el fiscal Rojas solicitó al juez un allanamiento, registro y secuestro de información en el BCR; a pesar de que ese banco le había indicado que podría entregar toda la información solicitada con una orden de levantamiento de secreto bancario.
Por ello, Alfaro consideró que la actuación del fiscal fue “innecesaria y excesiva”. “Tal gestión (levantamiento de secreto bancario) para revelar la información, hubiese sido más adecuada, ya que hubiese logrado el mismo objetivo sin lesionar la esfera de intimidad del recinto privado”, indica el documento que presentó ante la Fiscalía.
Dicho allanamiento se realizó el 17 de marzo.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a UNIVERSIDAD que la Fiscalía Adjunta de San José tiene abierta la causa 16-971-218-PE contra el funcionario de apellidos Rojas Hernández, por el aparente delito de cohecho impropio.
“Se encuentra en investigación en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas”, comunicó la institución. Además, se inició un procedimiento en la Inspección Judicial.
La entidad agregó que el otro caso, por el delito de administración fraudulenta, ya no se encuentra a cargo del fiscal Rojas; no obstante, afirmó que la separación de ese expediente no se debió a la denuncia por la supuesta dádiva.
Sin embargo, Francisco Dall’Anese Ruiz, abogado de Alfaro, informó que el fiscal se separó de esa causa luego de que él lo recusó durante una audiencia posterior a que se interpusiera la denuncia.
UNIVERSIDAD contactó al fiscal Rojas, quien actualmente está laborando en la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público. No obstante, indicó que debía hablar con su abogado para analizar si podía dar declaraciones a este medio.
Entre tanto, ante una consulta de UNIVERSIDAD, su suegra de apellido Gamboa afirmó que a ella no le donaron el auto, sino que lo compró en ¢4 millones con un dinero que le había dejado su padre.
Gamboa manifestó, además, que su familia conoce al señor Brenes (el expropietario del auto) desde hace muchos años, pero dijo desconocer cómo localizarlo. Adicionalmente afirmó que el notario que hizo los trámites fue contactado por Brenes.
La mujer indicó que el vehículo es para su uso personal, pero que, como ella no sabe manejar y su esposo está mal de la vista, quien lo conduce es su hija. “Ella me lleva y me trae”, expresó.
Gamboa aseguró que desconocía que existiese una denuncia en su contra por estos hechos.
Se llamó también a Muñoz Nanne, pero comunicó que se encontraba en una reunión.
No fue posible localizar a Brenes, pues no se registra información de contacto de él o de su esposa.
También se llamó a los contactos del abogado Rodríguez Castro pero no hubo respuesta.
Caso previo
Los hechos que preceden a esta denuncia se relacionan con una disputa judicial entre familiares de apellidos Muñoz Nanne.
Uno de estos hermanos (distinto al que presentó la denuncia contra Alfaro) fue condenado por delito de explotación patrimonial de persona adulta mayor en perjuicio de su padre. Además, afronta una causa que inició por administración fraudulenta porque, supuestamente, desviaba los fondos de la empresa para su uso personal.
Ese expediente se recalificó como lavado de dinero pues, aparentemente, también lo reinvertía en un negocio personal de importación de autos y colocaba certificados a plazo para recibir dinero por los intereses.
Precisamente, en ese proceso por administración fraudulenta y lavado de dinero es en el cual figura como coimputada la funcionaria del BCR, a quien se le señala porque al parecer colaboró con Muñoz para hacer los movimientos de ese dinero y por lo cual, a cambio, habría recibido dinero y un carro.
Estos hechos fueron denunciados por el otro hermano Muñoz Nanne, a quien ahora Alfaro señala por supuestamente dar una dádiva al fiscal.
Dall’Anese aseguró que su representada no recibió ese carro de gratis, sino que, para comprarlo, entregó otro carro y un dinero, información que es parte de su defensa.
