Carlo Díaz, fiscal general, mediante un comunicado enviado al final de la tarde de ayer se refirió a la denuncia de que en un correo electrónico gestionó la contratación dela fiscala adjunta Mora Gamboa y manifestó que “me permito reiterar que no he influido de manera indebida en sus nombramientos y que se ha respetado el procedimiento ordinario”.
Tras la divulgación ayer del mencionado correo electrónico creció la presión para que Dïaz renuncie a su cargo y Rodrigo Chaves se valió del caso para insistir en sus ataques al Poder Judicial y a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia en particular.
Desde Corte Plena mientras tanto se confirmó que ya son cinco las causas que la Inspección Judicial lleva contra Díaz y que esa misma instancia será la que resuelva una vex que concluyan esas investigaciones.
El Fiscal General por su parte ofreció la explicación de que “este año, el Ministerio Público obtuvo plazas nuevas de fiscal auxiliar, razón por la cual el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, Javier Valerio Vásquez, gestionó ante mi persona el cambio de siete de sus plazas por las nuevas, para obtener así plazas vacantes y generar estabilidad en el personal de una fiscalía clave que conoce materia sensible, por la cual no resulta conveniente que exista rotación constante de su personal, ocupando una de esas plazas la fiscala auxiliar Mora Gamboa”.
En su comunicado destacó que la gestión del correo electrónico enviado a la Unidad Administrativa en el cual se solicitó e trámite incluyó “tres plazas más de fiscalías de suma importancia, de conformidad con las prioridades de la persecución penal, como son la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, por lo que resulta evidente que no se trató de un trámite privilegiado”.
Por ello Díaz añadió que “con absoluto respeto a la institucionalidad y con transparencia, me someteré a los procesos disciplinarios ya abiertos en la Inspección Judicial y sobre los que, en su respectivo momento, le corresponderá a la Corte Plena decidir si el suscrito ha cometido o no infracción administrativa alguna”.
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