Édgar Ramírez Villalobos, fiscal adjunto primer circuito judicial zona sur, con sede en Pérez Zeledón, sumó su nombre a la lista de quienes se han manifestado por escrito ante Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, respecto a la salida de Emilia Navas como fiscala General.
Durante la sesión de este lunes de Corte Plena, se leyó el documento que Ramírez envió al Relator, en el que describe un incumplimiento de Navas en presentar su informe final de gestión, pero sobre todo denuncia situaciones sufridas que él mismo describe como “persecución” y “acoso laboral”.
En su carta, el funcionario señaló que gestión de Navas se caracterizó por “abusar de su autoridad, para perseguir, sancionar y acosar a muchos fiscales y fiscalas honestos con el interés de imponer sus criterios y personas allegadas, aunque no tuvieran el nivel competencial adecuado”.
Denunció que Navas inició en su contra una “persecución desmedida, obligándome a renunciar al iniciar su gestión en el año 2018 a la plaza de fiscal adjunto 2 (fiscal adjunto nacional) donde tuve a cargo la columna de atención de personas en condición y situación de vulnerabilidad”.
Según dijo, Navas le indicó que esa destitución se debió a la intención de que los nombramientos para ese tipo de plazas “iban en lo sucesivo a ser de confianza y no por carrera fiscal”, lo cual denunció como una “contradicción”, ya que la misma Navas había propuesto a la Corte Plena presentar un proyecto de ley de carrera fiscal, para que todos los puestos se determinaran por antecedentes y no por confianza.
“Me destituyó de forma forzada, discriminatoria y en ejercicio de acoso laboral, sin que existiera razón objetiva o válida, fuese desde el punto de vista profesional o institucional que justificara el acto, debido a que este acto administrativo fue dictado por ella de forma arbitraria”, subrayó.
Cabe recordar que fue la misma Navas fue quien el 6 de agosto se dirigió al relator García-Sayán para denunciar “represalias”, “sanciones encubiertas” y “persecución penal” por parte de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y pidió que les “aconseje” abstenerse de participar en el nombramiento de quien le sucediera en el puesto.
Esa iniciativa de la exfuncionaria ha provocado una serie de reacciones para contradecirla ante el mismo Relator, desde un grupo de fiscales y exfiscales que emitieron un pronunciamiento conjunto, hasta el magistrado presidente de la Corte, Fernando Cruz, pasando por el exfiscal General Jorge Chavarría o la exfiscala Berenice Smith.
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Ramírez apuntó que “en cuanto a supuestos ataques de magistrados y magistradas, sólo han existido en su pensamiento” y señaló que los cuestionamientos de magistrados en Corte Plena se dieron en torno al incumplimiento por parte de Navas, al acogerse a su jubilación, de cumplir con los requisitos que debe reunir ese informe final de gestión.
Según el funcionario, lo que Navas “trata de ocultar”, es “su incompetencia” al no rendir un informe final de su gestión, que según Ramírez la exfiscala trató de subsanara al presentar una rendición de cuentas respecto a los resultados de la gestión del Ministerio Público en 2020.
“Lo más grave y vergonzoso es que quiere seguirse arrogando la representación del Ministerio Público, cuando ella de forma voluntaria se acogió a su derecho de jubilación, por lo que no está legitimada para hablar en nombre de las fiscalas y fiscales que continuamos ejerciendo nuestras funciones con independencia funcional plena”, apuntó.
Denuncias
Ramírez relató además que luego de renunciar al puesto que ostentaba y regresar a su plaza en propiedad que actualmente ocupa, Navas “por una supuesta denuncia anónima me investigó y persiguió, interponiendo una queja disciplinaria como superior jerárquica en mi contra, imputándome falsamente que me ausentaba del trabajo injustificadamente, en días que ella misma me había autorizado para disfrutar de mi derecho a vacaciones”.
Añadió que fue “absuelto de toda responsabilidad por certeza por parte del tribunal disciplinario que conoció el asunto”.
Sin embargo, apuntó que Navas ordenó su traslado a la fiscalía de Heredia a partir de enero de este año, con lo que Navas “no sólo quería alejarme de mi centro de trabajo, sino de mi hogar, con el único afán de perjudicarme, desmotivarme, estresarme”.
Dijo que la decisión plasmada “en este nuevo acto administrativo ilegal subió mis niveles de estrés, lo cual afectó mi sistema inmunológico al debilitar mis defensas. Incluso esta condición médica fue determinante en mi caso, porque lamentablemente me contagié del virus covid-19 esa misma semana y ante la situación de estrés mis defensas bajas permitieron que afectara seriamente mi salud, a tal grado que 18 diciembre 2020 fu internado en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, donde los médicos tratantes decidieron trasladarme de emergencia, intubado y en estado crítico, en avioneta al hospital San Juan de Dios”.
Añadió que “las acciones desmedidas, abusivas y fuera de control de la exfiscala general Navas Aparicio llegaron a un nivel de maldad tal, que por medio de la persona que quería nombrar en mi puesto se atrevió a llamar a mi esposa” ese mismo día, “para indicarle que necesitaba que obtuviera del hospital Escalante Pradilla un documento que acreditara mi internamiento para poder sustituirme en el cargo”.
Ramírez sentenció que durante la gestión de Emilia Navas, ella “creyó que el puesto de fiscala general le otorgaba poderes absolutos, tanto así que incluso tenía sometidos a procesos penales a muchos de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema, por denuncias formuladas en su contra, en las que convenientemente nunca resolvió su situación jurídica”.
